Sólo en junio se retiraron 16 mil pensiones a la invalidez en Argentina

SE ACABÓ LO QUE SE DABA

Durante la protesta en Buenos Aires, el 15 de junio. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) argentino aplicó un decreto del año 1997 y retiró 160 mil pensiones a beneficiarios por invalidez laboral y vejez entre el año 2016 y lo que va de 2017. Para recibir la pensión, determina el decreto de los años de Menem, las personas deben tener 76 por ciento de invalidez laboral (según los estudios técnicos que determinan los grados de incapacidad). La pensión equivale a un monto de entre 250 y 450 dólares y los usuarios deben demostrar que están en situación de vulnerabilidad. En Argentina la canasta básica de alimentos promedia los 750 dólares para una familia de cuatro personas y según las estadísticas oficiales percibir un ingreso menor es estar bajo la línea de pobreza.*

El decreto aplicado por el gobierno de Mauricio Macri exige “el peticionante ni su cónyuge” estén amparados “por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna”. Fue de esa manera que se eliminaron algunas de las pensiones, porque alguien en la familia del pensionado era jubilado. “No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”, versa otro inciso del decreto, y fue así que, amparándose en esa reglamentación, el gobierno eliminó pensiones a discapacitados cuya familia poseía un auto o tenía como ingresos mensuales unos 1.500 dólares, sin importar la cantidad de personas que formaran el núcleo familiar. En junio fueron 16 mil las pensiones retiradas, y como en los casos anteriores, no hubo aviso previo ni derecho a ejercer el recurso administrativo que prevé la ley para estos casos.

La titular del MDS, Carolina Stanley, se defendió públicamente y declaró que la medida no es masiva. Señaló también que durante el año 2015, mientras gobernaba Cristina Fernández, se retiraron 168 mil pensiones, utilizando la misma metodología que se está usando ahora. Defendió la decisión y señaló que muchas pensiones fueron otorgadas durante el período de gobierno de Cristina Fernández como forma de “captar votos“, y denunció que “se otorgaron pensiones en locales partidarios”. Hay municipios con el 38 por ciento del padrón electoral pensionado por invalidez, agregó.
Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, declaró al diario El Clarín que “una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión, puede trabajar, si lo desea”, aunque según las estadísticas oficiales, en Argentina la desocupación alcanza el 9 por ciento y recientemente UNICEF advirtió que la mitad de los niños y adolescentes del país vive en la pobreza.

Las respuestas no se han hecho esperar y la Comisión de Discapacidad de diputados realizó una denuncia frente a Naciones Unidas. La vicepresidenta de la comisión, Gabriela Troiano, declaró a Página 12 que el decreto perdió vigencia cuando Argentina suscribió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y la elevó a rango constitucional por medio de la Ley 27.044.

Desde entonces la legislación está amparada por la Constitución e implica, según Troiano, que las personas con discapacidad “son sujetos de derecho y no de asistencialismo”, por esta razón “no pueden tomarse criterios como el ingreso mensual o si posee o no un auto”. Explicó que a una persona con discapacidad que no tiene una casa propia “no le alcanza con un ingreso mensual”, y que un automóvil para una persona con discapacidad “no es un lujo sino una necesidad”. Para Troiano, que un familiar tenga un trabajo en blanco “no es suficiente”, ya que las personas con discapacidad necesitan un respaldo porque deben enfrentar grandes gastos. Por esta razón la diputada entiende que el gobierno incurrió en una irregularidad jurídica, ya que una ley constitucional estaría por encima del decreto al que se apeló para eliminar las pensiones.

P0ara protestar contra la decisión del gobierno, una multitud se reunió en el Obelisco de Buenos aires y otras en distintas ciudades del país. A esto se sumó un recurso de amparo colectivo presentado por damnificados por el decreto en Viedma, Río Negro.

La ministra señaló en un comunicado oficial que la oposición está haciendo uso político del retiro de pensiones, intentando generar pánico en la población, situación que, según Stanley, es completamente injustificada. Frente a la ola de protestas y llamadas al MDS la cartera admitió mediante comunicado público que pudo cometer algunos errores y dijo estar dispuesto a retractarse en caso de que se hubiera equivocado.

También negó que este recorte en las pensiones tenga relación con la meta de no superar el 4,2 por ciento del déficit fiscal en el año 2017,  acusación que realizó el diputado nacional y candidato a senador del Frente de Izquierda, Nestor Pitrola, en la Comisión de Previsión del Congreso. El 28 de junio la ministra deberá comparecer en el Congreso para explicar la decisión.

Un caso que generó impacto en la opinión pública es el de Yanina Martínez, la deportista que obtuvo una medalla de oro en los juegos paralímpicos de Río de Janeiro, a quien retiraron su pensión porque recibe ingresos de unos 250 dólares por medio de un auspiciante. La ministra reconoció el error en este caso y prometió que se enmendaría en agosto, retroactivo a mayo, pero según Página 12 los errores en este tema se corrigen después de 6 meses.

Soledad Cavada

*Informe Indec Argentina