Entrevista a Wilder Tyler

“NO VENGO A DARLE DE COMER A LAS PALOMAS”

Con el televisor conectado a internet y su hijo inglés en línea, Wilder Tyler acompañó la primera ronda de la sesión del parlamento donde se definía su designación. Estaba ansioso porque era el último de la lista, cuando escuchó “124 en 130 votos”, creyó que se habían equivocado y esperó recuento. Pasados unos minutos, advirtió que era verdad y lo festejaron como si fuera un partido de fútbol.

De esta manera el integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se preparaba para asumir su cargo y, mientras tanto, conversó con SdR sobre la transición del Consejo Directivo, la coyuntura nacional e internacional y el camino que lo trajo al país de nuevo.

Abogado de profesión, desde sus comienzos tuvo un marcado interés por los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional. En la década del 80, se convierte en socio fundador del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR). Por su contacto con instituciones internacionales, le llegó una propuesta laboral de Amnistía Internacional (AI) y no dudó. Después surgió otra oportunidad en Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), de la cual es miembro y candidato al directorio. Lleva acumulados más de 20 años de experiencia en DDHH.

De amiguismos, lobby, palomas y un agente de Satán

Trae consigo muchas expectativas respecto a la INDDHH, destaca al nuevo directorio cada vez que puede y agradece a las personas que confiaron en él. Entre aquellos que impulsaron su candidatura están sus amigos. “Fui a la comisión legislativa y nadie se levantó a hablar conmigo, no vi a un solo legislador, no hice ni una sola movida de lobby. Tampoco pedí nada a nadie, eso me deja muy tranquilo, sobre todo porque no debo”, concluye sin esconder su satisfacción.

Entre 1997 y 2007 trabajó en HRW, era la primera vez que pasaba tanto tiempo en un empleo –es de los que cree que nadie debe “eternizarse” en un puesto-. Según dijo, terminaba una etapa profesional donde dejaba una organización sólida y con un futuro prometedor. Ese fue el impulso necesario para reflotar su viejo proyecto de volver a Uruguay, no pensaba en trabajar, pero sí tenía claro que quería contribuir en algo. Definitivamente “no venía a darle de comer a las palomas”, dice entre risas.

Los comentarios que previo a su designación lo vinculaban con Estados Unidos por haber pertenecido a HRW o a AI, no lo extrañaron en absoluto. Mientras trabajaba en esas organizaciones, reiteradas veces sus colegas y él fueron acusados de ser agentes de la CIA, la KGB, El Mossad, del Servicio de Inteligencia de Uganda y Sudáfrica (antes y después del Apartheid). La acusación que le resultó más divertida provino del gobierno de Irán, cuando los tildó de ser agentes de la CIA y de Satán.

Argumenta que las críticas suspicaces sólo hablan de gente que desconoce todo lo que han hecho estas organizaciones (HRW o AI) a nivel mundial. Para ello enumera causas como el retorno de los palestinos a su tierra originaria, el tema de la impunidad y todo lo referente a tareas sociales y culturales. “Se focalizan demasiado en las críticas. El tema DDHH concita grandes audiencias y es una herramienta apetecible por actores políticos que se quieren embanderar con la causa”, afirma.

Como conocedor de la realidad del país, asegura que ha seguido de cerca todo lo relacionado con las causas de DDHH, como también lo referente a la evolución democrática y los gobiernos electos.

Tayler considera asombroso el avance en la materia desde la dictadura, algo que a su entender responde al gran andamiaje legislativo y la responsabilidad de todos los partidos políticos, aunque advierte que hay algunas particularidades al respecto. “Una vez que tenés el instrumento jurídico, hay que aplicarlo”, advierte. Cree que es indispensable que el Poder Judicial se adueñe de esa legislación, que la comunidad exija y vaya a los juzgados como usuarios del sistema de Justicia. “¡Tienen que usarlo!”, afirma.

Para Tayler, “si el sistema es reticente, repele a la gente, si habla un vocabulario que nadie entiende y no satisface justicia, entonces pierde credibilidad y los DDHH se encuentran más vulnerables”. En este escenario es donde él encuentra un lugar propicio para que la INDDHH, cumpla funciones de monitor y contralor para que esas leyes e instituciones funcionen adecuadamente. Dice que durante estos cinco años tuvo un arduo trabajo de creación e infraestructura que la han dejado con mucho que hacer por delante. Las reuniones que gestionan la transición con el directorio, hablan de una agenda de pendientes importante. “Nunca vamos a conformar a todos, tendremos que hacer una selección inteligente de casos”, reconoce. Además, plantea que tienen que salir y conectar más con el interior del país.

