Nueva vuelta de tuerca del Ejecutivo para no pagar deudas

ESTÁ OCUPADO

 

Movilización de los judiciales. Foto: Pablo Elizalde

Los funcionarios  judiciales ocuparon el lunes 26 de junio el juzgado penal  de la calle Juan Carlos Gómez ,en reclamo de los derechos de los trabajadores judiciales. Este conflicto,  que lleva seis años en espera de resolución, exige que se cumpla con el fallo judicial que reconoce la falta de una adecuación salarial desde 2012. Esa deuda acumulada asciende a unos 40 millones de dólares.

Elba Rama, perteneciente  a la Asociación  de Funcionarios Judiciales del Uruguay  (AFJU) explicó  a Sala de Redacción que “la ocupación se da en el marco del conflicto  por la adecuación salarial y la deuda que se produjo desde 2012”. El año pasado se dictó la sentencia definitiva que les reconoce a los funcionarios judiciales el derecho a reclamar ese pago.

Sin embargo, la ley de presupuesto de 2015 incorporó el artículo 733, que otorga al Poder Ejecutivo la potestad de dilatar el pago, es decir,  pagar esos créditos en la siguienteinstancia presupuestal. Esa instancia es la que está sucediendo ahora, con la discusión de la Rendición de Cuentas, y en el texto enviado al Parlamento no hay ningún artículo que refiera al cumplimiento de la sentencia. El artículo 733 fue considerado inconstitucional -por los trabajadores y por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en un caso similar- porque le da el privilegio al Estado de diferir el pago de su deuda para con trabajadores que tienen una relación de dependencia con el mismo Estado. “Vulnera el derecho de igualdad entre los trabajadores, ya que los trabajadores públicos no pueden reclamar los adeudos salariales con certeza ya que el Poder Ejecutivo tiene esa posibilidad de diferir el pago”. aseveró Rama.

Durante el proceso de análisis de inconstitucionalidad, en la etapa de nombrar fiscal, se abstuvieron cinco fiscales. Desde enero, hay un nuevo estatuto de la Fiscalía General que establece un sistema de asignación de fiscales más ágil y objetivo, porque es un sistema aleatorio, por sorteo. Los funcionarios piden que ladesignación de fiscal finalmente se haga mediante ese mecanismo. “Tanto la designación del fiscal, como la inclusión del pago judicial en esta Rendición, no se han cumplido aún”, afirmó Elba Rama.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo con otros colectivos, dos del Poder Judicial, los magistrados y los defensores de oficio -quienes no tienen sentencia-,   y también con el gremio de fiscales que dependen del MEC. Los únicos que tienen sentencia firme son los funcionarios y los actuarios que comparecieron en el mismo juicio.

“El  Ejecutivo hizo una propuesta de transacción pero fue rechazada por una amplia mayoría, por insuficiente” dijo Elba Rama. Los otros colectivos, al carecer de sentencia, aceptaron la propuesta.

El Poder Ejecutivo tenía plazo hasta el viernes 30 de junio para enviar su mensaje de Rendición de Cuentas al Poder Legislativo, y por tanto hasta esa fecha se desplegaron las medidas de lucha (paros y ocupaciones). “La Suprema Corte de Justicia también envía su mensaje, pero el Poder Legislativo sólo tiene en cuenta el del Poder Ejecutivo y no contempla al Poder Judicial, a pesar de que es un poder independiente, no económicamente, pero sí desde el punto de vista jurisdiccional”, sostuvo Rama.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social intimó el martes 27 a desalojar el juzgado que se ocupó el lunes. El desalojo se produjo en consenso con la policía, de forma pacífica. Representantes de la Asociación dijeron a SdR que la intención de esta medida es simplemente hacer oír su voz para que se los tenga en cuenta en la Rendición; es una medida de lucha pacífica que no excluye la disposición  a dialogar para llegar a una resolución.

Luego del desalojo, lo funcionarios judiciales decidieron ocupar, el miércoles 28, el Palacio de los Tribunales, con las mismas reivindicaciones, y aplicar un paro general de 48 horas, sin guardia gremial, durante los díasjueves y viernes, previo a la feria judicial menor.

 

Con la careta de Tabaré Vázquez. Foto: Pablo Elizalde

El paro de 48 horas tuvo una derivación imprevista: varios a jueces penales asistieron a sus cuatro colegas de turno, en tareas administrativas de recepción de declaraciones, ante la ausencia de los funcionarios. Los magistrados explicaron que no se trataba de desvirtuar la medida de paro, pero que era necesario cumplir con los plazos constitucionales de los detenidos.

El prolongado diferendo entre los funcionarios judiciales y el gobierno, por los ajustes salariales se tensa aun más con una disposición incluida en la Rendición de Cuentas. El artículo 15 exonera al Estado del pago de juicios al establecer que “el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo. En este último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales. Esta disposición tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente ley”. La ambigüedad del texto permite inferir que el cumplimiento de las obligaciones pueden diferirse sin plazo. Desde distintos ámbitos se calificó a este artículo como inconstitucional.

Nadia Campos