A tres meses de ocupación, los trabajadores de la Imprenta Polo siguen sin cobrar sus sueldos

LES BRINDO MI CAPITAL

Durante la movilización del 8 de marzo. Foto: Sindicato de Artes Gráficas

Hace más de tres meses que los empleados de la Imprenta Polo no reciben pago por ningún concepto, comentó a Sala de Redacción Marcelo Blanco, trabajador de la imprenta e integrante del Consejo Directivo del Sindicato de Artes Gráficas (SAG). Además agregó que la empresa no pagó el depósito de las retenciones que descontaron a los trabajadores (Anda, Cooperativa Bancaria, etc.) y tampoco las cuotas sindicales.

Blanco comentó que desde fines de marzo, por un acuerdo “arrancado” a la empresa, mas de 30 trabajadores que ocupan, fueron autorizados a usar las máquinas de la planta y controlar la producción. Las ganancias son utilizadas para cubrir gastos de la ocupación y generar algún ingreso para los trabajadores. El dirigente remarcó que están trabajando de forma autogestionada y la mayoría de los trabajos son pedidos de otros sindicatos en solidaridad con la situación.

El 15 de febrero, ante la caída de un posible inversor y la imposibilidad de mantener operativa la planta, los trabajadores se reunieron con la gerencia. “Si bajás la cortina, por lo menos tenemos que tener para cobrar los despidos”, plantearon. La respuesta fue que “no era posible porque tenían el edificio hipotecado por el HSBC y las máquinas prendadas por el Bandes”, contó Blanco.

Ante esta situación, los trabajadores decidieron ocupar y negociar una solución con la empresa. Desde entonces hubo dos instancias tripartitas, intermediadas por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

En la primera reunión, por parte de la empresa solo concurrió el abogado Mario Moll. En la segunda, que el gerente de la empresa Gabriel Velázquez reconoció a SdR como la única instancia formal, los trabajadores plantearon que utilizarían las máquinas para generar ingresos durante la ocupación, pero no se logró un acuerdo con la empresa, que solicitó el 50 por ciento de las ganancias generadas. Finalmente, el 27 de marzo se llegó a un acuerdo bipartito.

La planta de la Imprenta Polo tiene más de 80 empleados y es propiedad del empresario Pablo Scotellaro, líder del Grupo U, que está integrado por el Canal U, la mañana de CX 30, 1010 AM y los informativos Rami (Asociación de Radios del Interior). Debido a que la imprenta se encuentra en el mismo edificio que el canal y otras oficinas, la ocupación solo se desarrolla en la planta de la imprenta para evitar acciones legales por parte de la empresa, aclaró Blanco. También agregó que la ocupación la sostienen solo los empleados gráficos de la empresa, no los administrativos.

INICIO

Velázquez sostuvo que la empresa “se quedó sin capital para cubrir los gastos”. Lo mismo dijo Scotellaro en declaraciones a La Diaria, a fines del año pasado cuando señaló que una causa del cierre de la Imprenta es la deuda de 215 mil dólares que tiene La República por la impresión del periódico.

Según Blanco, el sindicato advirtió a la gerencia “que negociar con La República generaría problemas”. Por su parte, la agudización de los problemas económicos se los atribuye a la dirección. “Distribuyó los fondos de la imprenta hacia otras empresas del grupo en su intento de consolidarse como un multimedio”, lo que Blanco definió como una mala gestión porque “la imprenta tenía más trabajo a nivel local”.

SALIDA

“Hoy en día hay dos inversores muy interesados”, indicó Velázquez a Sala de Redacción, aunque prefirió no mencionar a los interesados. Blanco coincidió con el gerente en que “la solución más viable es un inversor”; sin embargo, indicó que por ahora no se ha concretado nada, y comentó que en las últimas semanas tuvieron contacto con Artigas González Samudio, el “supuesto” inversor. Según el dirigente, González Samudio anunció su intención de adquirir la empresa y explicó que las acciones estaban “trancadas” en el banco. Blanco agregó que en un principio González Samudio no se había presentado como un inversor, sino como un abogado, y en ese momento les ofreció contactarlos con Germán Cardoso, el secretario general del Partido Colorado, pero ellos se negaron.

Por otra parte, Blanco informó que los trabajadores realizaron un embargo genérico para cobrar parte de la deuda que la empresa tiene con ellos, en caso de que vaya a concurso de acreedores, “aunque primero cobren los bancos”. El otro paso es una denuncia penal por la figura de “apropiación indebida” en el caso de las retenciones no acreditadas.

El dirigente sindical afirmó que entre los trabajadores se comentó la idea de formar una cooperativa, pero que la iniciativa no era viable porque “las deudas son demasiadas” y “generar esa consciencia entre todos es complicado y lleva mucho tiempo”.

Juan Ramos