Según afirma, “el proceso de culturización en la materia ha sido más lento de lo que hubiéramos querido”. La institución sólo tiene cinco años, contra más de 30 años de democracia donde “pasamos jugando a la escondida con nosotros mismos en relación a los desaparecidos y con las experiencias tan frustrantes que fueron los referéndum [para anular la Ley de Caducidad, en 1989 y 2009]“.

De dictadura, cárceles y tortura

El 20 de mayo participó de la Marcha del Silencio. “No fue una marcha conmemorativa más, era gente con ganas de hacer cosas”, dice, y destacó la participación de jóvenes comprometidos. Expresa haberse sentido conmovido. “Me parece importantísimo que la dictadura no quede atrás, que no olvidemos nada. No vamos a cerrar el capítulo hasta que no haya buenos motivos para hacerlo”, asegura en contestación a quienes dicen que debemos cerrarlo, y agrega: “No, falta la verdad, justicia”.

Sobre el sistema penal juvenil y sus deficitarias condiciones de reclusión, no infiere que haya mala voluntad por parte de las autoridades, estima que se trata “de incapacidad, posiblemente negligencia y no olvidemos que tratamos con jóvenes complicados, que sufren y ejercen violencia”.

En cuanto al sistema carcelario, conoce lo actuado por los dos comisionados parlamentarios que ha tenido uruguay: primero Álvaro Garcé y actualmente Juan Miguel Petit. Ambas gestiones le parecen acertadas y avizora un gran trabajo de equipo.

Dentro de los programas de la INDDHH está el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que es uno de decenas de otros mecanismos que operan de igual manera a nivel mundial. Si bien posee un rasgo experimental, Tayler entiende que ya se sabe lo suficiente sobre la tortura como para tomar medidas antes de que ocurra: “Lo más complicado es detectar el pronóstico, saber leer y salir al cruce. Conocer que la tortura no precisa de una cámara especializada para su cometido, que puede existir en un coche policial, en un centro de detención de menores o en un hogar de ancianos”.

Al Nuevo Código del Proceso Penal, lo califica como “más garantista y protector de los DDHH, dándole a la víctima un rol más importante, así como otras instancias de acción a fiscales y jueces”. Lo visualiza como un proceso de grandes cambios, donde habrá vulnerabilidades y las viejas prácticas convivirán con las nuevas.

No ha estado muy expuesto al sistema judicial uruguayo, si bien no quiere ahondar demasiado, señala que “se lo ha catalogado como un Poder Judicial muy independiente”, aunque advierte que “en general son ellos mismos que lo dicen y sería bueno que se diga de afuera”. “Sobre lo que puedo opinar es lo referente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Vi jueces que fueron muy valientes y serios, algunos como Mariana Mota, que pagaron un precio muy importante por eso”, complementa.

Según él, la jerarquía judicial no acogió este tema con el mismo entusiasmo y optaron por políticas judiciales que los convirtieron en bastante conservadores para su gusto. Dice haber notado a las máximas autoridades de la Justicia “con una especie de desconocimiento, voluntario o no, del alcance de los beneficios, de la importancia y de la vigencia del derecho internacional de los DDHH”.

También afirma que algunas sentencias establecen un dualismo feroz, donde en el plano internacional está bien visto y a nivel nacional se da una suerte de “no, acá dentro, no vengas. Ahí es que se contradicen los términos más sustantivos de la disciplina, como en el Caso Gelman y otros. Eso sí, me parece mal”.

Las oportunidades que se perdieron para llevar a la sociedad uruguaya a superar uno de los traumas más grandes que tiene, la dictadura, las valora como “una pena” .

El instinto de Uruguay

Cuenta que el país es muy respetado y siempre estuvo del “lado correcto, defendió el sistema y tomó partido en situaciones límite”. Recuerda las veces que otros países quisieron hundir los mecanismos de protección, el momento en que “se le tiró arriba Brasil, Ecuador o cuando Venezuela se fue del sistema interamericano porque no le gustaban las decisiones que se tomaban”. Por eso, “¡que un día vengan y le peguen este bofetazo a la CIDH!”.

Consultado por su opinión respecto a la posición del gobierno frente a Venezuela, Tayler reconoce que Uruguay trata de ser ecuánime, “pero se viene pisando a sí mismo y anda a los tropezones”. Asegura que tiene el instinto correcto y encuentra favorable que proponga el diálogo, pero por otro lado dice que le cuesta decir algunas cosas. “Para condenar las violaciones de los DD.HH. no es necesario declarar la guerra, se puede hacer de buena fe”, asegura.

“En DDHH hay que tener mucha paciencia”, se lo dijo su amigo y expresidente de la CIDH, Pedro Nikken. Piensa por unos segundos y reformula el consejo que lo acompaña como un mantra desde entonces: “En DDHH es fundamental tener paciencia, propagar paciencia, enseñar la paciencia, vivir la paciencia y además… hay que saber perder la paciencia”.

Giselle De Los Santos