PROBLEMAS CON LAS LEYES

Ana María Ramírez Eula, presidenta de la Asociacióbn de Escribanos del Uruguay. Foto: Unidad notarial.

La presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Ana María Ramírez Eula, enumeró a Sala de Redacción los inconvenientes y problemas que enfrentan cuando, al hacer su trabajo, los escribanos deben tener en cuenta las normas sobre lavado de activos y los requisitos que exige la inclusión financiera. En unos casos, afirma, se violan derechos humanos, y en otros, la falta de infraestructura impide cumplir con lo que dicta la ley.

-¿Está de acuerdo la AEU (Asociación de Escribanos del Uruguay) con la ley contra el lavado de activos?

-La ley viene a satisfacer un requisito que Uruguay debió cumplir a nivel internacional, pero que le ha implicado al país ir entregando prendas y prendas para dar una respuesta al GAFI (Grupo de Asociación Financiera Internacional), para dar una respuesta a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Sabemos que Uruguay enfrenta en 2018 una evaluación que van a hacer los organismos internacionales porque se piensa que alrededor de esa fecha 155 países van a tener que estar interconectados entre si; sabemos que a Uruguay le cuesta muy caro estar en una lista negra, estar en una lista gris [de paìses que no cumplen]; lo que todos queremos es estar en una lista blanca.

Uruguay está buscando eso, nosotros decimos que somos los principales defensores de salir a luchar y hacer prevención en el tema del lavado de activos. Lo que se vuelve a veces difícil son los mecanismos que se utilizan. Hay una necesidad de racionalidad y de proporcionalidad en el uso de los mecanismos  y al escribano le toca estar en una posición que muchas veces la propia población no lo entiende. El ciudadano común, si va a hacer un negocio, tiene que desnudarse ante una institución financiera, poner sobre la mesa toda su intimidad: cuánto gana, cuánto ha sido el balance, cuál ha sido el precio que hace su compraventa, de dónde viene el dinero; entonces se va poniendo de manifiesto en cada institución, ante un banco, ante un rematador, si va a una inmobiliaria lo tiene que hacer, va al escribano lo tiene que hacer y a veces el escribano se confía en ese cliente, con el que estuvo durante muchos años y lo conoce, sabe de quién se trata, y entonces, en base a esa confianza, resulta hasta incómodo para el propio escribano hacerle las preguntas al cliente.

-¿Qué tipo de preguntas se le hacen al cliente?

-De donde provienen los fondos. Lo más importante que hoy se visualiza es, si usted tiene determinado dinero ¿de dónde lo sacó?, ¿c-ómo hizo para obtener esos fondos? A veces resulta muy fácil probar el oriegn del dinero y otras veces es más difícil. En el interior la problemática es distinta en cada departamento. Hay quienes. por ejemplo, juntaron los ahorros vendiendo torta fritas, hay quienes trabajaron con determinada modalidad en zonas fronterizas, entonces, se le hace muy difícil probar los ingresos. Hay tanta modalidad y tantos problemas a nivel país… hay quienes terminan vendiendo ganado y a veces es difícil instrumentar esa venta de ganado con otras particularidades, y lo más difícil a veces,  es con personas de bajos recursos, de pequeños ingresos, que van juntando dinero por dinero, capaz en una feria o una venta irregular, que no tienen forma de demostrarlo.

-¿Esto es para cualquier tipo de compraventa sin importar el monto de la misma?

-Es verdad. Al principio se tenía un falso concepto de que podría ser para compraventas de determinado monto, ahora el tema de las diligencias va para todas las compraventas. En realidad, siempre fueron, lo que pasa es que no se tenía claro cómo debía hacerse ese tema de las diligencias y dónde estaban los limites.

-¿Los escribanos cuentan con la infraestructura para obtener las informaciones que exige la ley?

-La verdad es que no contamos con esa infraestructura, tendríamos que tener más seguridad. Algo que reivindicamos es todo lo que representa el escribano para el Estado y que a veces no se reconoce. Nosotros cumplimos una tarea social muy importante, pero el tema es si tenemos hoy la misma seguridad o podemos darle la garantía a las personas que hoy le puede dar una institución financiera cuando esa información que hoy se deposita en manos del escribano podría requerir una custodia determinada o un cuidado determinado, que a veces el escribano no tiene, y si una institución financiera con un servicio 222.

-Fuera de las cargas que esta ley le impone a los escribanos, ¿Qué cargas le generaban leyes anteriores?

