El anteproyecto de Ley integral para personas trans busca saldar una deuda histórica con esa población

SÍ, SOY YO

Marcha de la diversidad en 2013 / Foto: Rebelarte

“Buenas tardes, señorita”, saludó el hombre sin saber a quién saludaba. “Che, ¿y ‘el gringo’ dónde está?”, le preguntó a su hijo, quien dirigió la mirada a la señorita. “Ya no es más ‘el gringo’”, dijo, “ahora es ‘la gringa’”. De esa forma Karina Pankievich se reencontró con su padre luego de más de 10 años sin tener contacto. Es que ella se fue siendo una persona y volvió siendo otra. Se fue siendo un varón y regresó siendo una mujer. Una mujer trans.

Se consideran trans todas aquellas personas a las que se les asignó un determinado género asociado al sexo y que, en el desarrollo de su vida, se identificaron con otro género opuesto al asignado.

Según el primer y único censo de población trans, realizado en 2016, en Uruguay hay 853 personas trans, de las cuales  90% son mujeres y el 10% varones trans.

El censo surge como una necesidad de que quedaran plasmadas en papel las diferencias reales y numéricamente contundentes entre las personas trans respecto al resto de la población, señala a SdR Federico Graña, Director Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El desempleo a nivel nacional ronda el 9%, mientras que en las personas trans supera el 30%, ejemplifica Graña.  En cuanto a la situación laboral, 66,5% de la población trans censada declaró estar ocupada. En relación al trabajo sexual, el censo indica que 67% lo realizó en algún momento de su vida, y cerca de una tercera parte del total nunca lo ejerció.

“Me va a llegar el cambio de documento y esta gente todavía no sabe nada”, pensaba Rodrigo. Entonces mandó un mail al dueño de la empresa para la que trabaja hace quince años, con copia a todas las sucursales. En el mail les contaba que se sentía varón, que de ahí en adelante iba a ser Rodrigo. Les explicó qué tratamiento iba a seguir y lo que venía por delante. No titubeó, estaba decidido. A los cinco minutos el dueño responde el mail con copia a todos: “Rodrigo, mi admiración, [para] lo que necesites contá conmigo”. “Quizás no es lo común, pero nunca tuve ningún problema en el trabajo, miento si digo lo contrario”, señala.

El censo indica que la edad promedio de abandono del hogar para las personas trans es a los 18 años y que el motivo principal es la búsqueda de independencia, asociada con problemas familiares que se desencadenan respecto al proceso y desarrollo del cambio de identidad de género. Esta situación se da en el 25% de los casos relevados.

“Cuando tenés gurises de 14 o 16 años que te dicen que se fueron del hogar para independizarse podés ver cómo se incorpora en la propia persona trans el pensamiento de que es la responsable de ser expulsada de su hogar. No traslada a su familia el peso de la discriminación intrafamiliar, cuando lo que genera la expulsión es el no respeto de la familia hacia su identidad de género”, explica Graña.

Los datos que surgen del censo confirman el alto nivel de exclusión que viven las personas trans en el sistema educativo: 61% no alcanza a superar la barrera del ciclo básico.

Josefina es una de las excepciones: terminó ciclo básico, bachillerato y le quedan tres materias para recibirse de licenciada en Comunicación. Si bien relata que su trayectoria educativa tuvo momentos duros y que en la universidad no estaban preparados para recibirla, ya que “las trans históricamente no llegan a niveles terciarios de educación porque antes el sistema las mataba y excluía”, afirma que no sintió hostigamiento. Dice que sus compañeros la recibieron bien, que no tuvo grandes resistencias, ni conflictos de convivencia ni de discriminación.

