La Junta Departamental de Montevideo comenzó a discutir la regulación de los locales nocturnos

UN NUEVO INTENTO

 

Foto: SdR

En el intento de lograr una regulación de los boliches de la ciudad, la Intendencia de Montevideo (IM) envió a la Junta Departamental un nuevo proyecto de decreto que incluye horarios de cierre y límites a la capacidad de público, además de obligar que se utilicen cámaras.

El proyecto fue enviado a principios de marzo pero comenzó a ser tratado de manera formal el 3 de mayo. “Comenzamos a tratarlo con la primera presentación del proyecto y a partir de ahora tenemos una agenda de trabajo bastante intensa, donde cada miércoles vamos a recibir a dos o tres grupos entre gente vinculada a los boliches y vecinos que son afectados por el tema”, dijo a SdR la edila por el Frente Amplio (FA) Sofía Pastorino.

Con respecto a la capacidad de los locales, el proyecto prevé que aquellos que se encuentren en la categoría B1, es decir, que tengan más de 200 metros cuadrados, podrán duplicar el público, lo que equivale a cuatro personas por metro cuadrado en vez de dos, explicó el prosecretario Christian Di Candia a SdR.

El horario de cierre previsto por la normativa es a las 5 de la mañana con media hora de tolerancia, pero a partir del año que viene será a las 4, mientras que en el caso de bares, restaurantes y pubs que tengan música, deberán cerrar a las 3 de la mañana durante este 2016 y a las 2 el próximo año.

El proyecto de decreto establece que los locales de categoría B y C deben instalar cámaras de videovigilancia en todos los accesos y el plazo para cumplir con este punto será de 120 días a partir de la aprobación del proyecto. Con esta medida, el gobierno departamental pretende tener en los locales un mayor control en cuanto al cumplimiento de la capacidad y el horario de cierre, pero también evitar la discriminación. “Van a ser utilizadas como un elemento de seguridad y una prueba muy importante para regular la discriminación ya que las denuncias se están dando con mayor frecuencia”, expresó Di Candia.

Además explicó que “la privacidad se va a tener en cuenta como cualquier otro derecho. Las filmaciones van a ser utilizadas solo en esos casos, tenemos claro que existe la protección de datos”. En este sentido agregó que ya hay muchos lugares que tienen cámaras de seguridad, como las estaciones de servicio.

Ante incumplimientos, el proyecto define una multa de 20 unidades reajustables, pero también establece una clausura de siete días en caso de una segunda violación y el cierre por 30 y 180 días ante un tercer y cuarto incumplimiento, respectivamente. Si se constatan cinco infracciones en un local, el proyecto manda la clausura permanente del mismo y la revocación de todas las habilitaciones departamentales otorgadas.

El prosecretario dijo que lo que se busca es un término medio entre empresarios y vecinos. “Hay empresarios que tratan de evadir la normativa y hay vecinos que quieren cerrar Montevideo, son dos extremos”, detalló.

Consultados por el diario El País, varios vecinos manifestaron sus molestias por no haber sido invitados a la reunión realizada a mediados de marzo por la Intendencia de Montevideo con el objetivo de presentar el nuevo proyecto a los empresarios. Un grupo de 10 personas se enteraron de esta instancia y, aún sin ser convocados, decidieron asistir para plantear su punto de vista. Consultado sobre esta situación, Di Candia expresó que lo que buscaban los vecinos era un “show mediático”. “Se quería evitar problemas internos, por eso se optó por hacer una reunión cerrada con los empresarios”, agregó.

Durante el proceso de construcción del proyecto, la Defensoría del Vecino realizó una series de recomendaciones a la comuna. SdR consultó a la asistente social Elena Goiriena y a la doctora en Derecho y Ciencias Sociales Adelaida Entenza, ambas integrantes de la institución, sobre el nuevo proyecto de decreto, donde se contemplaron varias propuestas de la Defensoría.

La institución hace diez años que viene trabajando en el asunto. “El  tema de la contaminación acústica es uno de los focos que no sólo fue creciendo sino que se fue extendiendo en el territorio de Montevideo, y uno de los focos de la contaminación acústica está en los locales de esparcimiento nocturno”, dijo Goiriena.

Se comenzó a generar un fenómeno distinto que es la gente estacionada afuera, en la vereda, charlando y tomando. Para ese fenómeno la Defensoría acuñó el concepto de ruido social. El aislamiento acústico ya estaba, si esto no hubiera invadido la calle no hubiera pasado nada. Realmente el perjuicio para los vecinos es gravísimo, a nivel de salud y salud mental es muy grave”, agregó Goiriena.

 

Foto: SdR

Con respecto a la discriminación, lo que se propuso fue que las limitaciones de acceso y permanencia en un local abierto al público estuvieran sujetas a motivos de “seguridad y capacidad locativa” y que “bajo ningún concepto pudieran los titulares de un boliche, bar, restaurante o cualquier lugar de esparcimiento abierto al público limitar el ingreso en criterios que pudieran tener su base en algún motivo de discriminación”, aclaró por su parte Entenza.

De las denuncias que se reciben, aclararon que ya no se están dando a nivel individual, sino que comenzaron a recibir denuncias colectivas y públicas. “Ahora hay grupos de vecinos y vecinas que están actuando de forma más articulada y también han aumentado el número de bares y boliches”, aclaró. Además agregó que la gente que se comunica con la Defensoría para hacer denuncias “está desesperada”. Existen, por ejemplo, parejas que se divorcian, personas que alquilan y no puede rescindir el contrato, y otros que se enferman o que tienen problemas laborales.

En el nuevo proyecto también se propone instalar cámaras como herramienta de control. Respecto a si pueden atentar contra el derecho de la privacidad, Entenza dijo que este asunto “va mucho más allá de las puertas de los boliches”, porque “tenés cámaras en las puertas de las casas de cambio, en los bancos, en los shopping y en todos lados”. En este sentido destacaron que no es algo que pasa solo en nuestro país, sino que es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. “No es un antojo desde la Defensoría o de la Intendencia”, expresó Goiriena.

Aclararon, por último, que por parte de la Defensoría no tienen problemas en que existan los locales de esparcimiento nocturno porque los espacios de ocio son necesarios, pero “el tema es que tiene que funcionar de forma tal que no perjudique” y “la idea es que la gente siga saliendo”. “Conocemos la realidad, lo que buscamos es un equilibrio entre todas las personas”.

Bettina Araújo