Media sanción para derogar el delito de abuso de funciones públicas en casos no previstos por la ley

NO ES DELITO

 

Cámara de Senadores / Foto: Presidencia de la República

Con 16 votos contra 15 la Cámara de Senadores votó a favor del proyecto de ley que prevé anular el artículo 162º del Código Penal que establece el delito de abuso de funciones para casos no previstos por la ley. El proyecto de ley fue presentado en abril de este año por senadores del Frente Amplio y tratado de manera inmediata en Comisión de Constitución y Legislación.

La derogación de este artículo supondría exonerar causas abiertas del ámbito penal como las investigaciones sobre ANCAP,  las denuncias anunciadas sobre el FONDES y sobre la gestión de Aires Frescos S.A. Dada la retroactividad de de la ley, también quedarían sin efecto  aquellos que hayan sido previamente procesados  por este tema, tal es el caso del exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y del expresidente del Banco República, Fernando Calloia, por el “Caso Pluna”.

Se trata de un proyecto que en el 2007 fue propuesto por el ex presidente colorado, Julio María Sanguinetti, y rechazado por sectores del Frente Amplio que en el día de ayer lo votaron. Tal es el caso del senador frenteamplista Rafael Michelini quien, consultado por SdR, argumentó estar a favor de la derogación porque “toda la cátedra dice que hay que derogarlo”. Además, consideró innecesario crear nuevas figuras delictivas.

Respecto a su cambio de opinión sobre la derogación del artículo afirmó: “en el 2007 pensé que no era la oportunidad y Julio María Sanguinetti me dijo que nunca iba a haber una oportunidad. Pasaron diez años y nunca hubo oportunidad. Estoy en deuda y lo dije, me equivoqué”.

En cuanto a la oposición, Pablo Mieres, el senador del Partido Independiente, dijo a SdR que le parece “grave” la derogación de uno de los delitos que castiga a los jerarcas públicos.“Hoy la ciudadanía está enojada con la política y este tipo de pasos son los que aumentan la desconfianza. Yo no estoy dispuesto a dar la sensación de que lo que queremos es salvar a los políticos”. Por su parte, el senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber sostuvo, según la versión taquigráfica de la Comisión de Constitución y Legislación, que lo que no se quiere desde su partido es dar a la opinión pública la impresión de que la ley tiene “nombre y apellido”.

El artículo en discusión deja en manos de la jurisprudencia el destino de varias penas sin un marco legal específico. Según  la versión taquigráfica que fue enviada a SdR del día 25 de abril en la comisión, el Doctor Germán Aller, catedrático del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, señaló que el abuso de funciones públicas es insignificante en materia penal, más allá que en el plano administrativo pueda ser grave. Establecer como delito algo que no está establecido en una ley como tal, supone una falta al principio de legalidad y especificidad del Derecho.

En este punto Mieres manifestó su desacuerdo con no tratar como delito al abuso de funciones ya que “si con ese abuso de poder generás damnificados, si favoreces a unos y perjudicas a otros, porque tomás una decisión que deja de lado el derecho de unos en función de tu jerarquía ¿eso no es delictivo? Aunque el tipo no se meta nada en el bolsillo, perjudica al interés general, al país, y a terceros que podrían haber competido por ese contrato”. El senador manifestó que en todo caso lo conveniente es modificar este artículo en consonancia con una reforma del Código Penal. A su vez, afirmó que se deben crear nuevas figuras delictivas más específicas como el enriquecimiento ilícito de jerarcas.

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry anunció que, en el caso de concretarse la derogación, va  a comenzar una campaña para juntar firmas para llamar a un referéndum. “El pueblo no es tonto y sabe que esto es para salvar a los amigos. Esto sí que es un mensaje”, aseguró durante la sesión parlamentaria.

Bordaberry generó sorpresa cuando señaló que uno de los catedráticos que había asesorado a la Comisión de Constitución y Legislación era abogado de Fernando Lorenzo. Ante la ausencia de fiscales, que son los que acusan y aplican el delito, “nos trajeron a opinar al abogado del que enfrenta la sentencia, que vino como experto y no aclaró quién era”, apuntó el senador.

Resta ahora que el proyecto sea tratado en la Cámara de Representantes donde no contaría con los votos necesarios para su aprobación ya que el Partido de la Gente, el Partido Independiente, el legislador independiente Gonzalo Mujica, y Eduardo Rubio de Unidad Popular se expresaron en su contra.

Stephanie Galliazzi