Cuenta que, una vez, una docente la llamó a fin de año para darle el resultado final del curso y la nombró. Josefina se empeñaba en hacerle entender que ella era ella, que el nombre de la lista y la persona se correspondían, pero a la profesora le costaba creerle. “Eran cosas muy tragicómicas todo el tiempo”, recuerda ahora, con una sonrisa. Pero inmediatamente se pone seria y reitera que la universidad no estaba preparada y ella tampoco. Para ella, la diferencia es que “lamentablemente tuve que ponerle la cara, porque hay que ponérsela para poder generar procesos de cambio” y de esa forma “abrir puertas para las que vienen detrás de mí”. Dice que eso es lo que le preocupa y quiere que otras tengan más abiertas esas puertas que a ella se le cerraron constantemente.

Josefina se fue de la casa de sus padres, en el interior del país, hacia Montevideo, con el único objetivo de estudiar y superarse, porque sabía que si se quedaba en su pueblo no iba a tener manera de proyectarse como persona. Se fue a Montevideo con la mochila cargada de ilusiones que, justamente, fueron eso: ilusiones. Le cerraron muchas puertas en la cara. No la aceptaban en las residencias estudiantiles ni en las pensiones. Finalmente, aceptaron alquilarle una pieza en el patio de la casa de una señora en un barrio de la periferia capitalina. “Las primeras semanas lloré muchísimo porque me había ido de mi casa, era chica y no era bien recibida”, recuerda. También rememora el día en que tuvo que irse de allí porque la paró un muchacho en la calle y le dijo: “tenés que irte del barrio porque putos no queremos, te vamos a matar”.

CAMBIO DE NOMBRE

La Ley 18.620, vigente desde 2009, sobre el Derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios, establece que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro”. La norma agrega que este derecho “incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la constancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona”. El trámite debe hacerse ante los Juzgados Letrados de Familia y “la presentación de la demanda deberá estar acompañada de un informe técnico del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y diversidad” de la Dirección General del Registro de Estado Civil. Luego añade que, sin perjuicio de lo anterior, “se tendrá especialmente en cuenta el testimonio de las personas que conocen la forma de vida cotidiana del solicitante y la de los profesionales que lo han atendido desde el punto de vista social, mental y físico”.

El anteproyecto de Ley integral para personas trans, que fue presentado al Parlamento, y que en la actualidad se encuentra en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, en uno de sus puntos busca que el trámite pase a ser meramente administrativo en vez de un proceso judicial, que en muchos casos resulta engorroso.

Rodrigo opina que “eso sería fabuloso” porque “te abre la cancha”. También dice que el hecho de tener que pasar por presentarte ante un juez “es muy feo” porque “parecés un delincuente”. Su audiencia por el cambio de nombre fue en mayo de 2015 y tuvo su nueva cédula en mano en agosto de ese mismo año; “fue sumamente rápido”, recuerda.

Sin embargo, Josefina no corrió con la misma suerte: tuvo que apelar dos veces el fallo de la jueza y el juicio le llevó tres años. “Me costó mucho acceder al cambio de nombre” porque, cuenta, “la fiscal entendía que no me correspondía y así se lo decía explícitamente antes de entrar a las audiencias”.

Se lamenta de que hoy en día el cambio de nombre sea a través de un juicio y no de un trámite administrativo. “Al ser un proceso judicial, una tiene que exponerse a un juez, a un fiscal y a un equipo que te evalúa, te hacen ciertas observaciones que, a veces, no van de la mano con la proyección o el espíritu de la ley”, opina.

“Fue en 2014 que pude ser Josefina legalmente, pero yo soy Josefina hace más de 10 años”, afirma con irrevocable seguridad.

ACCESO A LA SALUD

En su artículo 16, el anteproyecto aborda el derecho a la salud de las personas trans. Hace referencia a la Ley 18.211, que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, que en sus artículos 1 y 3 dispone que las personas trans tienen derecho al acceso a los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación y/o patologización por su identidad de género.

Para Josefina, el sistema de salud aún es muy arcaico, no se ha aggiornado y no puede ver más allá de los biologicismos, lo que significa que “si nacés con vagina sos mujer y si nacés con pene sos varón”. Ella sostiene que la sociedad tiene que entender que los cuerpos son diversos y diferentes. No se debe aplicar el biologicismo porque somos una construcción más cultural que biológica, dice.

