Políticos y organizaciones defienden la venta de cannabis, amenazada por intereses transnacionales

DESBANCADOS

 

AFP PHOTO / MIGUEL ROJO

A pesar de que el gobierno se tomó más de tres años y medio para afinar detalles del producto, del registro de compradores, de los canales de venta y del precio, no advirtió el inconveniente financiero que tendrían las empresas que producen y venden marihuana con las instituciones bancarias locales y sus corresponsalías internacionales. Este problema no es inédito, ya que los mismos problemas han tenido otros países que aprobaron proyectos de estas características.

Aunque la normativa internacional, que somete en el particular a la nacional, comparte la intención de combatir el narcotráfico, sus modelos se contradicen. Mientras el proyecto uruguayo ensaya un nuevo paradigma a partir de la regulación de las drogas, el establishment de la banca internacional sigue trabajando en función al antiguo modelo prohibicionista que restringe y persigue los capitales provenientes de la venta de sustancias prohibidas. Sobre este oxímoron legal, José Mújica, ex presidente y mentor de la ley, dijo el 18 de agosto en rueda de prensa “Yo no quiero creer que el sistema financiero trabaja para el narcotráfico”. La Diaria había informado ese mismo día que el Bank of América amenazó con no venderle más dólares al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), si mantenía cuentas con empresas o personas vinculadas con el negocio de la marihuana legal. Y Jorge Polgar, presidente del BROU, declaró que “la institución no mantendrá relaciones comerciales con las farmacias autorizadas a vender marihuana” ya que “esto provocaría el aislamiento financiero del banco y de sus clientes, impidiéndoles realizar cualquier tipo de operación con contraparte internacional”.

Distintos actores políticos y sociales mostraron su disconformidad luego de que los bancos decidieran cerrar las cuentas de empresas vinculadas a la venta de marihuana. Manejar dinero proveniente de esta actividad entra en conflicto con normas del sistema financiero internacional, ya que en la mayoría de los países el cannabis es ilegal.

Para el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani, la implementación de la ley 19.172 tiene que ver con “la soberanía de un Estado para aplicar políticas públicas”. En este sentido, la discusión debe servir para reflexionar acerca de “qué pesa más aquí: el poder de un Estado soberano y democrático o el poder de las empresas transnacionales que desarrollan y dictan sus normas en función de su interés empresarial y no en función del interés general”. Para Caggiani, es inconcebible que la implementación de esta ley, que implica un “cambio de paradigma en el combate del narcotráfico”, fracase por las restricciones de los bancos.

En la misma línea, Sebastián Sabini, también diputado del MPP, dijo: “hay que movilizarse para que esta ley no muera por la vía burocrática”, y agregó que “soluciones desde el punto de vista financiero hay”. En países de Europa como Holanda, Portugal, Bélgica y Suiza, donde la marihuana es legal ya sea para uso medicinal o recreativo, no existen este tipo de problemas. Tampoco en los estados de Alaska, California, Colorado, Oregon, Washington y el distrito de Columbia, donde hay 250 bancos estadounidenses que trabajan con cuentas vinculadas al cannabis. Sin embargo, el Bank of America y el Citibank, con sede central en Estados Unidos, son los que amenazaron con cortar relaciones con el Banco República (BROU) por manejar dinero proveniente de la venta de marihuana.

Para Caggiani, es preocupante que se “aplique el concepto de ser injusto con los más débiles”, porque “es más fácil presionar a la economía uruguaya que a la de California”, la sexta del mundo. “Evidentemente, es más potente el lobby que se puede hacer para este lado”, manifestó Sabini.

“Es muy importante recalcar que las empresas que trabajan en Uruguay no tienen vínculo con el narcotráfico porque pasaron todos los controles que realiza el Estado en materia de lavado de activos, algo que ni siquiera cumplen algunos de los bancos que hoy exigen que se cierren las cuentas”, sostuvo Sabini. Es el caso del Banco Santander, que fue multado en distintos países del mundo por “no hacer los controles necesarios de lavado de activos que el propio narcotráfico genera”. Sabini reflexionó: “parece un poco subjetivo que el sistema financiero internacional, que es el que lava los activos del narcotráfico, se ensañe con 15 farmacias que tienen totalmente auditados sus flujos de fondos” (véase recuadro).

