Trabajadores zafrales de Caputto denuncian represión sindical

LAS ZAFRAS SON CORTAS, Y EL AÑO NO

Trabajadores de Belén / Foto: Verónica Pellejero

Son las seis de la mañana y aún es de noche. En la terminal de la Ciudad de Salto me esperan Pablo y “Moreira”, ambos representantes de la departamental del PIT-CNT, Miriam, presidenta de Citricultores rurales, y Valeria y Roberto, representantes del Sindicato de Trabajadores de Noridel. Ambos gremios integran la Coordinadora del Citrus, formada en 2015 “con tremenda mano de Oscar Andrade en su rol parlamentario”, según me comentan. Todo el camino me llamará la atención cómo en Montevideo la dirigencia sindical o quienes adoptan más visibilidad son los hombres, y yo estoy viajando con dos mujeres representantes sindicales rurales.

Nos dirigimos a Belén, pasando Villa Constitución. El pueblito más al norte del Río Uruguay en Salto, donde desemboca el Arapey, aquel pueblo que desapareció bajo el agua con la construcción de la represa de Salto Grande y fue reubicado. Allí viven 2.000 personas. Antes existía “El Espinillar”, un complejo estatal agroindustrial de caña de azúcar que trajo bonanza y prosperidad a la ciudad y fue orgullo nacional. Pero en 1994 el gobierno de Luis Alberto Lacalle decidió cerrarlo, y desde entonces ha disminuido la población y ha aumentado el descreímiento en que el Estado vaya a hacerse cargo de las fuentes de trabajo que se perdieron. Los más jóvenes han migrado y quienes allí aún habitan, viven principalmente del trabajo zafral citrícola, de los arándanos y del arroz.

El Norteño avanza y comienza a aclarar. Una nube de forma inexplicable atraviesa el cielo -podría asemejarse a una lanza o una bayoneta- y tiñe el cielo de un punzó y naranja que se refleja en el agua estancada por la lluvia, en la inmensidad verde. El pasto brillante y tierno, empapado de rocío, se extiende infinito en llanuras y lomadas penetrando en mis ojos capitalinos, acostumbrados al peso del cemento.

A cada rato paso la mano ansiosa en el vidrio empañado de la ventanilla: no quiero perderme el contraste sin igual de ese verde de la primera mañana con el cielo sanguinolento del norte del país, que poco a poco va dejando salir el sol. En el ómnibus, Pablo me cuenta que trabajó en la naranja cuando joven. Cargaban cuatro cajones, unos cien kilos de fruta. Las escaleras estaban hechas con palos, y no daban guantes.

Dice que empezó a trabajar en el mes de julio con unas heladas que calaban en los huesos y para peor los limoneros tenían unas espinas espantosas. Así fue que, para amainar el sufrimiento del trabajo, lo primero que compró con el primer pago fue unos guantes.

El año pasado los cosecheros de Belén reclamaron el pago de una liquidación mal hecha de la zafra, de mil a ocho mil pesos por trabajador, algo así como 200 mil pesos en total. Luego, la empresa los cortó. Planteó que no había más trabajo y se acabó.

Sin embargo, los lugareños ven que hay trabajo, pero en vez de llamarlos a ellos, traen gente de Villa Constitución o Ciudad de Salto a cosechar los campos (sale más barato y evitan los problemas que genera la organización sindical para sus intereses capitalistas), mientras que las seis cuadrillas que salían de Belén se redujeron a dos. Unos 100 trabajadores quedaron sin empleo. Eso fue en noviembre, desde entonces no han tenido noticias.

“EL PRIMERO QUE COMPLIQUE SE VA PARA AFUERA”

Llegamos al gimnasio del pueblo, donde se hará la asamblea. Allí nos encontramos con varios trabajadores afectados por la situación, algunos vecinos, representantes sindicales y autoridades locales y nacionales. A pesar de las dificultades, los trabajadores rurales generan, desde hace unos años y luego de varios ensayos, fuertes organizaciones sindicales. Al norte de Salto los trabajadores zafrales se nuclearon en el Sindicato Único de Cosecheros de Belén, Salto y Constitución (SUBELSUCO).

Juliana, que da de mamar a su niña, y Belén, de 19 años, no tienen trabajo desde el año pasado. La suegra de Belén, Catalina, fue por su hijo, que se encuentra en la misma situación y no pudo asistir a la reunión porque le salió una “changa de juntar leña y se fue”. Estas mujeres solo son una muestra de la situación que viven decenas de familias, desde el mes de noviembre de 2016, por culpa de la prepotencia patronal.

Me dijo que no podía estar en caja por el artículo 80. Cuando le pregunté cuál era el artículo 80 no me supo contestar”, cuenta José, de veintisiete años de edad y 11 de trabajo en las cosechas, hasta noviembre del año pasado, cuando se quedó sin trabajo. Es además representante del SUBELSUCO.

A Felipe, de 37 años, cuando empezó este año el contratista le dijo que el primero que complicara se iba para afuera. Pero las amenazas patronales no los amedrentan en su lucha por trabajo, salario digno y estabilidad laboral. Dicen que ahora que están organizados han conquistando derechos, que van a lograr que el sindicato sea el que elabore una lista de las personas que van a entrar a trabajar y que la empresa deberá cumplir.

