Miradas sobre la privatización de la educación en Uruguay

CUESTIONES PRIVADAS

Obra de CAIF en Maldonado a través de PPP. Foto: CND.

El libre y gratuito acceso a la educación, uno de los grandes objetivos a nivel mundial para garantizar ese derecho a todas las personas sin distinción, está siendo cuestionado, en la medida en que crece la influencia del sector privado en la enseñanza pública. En torno a este eje gira el informe elaborado por la Internacional de la Educación y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) “La privatización educativa en América Latina: Una cartografía de políticas, tendencias y trayectoria”, publicado hace una semana.

En el informe se detalla la evolución de la privatización en los distintos países latinoamericanos, proceso que no le es ajeno a Uruguay debido a cuestiones como la implementación de participaciones público privadas (PPP), así como la difusión mediática de la supuestas ventajas de la enseñanza paga, que suman prestigio a la privatización de la educación, así lo visualizan distintos actores vinculados a la temática.

Actualmente hay “campañas y políticas” que el Estado está llevando adelante para “favorecer” al sector privado, como es el caso de la implementación de PPP en el financiamiento de centros educativos que hasta ahora eran administrados exclusivamente por el sector público, expresó la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Lilián Gilardoni, al ser consultada por SdR.

En la misma línea se manifestó Mauro Moschetti, investigador de la UAB, que participó de un estudio sobre el estado de la privatización de la educación en los distintos países de América Latina. El académico señaló que en Uruguay existe un tipo de privatización “latente”, que consiste en la implementación de mecanismos que habilitan la injerencia del sector privado en la educación pública, a pesar de que el Estado no promueve abiertamente este tipo de participaciones.

En cuanto a las PPP, Gilardoni señaló como ejemplo el caso de los CAIF, ya que los locales nuevos serán construidos bajo esa modalidad, es decir, con dineros privados. Manifestó que si bien el Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU) aseguró que las empresas solo incidirán en la construcción y el mantenimiento edilicio de los centros, el tema está siendo estudiado con mayor profundidad por el Sintep, en conjunto con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU).

A su vez, la sindicalista denunció que el discurso que es difundido a través de los medios de comunicación presenta como favorable la privatización de la educación en Uruguay, algo que a su entender es claro en el caso de experiencias como la del liceo Jubilar.

Todos estamos viendo un impulso notorio hacia los grandes logros de la enseñanza privada” afirmó, pero considera que es muy relativo ya que, los docentes son los mismos, “el Jubilar es el mismo sistema, en realidad lo que hace es vivir con los fondos del Estado”, destacó.

La investigación de Moschetti indica que, si bien históricamente en Uruguay no había mayor incidencia de los privados en la enseñanza pública, a partir de los 90 se advirtieron cambios o “giros” en la opinión pública, que introdujeron la idea de una crisis en ese modelo educativo.

Según el investigador, esta concepción fue impulsada desde “algunos discursos de prensa” y usos generales de la información como por ejemplo las evaluaciones PISA, así como por actores institucionales y de la sociedad civil.

En este sentido el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmó que, más allá de los mecanismos que ahora se imponen para favorecer la injerencia del sector privado en la educación pública,  los debates sobre la calidad de la privada frente a la estatal no son recientes, sino que en Uruguay lleva al menos 32 años de “debate ininterrumpido” sobre el tema.

Por su parte, Gilardoni cuestiona que los centros educativos privados tienen un cierto apoyo del Estado, debido a que están exonerados del pago de “todos los impuestos” ya que no pagan la contribución inmobiliaria de sus locales, las patentes de rodado de los vehículos que tienen a nombre de los colegios, ni los aportes patronales.

La sindicalista aclaró que esa exoneración, de origen constitucional, solo puede ser modificada con una reforma de la carta magna. Lo define como un “beneficio” del que gozan estas empresas y que la educación pública no tiene, ya que la carga impositiva se deduce del presupuesto en el caso de las instituciones públicas. “Es más barato poner un colegio que poner un kiosco o un almacén, porque no pagan impuestos, por eso la proliferación de colegios que hay en el país”, ironizó Gilardoni.

Alejandro Prieto