Entre la ciencia y la política: enfoques encontrados

¿LEY DE RIEGO O PRIVATIZACIÓN DEL AGUA?

 

Senadores del Frente Amplio votando la ley de riego. Foto: Parlamento.gub.uy

El texto definitivo de la ley de Riego ha provocado un alud de críticas y cuestionamientos. Según surge de la contraposición de argumentos de los veintiocho especialistas en la materia en su carta abierta al Ministro Tabaré Aguerre y al público en general, las modificaciones a la Ley de Riego (16.858) fueron votadas en el Parlamento con argumentos errados que evidencian la ignorancia de cómo funciona el sistema hidráulico en Uruguay.

 

Bajo el título “Conciencia agropecuaria, sin ciencia“, la carta de los científicos afirma que las declaraciones del Ministro Tabaré Aguerre  contienen “argumentos técnicos inexactos”. A su vez reflexionan que “como sociedad deberíamos ser más exigentes con el conocimiento que manejan nuestras autoridades a la hora de tomar decisiones tan trascendentales como la aprobación de esta ley. En las decisiones políticas pueden primar otros criterios por sobre los criterios ambientales, pero no es válido que se usen argumentos técnicamente equivocados para justificar esas decisiones”.

Daniel Panario es ingeniero agrónomo, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales. En entrevista con Sala de Redacción, Panario dijo que adhiere al contenido de la carta en todos sus términos.

A su vez, explicó que es un  error conceptual grave la idea que se utilizó como argumento a favor de la ley. Esta idea productivista supone que debemos mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos, ya que el agua no utilizada con fines productivos llega al mar, se saliniza y se pierde. El especialista refutó esta idea: “el río es un ecosistema muy complejo donde el agua dulce que llega al mar es  necesaria, entre otras cosas, para la reproducción de los peces. Los que tienden a reproducirse en ambientes no tan salados. Y gracias al agua dulce de río, que llega al mar y se mezcla, se genera el ambiente propicio para varias especies”.

El análisis que hizo el Centro Universitario Regional del Este (CURE) sobre la ley en cuestión, también critica este postulado y lo considera “una visión en extremo acotada que entiende a ríos y arroyos como simples conductores del agua, y desconoce el funcionamiento de los cursos de agua, embalses, y el ciclo hidrológico en general”. A su vez, recuerda que “el agua dulce que llega al mar, cumple un rol crítico en los ecosistemas marinos costeros, contribuyendo a mantener las condiciones de vida y crecimiento para las especies que allí viven. Entre dichas especies se cuentan muchas de importancia económica y social que sustentan las pesquerías artesanales e industriales (corvina; brótola), así como pesquerías recreativas asociadas al turismo”.

Otra de la externalidades negativas de esta ley es que “la represa interrumpe las especies migratorias de peces, por ende, se pierde una buena  parte de la capacidad de autorregulación biológica de los ríos, con lo cual aumentan los procesos de contaminación”, afirmó por su parte Panario.

Un informe del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias denuncia que la ley no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala. “El agua no sobra, es parte del ciclo hidrológico natural, y como tal cumple diversas funciones relevantes en los ecosistemas”, explican los especialistas. Por otra parte, advierten sobre el posible desarrollo de cianobacterias y floraciones algales potencialmente tóxicas.

Jacobinos de la represa

A pesar de todos los factores negativos expuestos previamente , la ley fue aprobada por casi todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria.  La excepción fue Unidad Popular. Algunos legisladores criticaron sus características y plantearon varias dudas al respecto, pero amparándose en la disciplina partidariala votaron igual.

Es el caso de la Senadora Constanza Moreira que expresó su preocupación mediante un comunicado de prensa emitido por Casa Grande. En él se recuerda, que el programa de Frente Amplio establece que “se promoverá una estructura empresarial con menos concentración y extranjerización que la actual“ . Asimismo, “se reafirma la importancia de la soberanía nacional sobre los recursos naturales de interés estratégico, los que quedarán inhibidos de cualquier forma de propiedad o tenencia por países o empresas estatales extranjeras”. El comunicado  indica que la ley “tiene aspectos contrarios al programa ya que no inhibe la tenencia de derechos sobre el agua, recurso natural de interés estratégico, a estados o empresas estatales extranjeras”.

Además, Moreira expuso que la ley es favorable para los grandes productores de granos de secano-  maíz, soja y trigo- y  podría aumentar la concentración de la tierra, según publicó el portal 180. Sin embargo, la izquierda mayoritaria y la derecha, aprobaron este proyecto.

Gustavo Ricci, presidente de la Federación de Funcionarios de O.S.E (FFOSE) en entrevista con SdR contó que se van a tomar dos caminos para impedir la implementación de la ley.  Por un lado, se intentará la realización de un referéndum y , por otro, interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. “A partir del 27 de octubre que se promulgó la ley, ya estamos habilitados a comenzar la recolección de firmas para el referéndum. Deben ser como mínimo  750 mil firmas y tenemos un año para recolectarlas” , explicó el dirigente sindical.

Privatización

El diputado suplente Carlos Pérez, perteneciente a Unidad Popular, afirmó a SdR que es una ley inconstitucional. El artículo 47 de la Constitución de la República establece que lo único que queda fuera de dominio público es el agua de escurrimiento. “Es privatización porque queda en función de los intereses de un privado con fines de lucro y va en contra de lo que el pueblo decidió en el plebiscito de 2004”, reflexionó.

Además, comentó que el hecho de decir que ya había represas privadas hace 20 años, no constituye un argumento. “No por eso vamos habilitar a que haya más, sin controles suficientes, con inversión del Banco Mundial y del gran capital extranjero. No es sólo privatización, también es extranjerización del agua”, sentenció Pérez.

Asimismo, cree que hay que sincerarse y “llamar las cosas por su nombre” para tener un debate honesto. “Se habilita la inversión privada, se crea la figura de operador privado, la gestión del recurso es privada y se establece un precio al agua. Pero desde el oficialismo niegan que sea una privatización”, criticó el Diputado.

En consecuencia, “los productores que estén por debajo de la represa van a ser rehenes. No les va quedar otra alternativa más que comprar el agua porque no va a haber nadie que invierta en la represas, si no tiene un mercado de venta y si no retorna la inversión”, concluyó.

Otro punto es que “se avanzó en la aprobación de la ley sin saber cuántas represas se van a construir, dónde van a estar ubicadas, cuántas represas puede haber por cuenca, ni cuál es el caudal ecológico de cada curso de agua”, afirmó Pérez; alegó que  “es muy peligroso implementar esta ley sin estudios previos”.

Nadia Campos