Los egresados buscan modificar el impuesto que cobra el Fondo de Solidaridad en el marco de la Rendición de Cuentas

SOLIDARIDAD CUESTIONADA

Uno de los cambios introducidos al sistema de pago. Imagen: Fondo de Solidaridad

Los egresados de la Universidad de la República plantearon cambios al Fondo de Solidaridad, en el marco de la discusión parlamentaria sobre la Rendición de Cuentas. Los profesionales afirman que se debe eliminar el Adicional del Fondo de Solidaridad que se destina a obras de la Universidad de la República, y reivindican que ese presupuesto se obtenga a través del 6 por ciento del PBI para la educación pública, que prometió el Frente Amplio en su campaña electoral y por el momento no ha concretado. En cuanto a la cantidad de años que se debe pagar al Fondo, se busca bajar el aporte de 35 a 20 años. Otro reclamo es que los egresados paguen el tributo solo si ejercen la profesión.

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República ya se había pronunciado por unanimidad sobre el tema. En su declaración del 18 de abril, la Universidad consideró que el Fondo de Solidaridad debe ser reformulado y expresa que el otorgamiento de becas de apoyo “constituye un aspecto sustancial para el objetivo de garantizar un acceso democrático a la enseñanza superior” de las que actualmente se benefician cerca de 8 mil estudiantes y se financian con lo recaudado por el Fondo de Solidaridad. El otorgamiento de becas es administrado por una Comisión Honoraria en donde la Universidad tiene un representante en un total de ocho miembros.

Además, en la declaración se subraya que la Ley de Presupuesto vigente contempló únicamente un 36 por ciento del monto incremental solicitado para el período 2016-2017, por lo que la institución atraviesa graves restricciones presupuestales. En relación al presupuesto destinado a obras se destaca que “cerca del 50 por ciento de la obras previstas por la Universidad para 2017 y 2018 son financiadas con dinero proveniente de la recaudación del Adicional”.

En relación a la forma en que se recauda esta contribución especial señala la declaración que “el actual diseño del Fondo de Solidaridad vulnera el principio de equidad… en dos sentidos, uno horizontal ya que dos profesionales con el mismo nivel de ingresos aportan una cantidad distinta al Fondo si realizaron una carrera de diferente duración y otro vertical, ya que dos profesionales con distinto nivel de ingresos aportan lo mismo si realizaron una carrera de igual duración”.

Por todo lo dicho concluye el CDC que “el Fondo de Solidaridad debe ser reformulado” y en el marco de la reformulación también debe incluirse la revisión de sus gastos de administración y funcionamiento buscando la austeridad en los mismos.

Los delegados de los egresados en el CDC fueron quienes plantearon la necesidad de la reformulación del Fondo. El reclamo se originó en anteriores modificaciones al marco legal del Fondo de Solidaridad y su Adicional, que extendió el tiempo durante el que se contribuye de 25 a 35 años, y el hecho de que se cobre por haber egresado de la Universidad de la República sin importar si se ejerce o no la profesión.

La propuesta del orden de egresados, que no fue totalmente recogida en la declaración del CDC, disponía: “en la Rendición de Cuentas del presente año la Universidad debe mantener su pedido presupuestal, acorde a los compromisos asumidos de alcanzar el 6% del PBI como gasto en educación y el 1% del PBI para Investigación y Desarrollo para el año 2020… y pedir al mismo tiempo que el Fondo de Solidaridad y el Adicional sean derogados”. Pero como “el cumplimiento de la solicitud presupuestal por parte del Parlamento es hoy una incertidumbre”, se proponía como alternativa que los pagos al Fondo de Solidaridad y al Adicional sean tomados en cuenta como pagos por el IRPF y el IASS.

Consultado por Sala de Redacción, Federico Kreimerman, delegado del orden de egresados en el CDC, manifestó que “los egresados lo primero que lograron con esta declaración fue el apoyo unánime del CDC de la Universidad, es decir, su pronunciamiento y obtuvieron el apoyo del rectorado, docentes y estudiantes, de que el Fondo de Solidaridad no puede seguir así y que merece ser estudiado y modificado”.

Kreimerman agregó que “si se cumpliera el presupuesto de la Universidad se eliminaría la inequidad y las becas podrían cumplirse. El Fondo debería ser administrado por otro sistema ya que en el diseño actual, es una estructura paralela a la DGI que hoy está costando más de 80 millones de pesos por año que podrían ser destinados a más becas. Cuando estamos dando esta batalla en ningún momento queremos afectar a los estudiantes que tienen becas. Creemos que hay una solución para que todos puedan estudiar, también aquellos que no disponen de los recursos”.

Valeria Sánchez, delegada de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en el CDC, manifestó a Sala de Redacción que comparte “la opinión de los egresados en cuanto a que es una especie de matrícula encubierta, un tributo que se puso en una situación del país muy particular que no compartimos que se haya puesto, pero que se sigue manteniendo años después cuando la coyuntura del país ha cambiado, lo que resulta inexplicable”. Agregó que “el Estado debe financiar un sistema de becas y la FEUU en defensa del mismo lo planteó y fue un gran logro de la Federación su inclusión en el pedido presupuestal que hizo la Universidad”.

Con respecto a la propuesta de los egresados indicó que la FEUU no se expidió sobre la misma y dijo que “en esta Rendición de Cuentas volveremos a defender la propuesta de becas que hizo la Universidad, es decir, un sistema de becas amplio que ayude a democratizar el acceso a la educación terciaria que hoy se ve bastante postergado”.

Bernardo Brongo