La jueza Mariana Mota no descarta que el motivo de su traslado fuera por diferencias con Huidobro por el caso Air Class

OTRO VUELO

 

Avión de Air Class. Foto: Aeroprints.com

En su momento se pensó que el traslado de la jueza Mariana Mota estaba relacionado con sus investigaciones sobre los delitos cometidos en dictadura, pero hoy existe una nueva hipótesis. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso el traslado de la jueza después de que la magistrada efectuara una intimación por el caso Air Class al entonces ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, según denunció la periodista y escritora María Urruzola en “Eleuterio Fernández Huidobro, sin remordimientos”. En entrevista con Sala de Redacción, Mota expresó que “se fueron dando varias situaciones que motivaron el traslado. Como no se me ha informado el motivo, no puedo decir que la hipótesis sobre la que trabaja Urruzola esté errada”.

Sin embargo, afirmó a SdR que “el ministro de Defensa se negó a colaborar con la investigación del caso Air Class”. Mota solicitó, en reiteradas ocasiones y sin éxito, información para la causa y para retomar la búsqueda de los restos del avión en el mar. A su vez, pidió que se incorporara al buzo profesional Hector Bado, para colaborar con la búsqueda y aportar su equipamiento técnico del que carecía la Armada uruguaya.

Fernández Huidobro finalmente envió una comunicación a la SCJ: “es competencia del Poder Ejecutivo investigar el hecho (…) este Ministerio, en el marco de sus competencias legalmente asignadas, ha entendido del caso disponer la suspensión de las tareas de búsqueda específicas en la zona misma del siniestro”. La jueza penal respondió que la investigación judicial era independiente de la que llevaba a cabo la secretaría de Estado. Mota indicó que “no podemos hablar de una presión por parte del Poder Ejecutivo hacia la Suprema Corte, podemos hablar de la persona.”

En vistas de que no se reinició la búsqueda, ni se hizo lugar al pedido judicial, Mota decidió intimar al ministro. El decreto de Mota prevía el uso de la Fuerza Pública en caso de que no se cumpliera la intimación luego de cinco días hábiles. Los jueces tienen esa facultad prevista en el Código General del Proceso Penal, donde se establece que las decisiones deben ser acatadas por todo sujeto público o privado y para garantizar su cumplimento los jueces pueden, incluso, utilizar la Fuerza Pública.

El 26 de diciembre de 2012 comenzó a correr el plazo de los cinco días concedidos por la jueza. Para esa fecha, ya había comenzado la Feria Judicial. Pasaron seis días hábiles y la SCJ comunicó a la jueza Mariana Mota, el 15 de febrero, su traslado al Juzgado Civil de 1° Turno. “Luego de mi traslado, no accedí más al expediente, pero supe que el ex ministro cumplió con la intimación, aunque el resultado final fue el archivo del caso”, explicó Mota.

EL MILITAR

Urruzola establece en el libro que Daniel González y Daniel Hernández, dueños de Air Class, son militares y podrían tener responsabilidad penal debido a las irregularidades cometidas en el mantenimiento de los aviones. A su vez,  ingresaron a la Fuerza Aérea en dictadura. Según la jueza penal se necesitaban más restos para establecer las causas del accidente aéreo, pero Fernández Huidobro no quiso colaborar con la investigación. “Tal vez porque todos los involucrados eran pilotos de la Fuerza Aérea y prácticamente compañeros de generación”, opinó Urruzola.

Fernández Huidobro ya había tenido rispideces con Mota por investigaciones de derechos humanos en las que también se oponía a colaborar si se juzgaba a militares. Cabe recordar la prohibición expresa del entonces ministro de sacar fotos dentro del Batallón N°13, del galpón llamado Infierno Grande, durante una inspección ocular que la jueza realizó en el marco de una investigación judicial por delitos de lesa humanidad.

Fernández Huidobro se autodenominaba como un “militar, irregular pero militar”. Defendió a varios torturadores y genocidas de la dictadura. Envió una carta a la jueza que procesó al militar Juan Carlos Gómez por el asesinato de Roberto Gomensoro asegurando que era inocente y expresó su preocupación de que haya militares injustamente juzgados. También calificó de “presos políticos” a los asesinos de Eugenio Berríos cuando fueron extraditados a Chile.

Votó la ley interpretativa de la ley de caducidad por disciplina partidaria, pero argumentó en contra y renunció al Senado. En su disertación en ADM, Fernández Huidobro criticó la consigna “ni olvido, ni perdón” de los familiares de las víctimas de la dictadura. A su vez, descalificó a la organización Serpaj y señaló que la información obtenida era gracias a los militares y que a los organismos de derechos humanos los financiaba el imperialismo.

Además, Fernández Huidobro accedió al pedido de conformar un nuevo Tribunal de Honor para Gilberto Vázquez, otro de los denunciados de la causa de las ex presas políticas, que falló a favor del militar retirado por “buena conducta”.

Nadia Campos