Tanto funcionarios de OSE como sectores políticos se posicionan en contra de la Ley de Riego

SE PLANTAN FUERTE

GUILLAUME SOUVANT / AFP

La Ley de Riego, aprobada por amplia mayoría en el Parlamento, implica para algunos una privatización del agua ya que abre la posibilidad de que los productores se asocien para vender ese recurso. Para otros, busca atraer capital privado para construir tanto represas como embalses y apunta a incrementar la producción agropecuaria del país.

“Para integrarse al sistema de riego hay que hipotecar la tierra, por lo tanto ante cualquier crisis, los inversores se quedarán con los sistemas de riego”, afirmó Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular, quien entiende que el proyecto va a incrementar la concentración y extranjerización de la tierra. Asimismo, se mostró tajante al declarar que la ley es inconstitucional porque “privatiza el agua”. El artículo 47 de la Carta Magna sostiene que las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico”.

Gustavo Ricci, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), declaró que los principales ríos del país ya tienen un estado grave de contaminación, y el mecanismo de los embalses tiene implicancias en la calidad de las cuencas y de los ríos donde OSE toma el agua para potabilizarla. En la cuenca del río Santa Lucía, por ejemplo, “los controles que se hacen por parte del Estado son muy precarios. OSE incrementó sus costos para potabilizar el agua, la realidad es que esta ley viene a entorpecer más este proceso”, comentó. En la misma línea, Carlos Sosa, funcionario de OSE y secretario de FFOSE, dijo que “las aguas superficiales están comprometidas. La ley favorece el deterioro de la calidad del agua”.

Por su parte, Ricci agregó que hay otras cuestiones por las que se manifiestan en contra de la ley. Una de ellas es que los embalses “acumulan el caudal del agua y no permiten su flujo normal, lo que genera un aumento de la temperatura y las condiciones ideales para que se produzcan algas y cianobacterias, especies que contaminan los cauces en el país”. Rubio coincidió con el funcionario de OSE al sostener que los ríos están contaminados y la instalación de grandes superficies de aguas estancadas va a multiplicar la contaminación.

Asimismo, sostuvo que tanto en la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) como en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) “no tienen el personal suficiente para controlar las superficies a grandes escalas que permite la ley. Hoy todos estamos pagando por la contaminación que produce el sistema productivo agropecuario”, culminó.

Desde el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad (Saras), centro de investigación del que participa la Universidad de la República, se sostiene que “la gestión de los cuerpos de agua corrientes no se restringe únicamente a los cauces superficiales y a la cantidad de agua que circula en los mismos”. Además, se agrega que si los componentes son gestionados de forma independiente o fragmentada pueden generar “múltiples limitaciones y fallas”. A su vez, se advierte que las “obras de canalización representan una de las perturbaciones de origen humano más frecuentes y severas que afectan todos los componentes del sistema”.

Por su parte, Alejo Umpierrez, presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes y diputado por el Partido Nacional, sostuvo en la sesión del 5 de setiembre que “el riego es vital para el futuro agropecuario del país”. Agregó que los sistemas de riego deben ser de predios contiguos o de predios separados, si están conectados en forma artificial mediante un sistema de riego o un curso natural de agua. “En cuanto al curso natural de agua, lo que está en juego son los permisos que el Poder Ejecutivo otorga para extracción a través de la Dinagua, que están regulados de acuerdo a lo que se denomina el caudal ambiental”. A su vez, afirmó que “no hay una privatización del agua”, ya que el Estado es el administrador del recurso. También señaló que la Ley de Riego servirá para incrementar la acumulación de reserva de agua dulce que tiene el país.

Riego en Uruguay

En el anuario 2016 de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se sostiene que el clima de Uruguay permite la producción agropecuaria de muchos rubros en base al aporte natural de agua de las lluvias, con excepción del cultivo de arroz. Sin embargo, la irregularidad de las lluvias hace que los rendimientos de los cultivos y pasturas sean “variables”. El MGAP, en coordinación con otros ministerios, se propuso el desarrollo de una “estrategia nacional” de fomento del riego. En el caso de Uruguay, las grandes sequías fueron el impulso a diferentes proyectos de mejoramiento del riego agropecuario.

Fuente: OPYPA 2016

En el anuario se pone como ejemplo el cultivo de arroz, que “ creció en forma sostenida en el país en los últimos 40 años: el área total bajo riego en 1970 era de 52.000 hectáreas y en 2015 se estima en unas 205.000 hectáreas (180.000 de arroz y 25.000 el resto)”. Hasta el año 2000, el motor del crecimiento del riego fue el arroz, cultivo que representó entre el 70 y 80 por ciento del área regada, con un 90 por ciento del total de agua destinada a esa finalidad.

El desarrollo del riego a partir de fuentes artificiales mediante represamientos tuvo hasta el momento un abordaje individual. Muchos productores han quedado excluidos de la posibilidad de construir una fuente de agua, ya sea por no tener lugares para hacer una represa o por el tamaño del predio. El riego constituye el 84 por ciento del consumo total del agua y el humano un 9 por ciento. En el anuario se muestra también que el 61 por ciento del riego proviene de embalses.

Camino al referéndum

El sindicato de OSE recolectará firmas para presentarlas ante la Corte Electoral. Si ésta las aprueba, se llamaría a un referéndum, en un momento distinto de las elecciones nacionales, para buscar la derogación de la ley. Sosa sostuvo que el Congreso Nacional de Delegados definió dos caminos a recorrer: el de anteponer un recurso de inconstitucionalidad y el del referéndum contra la ley. Además, agregó que el artículo 47 establecido mediante una reforma constitucional en 2004 es muy claro y las modificaciones que impone la ley lo violan. Asimismo, agregó que el agua es un recurso público “que el Estado debe gestionar y sobre el que ningún agente privado puede tener manejo”. Rubio calificó de positiva la iniciativa de FFOSE, pero su fuerza política no ha tomado una decisión acerca de qué camino recorrer para impugnar la ley.

Joaquín Duomarco