Cambios en el proceso penal juvenil preocupan a SUINAU y a organizaciones de derechos humanos

MAYORES DETRACTORES

Foto: cuenta oficial de facebook de Suinau

Cada vez son más las críticas a las modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) que aprobó el Parlamento semanas atrás, con la intención de equiparar el régimen procesal de los adolescentes con el de los mayores de edad. Desde organizaciones y referentes que trabajan sobre los Derechos Humanos (DDHH), el derecho penal juvenil y quienes trabajan con estos jóvenes, se advierten retrocesos con las nuevas medidas adoptadas, y una inminente pérdida de las garantías legales al dejarlos en desventaja en comparación a los adultos.

El trabajo legislativo a contrarreloj se debió a que el 1° de noviembre se puso en marcha el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que deja atrás el modelo inquisitivo –en el que el juez acusaba, investigaba y juzgaba-, para pasar a un sistema penal acusatorio; donde la fiscalía es la que acusa y se enfrenta en igualdad de condiciones a la defensa ante un juez, en un juicio oral.

A pesar de que a grandes rasgos había acuerdo en el sistema político y del Poder Judicial, los cambios relacionadas al proceso penal de los adolescentes generaron discrepancias entre actores judiciales, gran parte de la oposición y también en la interna del Frente Amplio (FA). La modificación más cuestionada fue que mientras el nuevo CPP desincentiva la prisión preventiva para los adultos, la modificación al CNA no solo la mantiene para los adolescentes sino que amplía su plazo. Ello se debe a que el plazo que tiene el juez para dictar sentencia mientras transcurre la prisión preventiva pasó de 60 a 90 días para delitos “graves” y de 90 a 150 días en los casos “gravísimos” -el Senado había propuesto que sea por un año, pero en Diputados se modificó-.

Según menciona un comunicado publicado por el Sindicato Único de Trabajadores del INAU [Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay] y el INISA [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente] (Suinau), estas medidas “van en contra de los acuerdos internacionales asumidos por Uruguay” y evidencian una “tendencia a profundizar la represión”, lo que impacta negativamente en las políticas de reinserción que pretende implementar el INISA para los menores de edad que cometen delitos.

El día anterior a que comience a regir el nuevo CPP,  Suinau organizó un panel de debate sobre “el impacto en los adolescentes del nuevo CPP”. En el encuentro participaron jerarcas del INAU e INISA, diputados, funcionarios judiciales e integrantes de organizaciones de DDHH.

 

“Mediocridad, retroceso y sobrecriminalización”

Denisse Legrand, integrante de la organización Proderechos, cuestionó que se siga poniendo en foco a los adolescentes, que son responsables sólo del 6 por ciento de los delitos, y dijo que, a su juicio, “existe una simbolización del problema de los menores edad”. Además, mencionó que, a pesar de haberse evitado la baja de edad de imputabilidad, “estamos en el mismo lugar de mediocridad y complejidad con políticas punitivas”. Legrand exigió que “no se manden más pibes a la cárcel sin tener un plan” .

“Hay un retroceso” con las modificaciones en el CNA, advirtió Juan Raúl Ferreira, ex integrante de INDDHH, y agregó que a su entender los cambios “afectan progresivamente a los sectores más vulnerables de la sociedad”.  Ferreira cuestionó que no se haya trabajado con la sociedad civil en la construcción del CPP y los cambios del CNA, y que el Parlamento no haya atendido a las organizaciones internacionales, que aconsejan trabajar más en la prevención que en la represión, y que el envío a la prisión se dé como último recurso. “La consulta a estos organismos es insustituible”, señaló . El ex miembro de la institución aprovechó la oportunidad para exponer algunas contradicciones del sistema político: “¡votaron el no a la baja y ahora votan esto!”, subrayó en referencia al partido de gobierno, mientras que sobre un sector de la oposición afirmó con sarcasmo: “se oponen a esto pero juntaban firmas para bajar la edad de imputabilidad”.

El diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, reconoció las virtudes del nuevo CPP , ya que “es positivo separar acusador, investigador y juzgador”, y recalcó que con el modelo inquisitivo “tenemos dos tercios de los presos sin condena”. Pero al margen de las bondades del nuevo sistema, tomó distancia de las modificaciones al proceso penal de los menores de edad, y afirmó que no coincide con la filosofía del nuevo código, a la que definió como “una contradicción insoportable e insostenible”. A su juicio, gran parte del problema son las políticas de “sobrecriminalización”, al tiempo que afirmó que las cárceles tampoco son parte de la solución: “se dice que la cárcel es la universidad del delito, y aún así se los manda sin cesar”.