NOTICIAS DE AYER

Pablo lee el acta al intendente del Frente Amplio Andrés Lima y a la diputada del mismo partido Catalina Correa, la única asistente de las tres legisladoras que fueron convocadas. Está jugando Uruguay y Pablo agradece la buena disposición a resolver el problema, tanto de parte de las autoridades como de los afectados. “No esperábamos menos de una fuerza progresista”, acota.

Hay una necesidad urgente de dar soluciones. Nos dicen que la fruta no ha madurado, que no tienen mercado sostenido para meter el producto. Pero somos conscientes de que acá hay una represión brutal solapada, sindical y social. Esto tiene que ver también con que la empresa Caputto ha generado una dinastía donde familias enteras, de los abuelos hasta los nietos, han trabajado para ellos, que en definitiva han sido sostén de su fortuna”, señala.

Luego, dice: “poco a poco los trabajadores hemos dejado de ser rehenes de sus intereses. Salto tiene la particularidad de ser una de las localidades con la riqueza más concentrada, pero con los más altos niveles de informalidad laboral”.

El intendente, de jeans, championes y remera con escote en v, no podría estar más vestido de domingo. Mayormente escucha, e interviene poco. “¿Por qué creen que es una represalia?”, inquiere. Pablo toma la palabra y explica la obviedad: “Luego de que reclamaron la liquidación mal paga el año pasado, no los han vuelto a tomar. Ni a aquellos que reclamaron ni a los que cobraron, y sin embargo contratan trabajadores de otras ciudades mientras que aquí nos dicen que no hay trabajo. En este preciso momento mientras nosotros estamos aquí reunidos, la empresa se encuentra trabajando”.

Lima consulta con su asesora y sugiere: “podemos hacer dos gestiones, una con la empresa, más allá de las que haya a nivel del Ministerio de Trabajo (y Seguridad Social). Y después, pensando en el tema de fondo, en las fuentes laborales de Belén, vamos a generar una instancia, pero pongámosle una fecha hoy”. Un vecino comentará a las risas cuando termine la reunión: “mirá si Caputto le va a hacer caso al intendente”.

En ocasión de la construcción de una ruta, la diputada Correa llamó a los delegados del PIT-CNT, pero no se pudo comunicar y solo tuvo la visión de la empresa. Pasando ese recibo comienza su intervención. Avergonzados, algunos miran al suelo aceptando el reclamo de esa ex maestra, que los reta como a unos niños. “Vinimos al obrador, hablamos con el encargado para ver qué fue lo que había pasado y nos dieron explicaciones de la empresa, y luego nos quisimos reunir con ustedes para ver las dos partes, y ustedes o estaban en una reunión o no sé qué y no nos contestaron, así que les ruego que estemos más comunicados. Y vamos a hablar con Caputto para que sepan que tienen nuestro apoyo. Aquí claramente se está violando la ley de mano de obra local”, afirma.

La ley a la que hace referencia la diputada enuncia en su segundo artículo que la finalidad que persigue “es satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente, peones prácticos y/o obreros no especializados, que el Estado o las empresas que éste contrate o subcontrate, puedan requerir por un mínimo de siete jornadas de trabajo efectivo en la ejecución de las obras públicas, cuando su personal permanente sea insuficiente”. Además, el octavo artículo establece que “el 60 por ciento de los cargos corresponderá a los inscriptos en el registro de aspirantes avecindados en el departamento”. En este sentido, la empresa además de estar cometiendo un acto de represión sindical, parece creer que está por encima de la ley.

EPÍLOGO

Carlos Cano fue trabajador del metal, militante de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA). Vivió en Montevideo hasta que hace dos años le dijeron que tenía que bajar un cambio o se iba a morir, y se vino a vivir a un pueblo por el que pasaba seguido a visitar a un amigo que conoció en la cárcel, en dictadura.

Ahora ayuda a los pobladores a que se organicen: “a dos meses de comenzada la cosecha siguen trabajando solamente dos cuadrillas de las seis que trabajaban en Belén. Esas cuadrillas que faltan son familias enteras, el tema es que no se pierda la fuente de trabajo. Las leyes están del lado de los patrones esté el gobierno que esté, a no ser contadas excepciones, conquistadas con muchos años de lucha”. “Si tenemos una buena organización sindical, no es fácil que los patrones hagan las barbaridades que hacen con la gente. Hay que lograr regularizar el trabajo zafral. Queremos pedirle a las legisladoras (que de las tres que convocamos, vino solo una) que traten ese tema más allá de esta situación concreta”, agrega.

Todas las partes acuerdan que volverán el viernes para sintetizar lo pautado y para encontrar una solución definitiva. Camino por el pueblo un rato y hallo en la plaza del pueblo una estatua de Artigas. Con el rostro adusto mira hacia el Norte, de espaldas a Montevideo, quizás reprochándole su costumbre de mirarse el ombligo, indiferente al medio rural y sus problemas.

Verónica Pellejero