Asamblea de los judiciales rechazó la huelga

ABIERTOS AL DIÁLOGO

La asamblea que descartó el paro indefinido. Foto: SdR

Una asamblea tumultuosa y de trámit

e complejo de los funcionarios judiciales realizada el 31 de octubre, resolvió rechazar la moción de paro por tiempo indeterminado “por no estar dadas las condiciones en este contexto” y refrendar expresamente la moción aprobada en la asamblea del 11 de octubre. Esa moción había facultado al Consejo Ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) a iniciar acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Rendición de Cuentas y un ámbito de interlocución con el Poder Ejecutivo, propiciado a través de la participación del Pit-Cnt. Asimismo la resolución del 11 de octubre, ante la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) y la no contemplación presupuestal del Poder Judicial, facultó al Consejo Ejecutivo a tomar las medidas pertinentes ante la puesta en práctica de este nuevo cuerpo normativo.

La resolución que dispone continuar las negociaciones con el gobierno fue aprobada por 671 votos contra 630 que tuvo otra moción, que proponía un paro sin guardia gremial hasta el 7 de noviembre. Los votos del interior hicieron la diferencia.

Al finalizar la asamblea el Consejo Ejecutivo, en reunión extraordinaria, resolvió un paro nacional de 24 horas sin guardia gremial para el 1 de noviembre en reclamo de un mejor presupuesto para el Poder Judicial, en virtud de que la implementación del nuevo código,sin los rubros suficientes, resulta un menoscabo de las condiciones laborales de todos los trabajadores judiciales.

Pablo Elizalde, integrante del Consejo Ejecutivo de la AFJU, consultado por Sala de Redacción manifestó: Estamos en la etapa de desarrollo para generar los vínculos con el Poder Ejecutivo. Con relación al CPP no hay una posición del sindicato ni a favor ni en contra. El paro de 24 horas es una señal para denunciar que se implementa un código sin resolver nuestro conflicto y a la vez denunciamos las carencias que hay en las sedes penales. Las que quedaron en el código viejo presentan problemas edilicios y se siente la falta de presupuesto del Poder Judicial”.

Para Elizalde, se volcó mucho dinero a la Fiscalía, que ahora va a tener un papel preponderante, porque es la que lleva adelante la investigación (antes investigaba el juez, ahora quien lo hace es el fiscal). El problema es que el Poder Judicial, si bien recibió alguna partida, no recibió todo lo necesario para esta etapa y tampoco se solucionó el problema de fondo del conflicto.

En cuanto a la adecuación salarial en aplicación de la ley que ligó los salarios con las remuneraciones de los ministros de Estado, los de la Suprema Corte de Justicia y los jueces, el dikrigente dijo: “Nos han adelantado una partida de un 8% por lo que la diferencia con lo que manda a cumplir la sentencia asciende a un 13,6%, para así dar cumplimiento al 21.6% dispuesto. Este adelanto lo queremos hacer extensivo a todos los compañeros, los que tienen sentencia y los que no tienen, porque es solo para aquellos que iniciaron el juicio. La deuda hoy asciende a 70 millones de dólares. Estamos abiertos al diálogo, a conversar cuáles podrían ser los caminos de salida, sin perjuicio del inicio de los trámites para la inconstitucionalidad del artículo 15”, explicó Elizalde a SdR.

El artículo 15 de la ley de Rendición de Cuentas (ley 19535) plantea que “el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o inversiones sin que exista crédito disponible cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales”. Agrega que “cuando los montos a que refiera la condena excedan los 75 millones de unidades indexadas, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad establecida precedentemente o proponer las previsiones correspondientes en la próxima instancia presupuestal”. Este artículo habilita a dilatar el pago de deudas por juicios contra el Estado superiores a 10 millones de dólares.

La actitud reiterada del Poder Ejecutivo de dilatar el pago de las sentencias en su contra al priorizar lo económico sobre lo jurídico genera incertidumbre, pero no debe ser obstáculo para encontrar la salida negociada de la situación que afrontan los judiciales.

Bernardo Brongo