Marcha por la diversidad en 2013 / Foto: Rebelarte

A las personas trans se les dificulta muchísimo la accesibilidad, tener servicios de salud que sean contenedores, respetuosos con estas formas diversas y disidentes, reclama Josefina. En su experiencia personal dice no concurrir muy seguido al médico, a causa de varias situaciones de violencia que ha vivido, en donde, según narra, la hicieron pasar muy mal tratándola públicamente de varón. Después de varios años, se enteró de que en la policlínica del Hospital Maciel se tenía un trato más respetuoso, más abierto, y empezó a atenderse allí.

Una experiencia similar cuenta Karina. Dice que la llamaban en tono fuerte por su nombre de varón para que todo el mundo escuchara, “te daban esos calores, te prendías fuego, y avanzabas igual”. Para ella hoy por hoy se están dando menos casos de ese estilo porque el boca a boca ha dicho: “no, pará, vamos a respetar”.

Josefina también entiende que en los últimos años se ha avanzado en la materia y se han intentado llevar a cabo nuevas experiencias. Pone como ejemplo una policlínica que funciona en el hospital Saint Bois, que está a cargo de un médico que se ha formado y se ha sensibilizado en temas de diversidad sexual y de género, el doctor Daniel Márquez.

Se trata de la Unidad Docente Asistencial de atención a personas transexuales y terapia hormonal, que hace tres años funciona en el Hospital Saint Bois, de Montevideo. Márquez intenta implementar, dice Josefina, una policlínica en la que se puede atender cualquier persona, pero que principalmente tiene una atención humana y respetuosa con las personas trans, cosa que no pasa en el resto del sistema de salud.

Karina menciona que desde la Asociación de Trans del Uruguay se busca hacer capacitaciones al personal de salud. Explica que ya las han hecho en el Hospital Maciel y en el de Rivera, y que en octubre de este año harán otra en el Pasteur. Para ella, lo fundamental es capacitar a todos, no solamente a los doctores, que desde el portero se sepa cómo tratar a los usuarios: “[que te digan] buenos días, señorita”, que sepan respetar la identidad de género.

Rodrigo coincide en que la clínica del Saint Bois marca una gran diferencia, porque no es así en todos los centros de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Comenta que hay todavía policlínicas de ASSE en el interior del país que dejan mucho que desear a nivel del trato.

Asimismo, Rodrigo no se atiende en el Saint Bois, dice que prefiere seguir atendiéndose en su mutualista, Médica Uruguaya, por un tema de militancia. “Para mí tenemos que tener los mismos derechos en todos lados y no ser como bichitos raros que nos arrean para ASSE”, señala. “En mi mutualista tengo médicos, como mi endocrinóloga, que es una genia y siempre me trató por el apellido, como también ginecólogos que me llamaban por el nombre”, cuenta.

“Yo empecé a hormonizarme el 12 de febrero de 2014, el mismo día que empecé el cambio de nombre. Ahí fue cuando se me comenzó a complicar la ida al ginecólogo. A veces me la rebuscaba e iba con alguna amiga, pero no siempre me podían acompañar, entonces era un penal”, relata.

“Luego, me recomendaron una ginecóloga que siempre me trataba por el apellido, por lo que me sentí muy cómodo, y al mes, aproximadamente, ya me estaba realizando la histerectomía, que es la remoción de útero y ovarios. Hace dos años que estoy esperando la mastectomía”, narra.

Rodrigo explica que la mastectomía es una operación muy simple, pero que en su caso ha demorado más de lo que debería. Dice que el médico tratante le había explicado que al ser por un tema “estético” y no por una enfermedad la operación podía demorar por lo menos un año. Cuenta que el pasado mayo se enteró que su solicitud había sido negada desde gerencia de su mutualista, por lo que tuvo que elevar una carta y recién allí se la autorizaron. Ahora debe aguardar, otra vez, a que lo llamen desde coordinación.  “Si yo me hubiera pasado a ASSE ya estaría recontra operado, pero sé que con esto le estoy abriendo camino a los que vienen”, considera.