Respecto al tema, el secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Fernando Gambera, explicó que “aparentemente” los bancos estadounidenses que están habilitados para trabajar con dinero proveniente de la venta de marihuana “no tienen operativa internacional, no poseen corresponsales internacionales, entonces no tienen drama”. Pero la realidad de los bancos uruguayos, “particularmente el BROU”,  es otra, porque “se encargan de todas las operaciones de comercio exterior. Es un problema si se quedan aislados”, expresó.

“Está claro que este proceso iba a tener problemas, eso ya lo sabíamos. Ahora, que el sistema bancario de Estados Unidos le iba a decir a Uruguay que no podía aplicar una ley, eso no lo podía prever nadie porque no es un problema de las leyes uruguayas, sino de la presión que está sintiendo el sistema bancario en la compra de dólares y en la normativa estadounidense”, dijo Sabini. Por su parte, Caggiani recordó que en el marco de la discusión de la ley “ni la oposición, ni ningún organismo internacional, ni ningún integrante de la burocracia bancaria, tanto nacional como internacional, planteó algún tipo de problemática con respecto a este tema”.

Trancazo

Las declaraciones a la prensa del líder del MPP, José “Pepe” Mujica, fueron contundentes: “si esto queda trancado se va a trancar el Parlamento”. Al consultarle a la senadora del MPP, Lucía Topolansky, si las afirmaciones de Mujica respondían a una decisión del sector, dijo: “pero escuchame, ¿desde cuándo sos periodista? Estas cosas sabés bien cómo son”. Por su parte, Sabini declaró que “interpretar a Mujica es difícil”,  mientras que Caggiani explicó que fue “un llamado de atención más simbólico que práctico. Mujica salió al cruce fuertemente porque se está dando una situación que, sin duda, incomoda y sobre todo tiene que llamar a la reflexión acerca de quiénes son los que terminan decidiendo las políticas públicas”.

La respuesta del Poder Ejecutivo no tardó en llegar. El presidente, Tabaré Vázquez, dijo en rueda de prensa: “Mujica tiene toda la razón del mundo en defender la ley, de la misma manera que la defiende este gobierno. Seguiremos dando todos los pasos necesarios para que se pueda instrumentar correctamente la ley, sin que dañe aspectos comerciales o de inversiones del país”.

La bancada del FA se reunió este lunes con las autoridades del BROU, del Banco Central (BCU), del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) y de la Junta Nacional de Drogas para que brinden información. “Entendemos que hay una cuestión de soberanía en donde las instituciones públicas tienen que cumplir las leyes nacionales. No se puede ceder de esta forma a una presión, en este caso, de bancos de Estados Unidos”, explicó Sabini.

Según Carlos Reutor, también diputado del MPP, en las reuniones se plantearon los inconvenientes respecto a la aplicación de la ley. “La voluntad está, hay que ver cómo se pueden buscar las alternativas para aplicar la ley”. Sin embargo, aún no se planteó una propuesta concreta para solucionar el problema. Reutor explicó que próximamente una delegación de Uruguay viajará a Estados Unidos en busca de alternativas. Una de las propuestas es conversar con los parlamentarios de ese país para solicitarles que voten un proyecto de ley, que tienen pendiente desde el 27 de abril, presentado por el congresista de Colorado Ed Pelmutter para que la Reserva Federal estadounidense y la banca internacional encuentren una alternativa que incluya financieramente a las empresas que producen y comercializan el cannabis de forma legal.

Si fuera aprobado, resolvería la problemática uruguaya porque implicaría una apertura bancaria para que los bancos de Uruguay operen con bancos internacionales. Pero esta petición ya fue realizada sin éxito por algunos estados del país norteamericano y de otros que tienen el mismo dilema desde hace varios años. Otra posibilidad que se maneja es operar en efectivo porque de esa manera el dinero no pasa por el sistema de bancarización, aunque “es complejo por el flujo que se maneja con la venta”, expresó el diputado.

