El fiscal Pablo Rivas pidió la pena de 2 años de prisión

ACUSAN A MERMOT DE APOLOGÍA DE TORTURA

 

El general Raúl Memot en el momento de ingresar al juzgado. Foto: SdR / Gastón Beltrán

El teniente general retirado Raul Mermot se presentó a declarar en el Juzgado Penal de 9º turno el miércoles 17 de mayo, luego de la denuncia hecha por diputado frenteamplista Luis Puig y Sandro Soba, por apología de torturas y amenazas a la Justicia.

Mermot declaró el 14 de abril en el acto celebrado por el “Día de los caídos en defensa de las instituciones” que durante la dictadura “no hubo tortura sino apremio físico”. También defendió al coronel retirado Rodolfo Álvarez, recientemente procesado por el delito de torturas, y apuntó contra la sentencia llevada a cabo por la Justicia diciendo que “Tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así […] un hombre que hace un acta para hacer constar lo que dice un detenido no puede ser cómplice, coautor ni nada”.

Tras la denuncia presentada el 24 de abril, la jueza penal Blanca Rieiro hizo lugar al pedido del fiscal Pablo Rivas y citó al general retirado,quien asistió junto a sus abogados Andrés Ojeda y Luis Posada. Por su parte, Puig y Soba se presentaron con el Dr. Pablo Chargoñia.

La audiencia duró una hora aproximadamente y finalizó con el pedido del fiscal de condenar al denunciado como “autor de un delito de apología de hechos pasados agravado por haberse ejecutado a través de medios de comunicación” según se detalla en el documento del juzgado. La pena solicitada es de veinticuatro meses de prisión (véase Vista fiscal).

En una parte de la declaración Mermot afirmó: “Debo decir que tengo un concepto de lo que es apremio físico o tortura, son cosas distintas a mi criterio y de ninguna manera los justifico, ni los apremios, ni tortura ni los excesos que dije que hubo de ambas partes pero no puedo precisar que tipo de excesos ni estar de acuerdo con los mismos”.

La defensa solicitó que se rehaga la acusación y se absuelva al defendido y en caso de que se efectúe el procesamiento que se disponga sin prisión. Si se dispone con prisión se pide que la misma sea domiciliaria en razón de la edad (81 años) del teniente general.

Por otra parte la fiscalía desestimó la denuncia que refería a amenazas a la Justicia: “En cuanto a la calificación de delito de amenazas dirigida a operadores judiciales y denunciantes en causas de derechos humanos por el pasado reciente, este Ministerio no comparte la fundamentación realizada por los promotores de esta denuncia”.

Gastón Beltrán