El gobierno da la primera señal para poner en marcha la institucionalidad creada por la ley de medios

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Foto: Prensa Parlamento

El estancamiento en la democratización de la comunicación, por ejemplo en la producción de contenidos de calidad, plurales e inclusivos y en la regulación pública de los medios, es una de las principales consecuencias de la falta de aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en diciembre de 2014. Sin embargo, el gobierno empieza a dar señales de avance, y recientemente convocó a las organizaciones de la sociedad civil para que designen sus representantes en la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), parte de la nueva institucionalidad que fue creada por la ley.

Hasta este momento, la norma no había sido reglamentada ni se habían conformado los dos organismos fundamentales para su funcionamiento, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) y la CHASCA. Con el llamado a la conformación de esta última, el Poder Ejecutivo dio un paso adelante, y la pelota queda en la cancha del Parlamento y de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que deben integrar el CCA y una defensoría de las audiencias, respectivamente. Además, el Poder Ejecutivo debe nombrar al presidente del CCA.

A principios de junio, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), organismo que quedó encargado del cumplimiento de la LSCA hasta la puesta en marcha de la nueva institucionalidad, había convocado a una reunión para reactivar la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), que había quedado paralizada luego de la aprobación de la Ley. Esta comisión se encargaba de evaluar la adjudicación de señales de radios comerciales, pero no de las comunitarias.

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), integrada por organizaciones de la sociedad civil y la Universidad de la República (Udelar), acordó antes de la reunión hacer un compás de espera, ya que el gobierno se había comprometido a destrabar la reglamentación de la LSCA a la brevedad”, comentó a SdR Gabriel Kaplún, docente e investigador de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar e integrante de la Coalición.

El 26 de mayo en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Buenos Aires, la coalición había instado al gobierno, representado en esa instancia por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la URSEC, a reglamentar de una vez la ley. Si bien en ese momento el gobierno se comprometió a hacerlo, no había precisado fechas.

Se consideraba que era oportuno que se conformara de una vez la CHASCA. El no comparecer al llamado para volver a poner en marcha la CHAI provocó que no hubiera quórum para su conformación. En cierta manera, esto presionó al gobierno para crear por fin la CHASCA”, explicó Kaplún.

El viernes 23 de junio, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) del MIEM envió una nota a distintas organizaciones sociales para que comiencen a nombrar “a la brevedad posible” a sus representantes para integrar la CHASCA.

Aun así, queda un largo camino por recorrer. Por un lado, deberá transcurrir el tiempo que conlleva que cada organización presente a sus representantes para la Comisión, lo que para Kaplún puede llevar al menos un par de meses, tomando como referencia el tiempo que tardó en conformarse la antigua CHAI.

También falta que el Poder Ejecutivo designe al presidente del CCA, y que el Parlamento nombre a los cuatro representantes restantes para que lo integren. “A su vez, a la INDDHH le tocan tres artículos de la ley, si bien es poca tarea, aún no los ha puesto en marcha.”, comentó Kaplún.

Por el momento, un avance en la implementación de la ley no es una posibilidad que se maneje en el Parlamento. “Nosotros votamos en contra de la ley, y por lo que sabemos, no se ha conformado ninguna comisión hasta el momento”, explicó a SdR Álvaro Delgado, senador por el Partido Nacional (PN). En tanto, Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular, opinó que “los cambios que plantea la ley son tibios y no apuntan a terminar con el oligopolio de los medios privados en el Uruguay”.

Lentos avances

La población uruguaya parece no ser consciente de su derecho a la comunicación y la información, y por ello no existe una demanda social, como sí ocurre con otros derechos. Paula Baleato, socióloga e integrante de la Agencia de Comunicación para la infancia y la adolescencia Voz y Vos, entiende que esto se da debido a que en Uruguay “no se visualiza que los medios de comunicación se han mercantilizado y no está interiorizado que son parte de la producción cultural”. “No hay tradición, ni en Uruguay ni en la región, de una regulación democrática de los medios de comunicación; de tener como en Europa una televisión pública de calidad. Por otro lado, a los medios locales no les interesa dar luz sobre el tema porque los involucra directamente y va en contra de sus intereses”, concluyó.