La voz de la ciudadanía

Varias organizaciones sociales presentaron una petición pública y abierta ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en defensa de la regulación de la marihuana en nuestro país. Esta iniciativa ciudadana fue respaldada por el PIT CNT, el Sindicato Médico del Uruguay, AEBU, la Asociación de Farmacias del Interior y el movimiento Pro Derechos, entre otras organizaciones.

“Las obligaciones sobre control de lavado de activos no son de recibo cuando se trata de leyes nacionales que regulan legalmente la producción y el comercio del cannabis. Las medidas de control bancario, pueden y deben armonizarse al orden democrático del Uruguay, sus organismos de regulación y las decisiones soberanas sobre políticas públicas. Los impedimentos que se arguyen sobre el funcionamiento bancario a nivel internacional deben ser revisados, negociados y encarados en protección de las leyes y derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas”, se argumentó en la petición.

Con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos violados por esta determinación “unilateral”, tanto de los bancos extranjeros como del BROU, fue que se solicitó que la INDDHH emitiera una recomendación a las autoridades del Poder Ejecutivo, del BCU y del BROU “para que encuentren las medidas bancarias necesarias para que se pueda ejercer los derechos establecidos en la ley 19.172 así como asegurar la inclusión financiera”.

Gambera explicó que AEBU apoyó esta medida porque “esta actividad de la comercialización del cannabis está legalizada por una ley que, naturalmente, se tiene que cumplir en el marco de la soberanía de Uruguay”. Esta regularización posibilita “un control de la cadena de comercialización para determinar claramente el origen del dinero. Se debería poder negociar para que sea una excepción a las reglas internacionales”, manifestó el secretario general de AEBU. Además, explicó que el objetivo de la ley de inclusión financiera es registrar y formalizar toda la actividad económica del país para “controlar en mejores condiciones y también contener el lavado y origen del dinero”. Para Gambera sería “contradictorio” que toda la actividad económica del país esté obligatoriamente registrada y controlada a través del sistema financiero en forma electrónica, salvo para las actividades vinculadas a la venta de marihuana, que tendrían que operar únicamente en efectivo.

El jueves 24 se hizo pública la resolución de la INDDHH. En la misma se destacó que, a través de esta ley, se incorporó un nuevo paradigma para combatir el narcotráfico en el que se busca ponderar los derechos a la salud, el disfrute de los espacios públicos y la libertad personal. También se recomienda al Poder Ejecutivo que continúe trabajando para asegurar, en el plazo más breve posible, el cumplimiento de la norma.

Esta iniciativa ciudadana demostró que la preocupación en torno al tema también proviene de la sociedad civil, de los sindicatos y de los trabajadores, y no exclusivamente de algunos sectores políticos. “Es un tema de agenda nacional”, recalcó Caggiani, mientras que Sabini destacó que “los cambios en la sociedad no solo se producen por la actividad política partidaria sino también a través de la sociedad organizada”.

Anaclara Trengone / Simón López Ortega

El dinero del narco que aceptaron los bancos

En el año 2012, luego de una extensa investigación, el FBI logró demostrar que el cártel de drogas mexicano “Los Zetas” utilizó cuentas del Bank of America para el lavado de más de 20 millones de dólares provenientes de sus actividades ilegales en Estados Unidos. Lo hizo mediante una empresa de Texas que se dedicaba a la compra y el entrenamiento de caballos y estaba registrada a nombre de un familiar directo de dos integrantes del cártel. Ese mismo banco también estuvo acusado en 2005 de participar del lavado de 3 mil millones de dólares provenientes de entidades sudamericanas.

Otros grandes bancos norteamericanos como Wells Fargo, Citigroup y JPMorgan Chase también estuvieron en la mira de las investigaciones por lavado de activos, e incluso varios de ellos fueron multados por negligencia luego de que admitieran en instancias judiciales sus fallas en los controles antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

Juan Ramos