“Parte de lo que dice la ley en otro de los artículos es que tengamos todos los beneficios, tanto en la salud privada como en la pública. Que nos puedan hormonizar y podamos acceder a las operaciones sin problema. Entonces, que salga la ley es algo muy bueno para nosotros, porque no van a poder decir ‘te hacemos esto, pero esto otro no’, te van a tener que hacer todo el tratamiento completo. Va a haber un marco legal”, afirma Rodrigo.

En Uruguay, casi 38% de la población trans censada declaró que no se operó para realizar un cambio o reasignación de sexo pero le gustaría hacerlo, mientras que 61% no tiene interés en realizarla, y 1% ya se operó. Por otra parte, 15% de las personas trans se realizó cirugías para modificar su cuerpo.

En cuanto al consumo de hormonas, el censo señala que 22% del total las toma, 49% lo hace por prescripción médica, y 11% por recomendación de una amiga. Además, 23% de los consultados se inyectaron alguna sustancia para modificar su cuerpo y de estas personas, 17% se inyectaron silicona líquida (industrial).

LEY Y DICTADURA

El anteproyecto de ley a estudio del Parlamento establece en su Artículo 7 que todas las personas trans nacidas hasta el 31 de diciembre de 1975 “que por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional” o fueron “privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y/o por disposición judicial” tendrán derecho a una “prestación reparatoria” equivalente a tres bases de prestaciones y contribuciones (BPC).

Graña explica que se eligió el año 1975 como fecha límite porque en 1989 quedó vigente el decreto anti razias, por lo que cualquier persona trans que nació antes del 75, con 14 años ya podía estar ejerciendo la prostitución.

En esa época, Karina Pankievich, presidenta de ATRU, era una de ellas. “Te parabas en alguna esquina y ya estabas fichada por la policía, que te llevaba detenida”, cuenta a SdR. “Pero eran, de repente, 48 horas por orden público, siete días por la brigada de homicidios o por la brigada de asaltos, o sea, vivía más adentro que afuera”, sigue. “Te hacían picana, submarino, te dejaban desnuda adentro de los calabozos, había días que no te daban de comer o pedían favores sexuales a cambio de la libertad o un trato mejor, había de todo”, recuerda. También  dice que cuando se las llevaban detenidas las fichaban como “pederastas pasivos”.

“Fue una época muy difícil porque éramos reprimidas por todos lados, exiliadas de nuestras casas, de los colegios”, recuerda. Ella tuvo que dormir algunos días en la Plaza Independencia porque no se las aceptaba, ni siquiera en pensiones, solo por el hecho de ser trans.

Graña aclara que el monto de la prestación reparatoria es de 3 BPC ($10.833 a valores actuales) “porque fuimos cuidadosos en los discursos”, y se equiparó esta prestación a las pensiones de, por ejemplo, “una empleada doméstica a la que no le pagaron el BPS en su puta vida”. El Director del Mides expresa que creyeron que lo mejor era “tratar de no generar que alguien salga a discutir la ley sobre ese tema: ¿por qué tanto dinero? Bueno, no. Es lo mismo que una pensión”.

“Es tan importante, tan importante”, reitera Karina cuando es consultada sobre si considera que la prestación reparatoria que prevé el proyecto de ley realmente subsana algo. Dijo que las personas que sobrevivieron a la dictadura son muy pocas y que la gran parte de ellas conviven con VIH, no tienen trabajo y, con más de 50 años, ni siquiera pueden ejercer el trabajo sexual, “entonces esto es una ayuda”.  Se encoge de hombros, la voz le sale entrecortada y dice que “cuando no tenés nada, que te den 9, 10, 11, 12 o lo que sea, sirve muchísimo”. Además, considera que esta reparación “es un deber que tiene el gobierno uruguayo”.

Lucía Carnales / Patricia Cotelo