Al igual que Kaplún, Baleato integra la CCD, que ha seguido muy de cerca el proceso de creación y aplicación de la LSCA. Este conglomerado de organizaciones tiene previsto reunirse con las autoridades de la INDDHH antes de que cambien los integrantes de su directorio. El objetivo del encuentro será saber en qué situación está el cumplimiento de las tareas que el organismo tiene pendientes, como implementar el Plan Nacional de Educación para los Medios y la creación de la Defensoría de las Audiencias o del Público. “Estamos atentos a ver si hay avances o no, tratando de poner el tema en agenda para que no se pierda”, puntualizó Baleato.

La falta de presión social llevó al gobierno hasta ahora a priorizar temas considerados más apremiantes para la sociedad, dejando de lado la LSCA. A tal punto que se aplicó en casos muy puntuales, utilizando las potestades de la URSEC a falta de la creación del CCA. La conformación de radios comunitarias está casi paralizada ya que al aprobarse la ley, se derogó el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Con la inminente conformación de la CHASCA, se espera que se pueda destrabar esta parálisis.

El contenido

La LSCA garantiza diversos derechos que involucran tanto a los trabajadores de los medios de comunicación como a los espectadores. Entre ellos se puede destacar el derecho a la libertad de expresión, que va más allá de poder transmitir lo que los medios quieren, ya que contempla el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y diversa. “La ley garantiza una regulación estatal de la libertad de expresión de todas las personas y a obtener diversidad y pluralidad. Cuando hay concentración de medios, producciones de poca calidad, cuando hay sectores de la sociedad invisibilizados y no hay una regulación desde la perspectiva de lo público, entonces queda afectada la libertad de los ciudadanos, porque hay menos chances de acceder a contenidos diversos, a temas que no necesariamente están en la agenda”, señaló Baleato.

Asimismo, la ley reconoce a la comunicación como un bien cultural y no uno exclusivamente comercial, mientras que “modifica el vínculo entre el individuo y el medio de comunicación, no ya como mero consumidor. También reconoce derechos a las personas con discapacidad a acceder a información, hasta ahora muy limitados”, explicó la socióloga, y concluyó que “además es importante porque recoge los estándares internacionales de derechos humanos, reconociendo a la comunicación como un derecho humano y la obligación del Estado de garantizar la libertad de expresión”.

Los dos organismos cuya conformación está pendiente son trascendentales para la entrada en vigencia de la norma. Mientras que el CCA es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley, la CHASCA debe asesorarlo en su reglamentación, y proceder a otorgar autorizaciones y licencias de nuevas señales de radio y televisión.

Se está aguardando que el Poder Ejecutivo reglamente la ley para que se conforme la comisión parlamentaria que estará compuesta por integrantes de todos los partidos políticos” y que deberá nombrar a cuatro de los cinco integrantes del CCA, explicó a SdR el diputado frenteamplista Carlos Varela. “En esta comisión se debatirá sobre los candidatos que conformarán el CCA. Además, [la comisión] abrirá una consulta pública para que tanto ciudadanos como organizaciones sociales puedan brindar propuestas u opiniones sobre los candidatos. Llegado a este punto, la comisión elevará a la Asamblea General la propuesta de sus candidatos y será función de ésta aprobarlos”, detalló.

La LSCA fue promulgada en diciembre de 2014 sólo con los votos del Frente Amplio y bajo amenaza de la oposición de tumbarla por inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales algunos incisos de 5 artículos de los 202 que componen la ley, pero ninguno de estos afecta su funcionamiento. En su momento, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo que para relgamentar la noram esperaría a que el máximo organismo del Poder Judicial se expidiera sobre los recursos interpuestos principalmente por empresas y gremiales de medios.

Daniel Rodrigues / Álvaro Delgado Vivas