-Sumamente recargados estamos. El escribano ha sido un apoyo al Estado y a través de sucesivas leyes se han venido aumentado las cargas que tiene el escribano. En una compraventa el escribano tiene que controlar la contribución inmobiliaria, los impuestos que paga el ciudadano, tiene que hacer los controles con OSE, los controles de conexión, tiene que pagar los impuestos. Se suma todo esto al control de la prevención del lavado de activos y de un tiempo a esta parte va creciendo la actividad del escribano y muchas veces llegamos hasta a descuidar los temas de fondo por esa recarga. ¿Qué ha pasado y cuál es la reivindicación de fondo en todos estos aspectos? Que nosotros no nos recibimos de contadores, nos recibimos de escribanos, que no nos recibimos de investigadores, no hicimos cursos distintos a los que fuimos preparados. A veces las cargas que se imponen al escriban, desconocen la esencia misma del escribano, nosotros conocemos el valor de lo jurídico, el valor de los contratos, si un contrato es válido, si es nulo, la capacidad, el consentimiento, la causa, y muchas veces se pierde de vista si el bien es propio, si es ganancial, se pierden de vista aspectos jurídicos, por esta cantidad de cargas que se le han puesto al escribano.

-¿Qué medidas piensan tomar los escribanos?

-Nosotros estamos realizando reuniones en el interior, estamos con todos los presidentes de las filiales estudiando iniciar una acción de inconstitucionalidad y pensamos llevar varias propuestas para la propia SENACLAFT (Secretaria Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) y dentro de las cosas que vamos a pedir es por un lado tener acceso a la base de datos de cedula de identidad, porque entendemos que es un elemento identificatorio que lo necesitamos y sabemos que se le concede a otras instituciones. Por otro lado, queremos llevar el pedido de que se informe a la población así como se informa a través de las promociones de IMPO (Impresiones Publicas Oficiales), que se le de a conocer al ciudadano que estas leyes existen y que cuando esté frente a un escribano es licito que el escribano le solicite todo ese tipo de elementos: recibo de sueldo, ingresos, que no se sienta que estamos cometiendo algo que va contra la ley sino que es algo impuesto por la ley, incluso que sepa el ciudadano que si nos brinda esa información a nosotros, nosotros también estamos obligados a reportarlo.

-¿Esta ley viola los Derechos Humanos?

-Desde el principio hemos dicho que se violan los Derechos Humanos. Muchas veces no se reconoce, es algo que empezó hace mucho tiempo y le decíamos al notariado internacional es que si hay una profesión que debe hablar de los DDHH y protegerlos es la del notario público, por la situación de imparcialidad. Hay una intimidad que se ve violada, hay una intimidad que va a perderse a través de todas las leyes que se vienen sumando.

-¿De qué año es la ley?

-La ley está vigente en Uruguay desde el año 2009; el problema es que la ley no llegó a instrumentarse y los controles no se realizaron. Al principio era la Auditoria [General de la Nación] la encargada de hacer todos los controles; a partir del año 2016 la Secretaria [Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo] toma todo lo que es la instrumentación.

-¿El trabajo que tienen que hacer los escribanos es retroactivo?

-Los escribanos tienen que conservar la documentación por cinco años. Los escribanos estuvieron siendo controlados y fiscalizados la semana pasada en el departamento de Maldonado; pensamos que los controles con respecto a la ley en cuanto a los escribanos se van a hacer en todo el país. Lo que hoy está pasando es que los inspectores están llegando al estudio de los escribanos y están pidiendo el control por un año completo.

Con respecto al control de cinco años que se realizó el año pasado, uno de los argumentos que manejamos frente a la propia SENACLAFT, para defender el trabajo de los escribanos, era que no se podía salir a controlar escribanos con parámetros que se crearon en 2016 para controlaros cinco años hacia atrás. No se puede crear un mecanismo, un protocolo determinado en 2016 y controlar las escrituras retroactivamente. Eso no se puede hacer, no es de orden, afecta incluso los derehos humanos y al propio trabajo de los escribanos. Lo que decimos es que los escribanos cumplieron con la ley; a su manera, desde el año 2009 los escribanos lo están haciendo de la forma que creían que debía controlarse el tema de la prevención del lavado de activos. Que hoy existan parámetros nuevos, que hoy estén surgiendo criterios nuevos, bueno, el nuevo control debe ser aplicado desde que se crea la norma hacia adelante. Hay un principio en Uruguay que habla de irretroactividad de la ley.