El contra

Enrique Viana, exfiscal de menores,  dicrepó con Radío acerca de los aspectos positivos del CPP. En su último día como fiscal -ya que renunció el día en que entró en vigencia el CPP por estar en contra de este código-, criticó al gobierno y a las políticas en materia de derecho penal juvenil que se han implementado hasta ahora. Viana advirtió que el gobierno “no quiso modificar la constitución porque había que consultar al pueblo”, y en cambio se aprobó el nuevo código, al que catalogó como “una reforma perversa”. Además, denunció un “pacto político entre [el ministro del Interior, Eduardo] Bonomi y [el senador colorado de Vamos Uruguay, Pedro] Bordaberry” para la aprobación del artículo que amplía la prisión preventiva de los adolescentes.

“La prisión preventiva es la regla y no la excepción”, lamentó Viana, que fue pesimista con el nuevo sistema judicial para adolescentes. “Vamos hacia una prisión preventiva por pobreza”, señaló, en referencia a la “progresiva criminalización del proceso penal de los menores”. Mediante un ejemplo, explicó por qué el nuevo proceso es peor que el anterior, ya que “no se reúnen las pruebas hasta el juicio oral”. Según ilustró, en el caso de una persona que fue robada en la calle por un muchacho que tuviera un yeso en el brazo derecho, ahora ya no sería posible que la víctima reconozca al culpable en primera instancia, por lo que cualquier joven con un yeso en el brazo derecho sería pasible de ser apresado preventivamente hasta que se compruebe su inocencia. “Va a haber muchos inocentes presos con el nuevo proceso”, adelantó Viana. El ex fiscal se refirió a los dichos de Jorge Chediak,  presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que pidió públicamente disculpas anticipadas por los errores que se van a cometer en los primeros meses del nuevo CPP; según criticó, “pedir perdón por errores cuando se trata de la libertad de las personas no está bien”.

Del debate también participó Guillermo Payssé, integrante del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y abogado defensor de menores de edad, quien se mostró preocupado por la igualdad de condiciones entre la defensoría de oficio y la fiscalía, ya que existe un “desbalance de recursos económicos” entre las dos entidades. Además, advirtió que el aumento de la prisión preventiva de 90 a 150 días “golpea a la gestión del INISA”, que desde ahora se encargará también de realizar las pericias a los jóvenes.

INAU sí, INISA no

“A nosotros nos complica la vida”, replicó ÁlvaroViviano, que al momento del debate presidía interinamente el directorio del INISA. “Este sacudón en el inicio del INISA y separación del INAU nos hace correr de atrás”, dijo. Viviano también lamentó que no se haya convocado a la institución que integra para ser parte de la discusión parlamentaria, previo a la nueva legislación.  Sin embargo, Marisa Lindner, titular del INAU, señaló que dicho organismo sí fue consultado por los parlamentarios en el proceso de discusión en la Cámara de Senadores, pero reconoció que faltó un debate más plural.

A su entender, las modificaciones del CNA “no son suficientes”, y considera necesarias “más políticas que aseguren el ejercicio de los derechos de los niños y los adolescentes, y su inclusión social”. Lindner también se mostró contraria de colocar a este tramo etario como un problema y enfatizó en la responsabilidad de los adultos cuando un menor comete un delito.

Llamame más temprano

El diputado frenteamplista por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Carlos Coitiño, fue autocrítico con su bancada: “lo que votamos fue un error y la corrección la tenemos que hacer en conjunto”. Además, admitió que “un problema social profundo fue tratado de forma mecánica con la instrumentación de la mayoría parlamentaria” , y agregó que estos temas sociales no se pueden solucionar solo con acuerdos políticos.

El representante del PVP, que argumentó en contra de la modificación pero votó a favor por disciplina partidaria, señaló que es importante que se dé una “articulación entre la política y la sociedad civil” para corregir los errores. “Hay que oír la voz del trabajador que conoce el tema para la construcción de una propuesta conjunta”, concluyó. Ante esto, José Lorenzo (más conocido como Joselo) López, quien moderaba la actividad, le reclamó a Coitiño: “hubiese sido bueno que nos llamen antes” y alertó que las modificaciones del CNA “representan dificultades más grandes de las que ya existían”. El sindicalista, además, exigió cambios que den más garantías al proceso de los jóvenes, porque con la situación actual “se consigna que ser joven es delito”.

Según confirmaron varios medios, López y otros delegados del Suinau se reunieron la semana pasada con la vicepresidenta Lucía Topolansky para interiorizarla de la situación del INISA. Los sindicalistas le  trasladaron su preocupación sobre las malas condiciones en las que se encuentran muchos jóvenes y trabajadores de los centros, las que “se van a agravar a partir de la implementación del nuevo CPP, que va a generar un gran crecimiento de la población a atender”, advirtió el presidente de Suinau.

Simón López