-Si en una escritura realizada con anterioridad no se preguntó la información que se requiere hoy,  ¿hay que conseguirla ahora?

-Hay sanciones controlando cinco años para atrás que pueden recaer sobre el escribano, sanciones que pueden ser desde el apercibimiento hasta las multas, y  las multas llegan a ser confiscatorias. Como estudiante de derecho muchas tomé conocimiento de la muerte civil, la persona puede llegar a tener una muerte civil, en la medida en que llega a tener una deuda que se le hace impagable. Un escribano que mañana pudiera ser multado con este tema podría generar una deuda frente al Estado que le haría imposible hasta para ejercer su propia profesión.

-En elcaso de una escritura hecha hace años que no tenga un determinado dato, ¿cuál sería la forma de solucionarlo?

-Hay elementos que debieron ser controlados en su momento: por ejemplo, uno de los requisitos necesarios cuando se controla la escritura es consultar listas que tiene el Banco Central. Hoy, si me llega la SENACLAFT y me viene a inspeccionar, no podría salir a buscar esa lista, porque éstas salen con una fecha determinada y tienen un componente subjetivo, porque van cambiando en cuanto al orden, o sea, que no podría cumplir lo que no hice con anterioridad.

-Mas allá de la Ley de Control Y Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento del Terrorismo ¿existen también problemas con la Ley de Inclusión Financiera?

-También hay problemas con la Ley de Inclusión Financiera. Estamos pidiendo una prorroga con varias instituciones, no solo la AEU sino distintas cámaras como la cámara inmobiliaria, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción en Uruguay, varias instituciones estamos interiorizadas en la ley, sabemos el problema que acarrea y lo que hemos visto es que se ha creado una ley y no se ha consultado a los principales actores; ASCOMA (Asociación de Concesionarios y Marcas Automotores) debió ser consultada, los escribanos debieron ser consultados para estar en el detalle de la ley. Hoy vemos que es inviable poner en práctica la ley desde el 1º de Julio porque estamos viendo graves problemas en el interior. La semana pasada, por ejemplo, en Canelones el BROU (Banco de la República Oriental del Uruguay) no tenía sobres de depósito; entonces tengo que utilizar otro medio de pago por el tema de la inclusión financiera, pero las instituciones cierran a la hora 19. Entonces, si las escrituras por lo general se firman a la hora 20, ¿de qué manera hago el pago que se tiene que hacer para poder cumplir con la ley?

Sabemos que, en determinadas zonas del interior, específicamente en Cerro Largo, varios productores rurales esperan a que pase el ómnibus y los mismos trabajadores rurales le dan la tarjeta de cobro a quien pasa con el ómnibus, le dan el PIN, una persona hace la tarea de tomar el dinero electrónico y al regreso del ómnibus entrega esa tarjeta al trabajador rural con el importe que se extrajo del banco.

En Artigas por ejemplo las colas son muy importantes y se le ha preguntado a la gerencia de los bancos si se piensa establecer más cajeros; dijeron que hasta 2019 no van a establecer más cajeros. Cuando nosotros trabajamos con sociedades comerciales extranjeras -y mismo con personas que hacen compraventas de inmuebles o negocios con Uruguay, el caso de los brasileños, por ejemplo el documento de identificación tiene doce dígitos, nosotros tenemos ocho, si quiere depositar dinero en el banco, no puede porque los dígitos no le dan, entonces ni siquiera tenemos la instrumentación básica para que eso suceda. En Treinta y Tres, por ejemplo, el BROU estaba dando 40 números diarios, porque las colas también se han extendido para poder sacar tarjetas, para  dar cumplimiento a la ley. Entonces vemos que hay una incertidumbre, y,  más que de inclusión financiera podemos hablar hasta de una exclusión financiera.

-¿Al escribano lo complica a la hora de cobrar su trabajo?

-Al escribano se le complica con todas estas vicisitudes. El tema de las automotoras es un grave problema. Con los límites que tiene la ley, hay automotores que, por el monto, se requiere hacer la transacción con  mecanismos electrónicos, pero las personas a veces no tienen cuentas bancarias;cuando se trata de condóminos es necesario también que se haga apertura de cuentas y tampoco está preparado el sistema. O sea que es una ley que requiere una estructura, y en realidad hoy  el país no la tiene.

Santiago Carbone