La creación de fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y la prolongación de los procesos

EL TIEMPO NO PASA

 

Durante la 21ª Marcha del Silencio. Foto: Rebelarte

La Justicia acumula más de trescientos procesos por denuncias referidas a delitos de terrorismo de Estado ocurridos entre 1969 y 1985. La primera causa judicial con registro fue iniciada en 1975, en el juzgado penal de 2º Turno de Montevideo, por la muerte de Rodolfo Fernández Cúneo, en el penal de Libertad. El conjunto no ha cesado de crecer hasta el corriente año. Una cuarta parte de las causas ha sido archivada o tiene pedido el archivo y nada menos que un 60 por ciento se encuentra en estado de presumario, es decir, apenas iniciadas, en construcción de las pruebas. Apenas nueve causas, un 3 por ciento, dieron lugar a una sentencia definitiva.

En cuanto a su distribución en el tiempo, una quinta parte se inició antes de 1990 —mayormente, antes de 1987, cuando entró en vigencia la ley de Caducidad que confinó la iniciativa procesal al Poder Ejecutivo y puso en marcha la máquina política de archivar denuncias— y tres quintas partes, a partir de denuncias originales o renovadas entre 2010 y 2011. Los datos surgen de los registros que actualiza regularmente el Observatorio Luz Ibarburu (OLI), creado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en 2012 para supervisar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman, por la cual Uruguay debió reconocer los delitos de terrorismo de Estado durante la dictadura y, en particular, la desaparición forzada de María Claudia García. La sentencia disponía que el Estado uruguayo debía facilitar formación a los operadores judiciales y facilitar a la justicia los medios para la eficacia de las investigaciones.

La situación actual, a tres décadas de la ley de Caducidad, es que las causas se encuentran en virtual parálisis y que el cumplimiento de la sentencia del CIDH es, por lo menos, menguante, según el informe del OLI.

Fiscalía nueva para procesos viejos

La medida propuesta por el Poder Ejecutivo para cumplir con estos requerimientos es la creación de una fiscalía exclusiva para todas las causas relacionadas con el terrorismo de Estado durante la pasada dictadura, con competencia nacional y especialización en delitos de lesa humanidad, de manera que permita a la Fiscalía de Corte “llevar a cabo su función en esta materia con la especialidad necesaria” y “diseñar una estrategia a medida (en) estas causas para contemplar sus particularidades y complejidades”, según la fundamentación en el proyecto de ley. El 19 de octubre, un año después de su ingreso al Parlamento, se aprobó. La nueva fiscalía aguarda a que se normalice el andamiento del nuevo sistema procesal penal, vigente desde el comienzo de noviembre.

Fuentes de la Fiscalía de Corte entendieron, en diálogo con SdR, que la posibilidad de especializar una fiscalía para un conjunto de causas de alta complejidad, con jurisdicción nacional, otorgará una gran diferencia para la agilidad procesal. Si bien no se ha establecido con qué estructura profesional contará la nueva fiscalía, estiman que es razonable que opere como es habitual con un fiscal adscripto y otro adjunto al fiscal letrado.

Algunos especialistas y profesionales judiciales son escépticos respecto del efecto de esta medida para acelerar las causas abiertas. Los denunciantes se han creado expectativas, pero perciben que el destino de su vindicación ante los estrados dependerá de que los jueces asuman la naturaleza específica de los crímenes de Estado que se cometieron. Pero, mucho antes de que los magistrados se pronuncien, los denunciantes luchan contra la dificultad para establecer la prueba debido a la rotación de jueces y fiscales e, incluso, contra una dificultad superior: que los operadores judiciales reconozcan como posibles los hechos denunciados.

Mirtha Guianze, que desarrolló su carrera como fiscal y se ocupó de causas relacionadas con los delitos cometidos en dictadura, entiende que la creación de una fiscalía única no será una solución en los términos planteados: que un fiscal concentre todos los elementos probatorios de las causas, radicadas ya en Monte­video, ya en Bella Unión, y en cambio puede llegar a ser un entorpecimiento, al menos si no se constituye una fiscalía superespecial, con un equipo que pueda desplegar presencia en juzgados que de por sí van a estar recargados y con la tarea de diligenciar toda la prueba de estos juicios. Por otra parte, si bien quizás se podría, con los medios informáticos y los funcionarios capacitados suficientes, desplegar presencia del ministerio público en cada sesión judicial de cada juzgado del país donde se radique una causa, difícilmente se aceleren los procesos porque el fiscal no asumiría las nuevas funciones (del nuevo Código del Proceso Penal) sino que continuaría con las actuales: no investiga, no diligencia la prueba, sino que le solicita a un juez que lo haga. El fiscal puede pedir muchas pruebas, pero que se las diligencien es una cosa diferente; es solo uno de los actores en el expediente, muy poco trascendente si no tiene un juez que lo respalde y que trabaje a la par. Y eso no se va a dar porque no habrá jueces especializados, sostiene la ex fiscal.

Lucía Arzuaga, militante política desde muy joven, fue detenida bajo la dictadura militar a los 23 años y sufrió la mayor parte de su prisión en la cárcel de Punta de Rieles. Denunció a sus carceleros por torturas y vejaciones en 1985, recuperada la democracia, y su causa fue archivada a partir de la aplicación de la ley de Caducidad. En 2011, al cabo de un doloroso proceso de exhumación colectiva de aquellas experiencias vividas por expresas de muy diversas edades y trayectorias, denunció nuevamente, ahora junto con otras 27 mujeres, a más de cien responsables directos de la violencia sufrida, militares y civiles, impunes la mayor parte de ellos, más de un cuarto de siglo después del término de la dictadura. Las denunciantes que iniciaron así una larga peregrinación hacia la dignidad por estrados judiciales y forenses, y soportaron revisitar su cautiverio y a sus torturadores, han visto reducido su contingente por la implacable biología al cabo de los años. El juicio se encuentra todavía en etapa de presumario para la mayor parte de las denuncias. Dio lugar a un solo procesamiento.

Arzuaga integra el colectivo “Denunciantes penales por violación de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, que se ha manifestado estos días en la calle y a través de un corto testimonial en televisión bajo la consigna “Justicia que tarda no es justicia”. Guarda razonable expectativa acerca de que se comiencen a instrumentar cambios en los procedimientos judiciales, pero no llega a anticipar cómo los facilitarían los jueces. Estas denunciantes conocen bien, al cabo de seis años, las dificultades para constituir la prueba, la sostenida estrategia de las defensas de los imputables, la diversidad de interpretación de la calidad de los delitos.

“La prolongación de todos los procesos es un problema. A veces no sabés si realmente te escuchan o si sirve todo lo que informás. Nosotras les llevamos información, les llevamos material, les llevamos dónde estuvo cada uno (de los indagados) en su carrera, arma por arma. Hicimos un trabajo de investigación nosotras, ¿viste?”. El trabajo de lectura y comprensión de tantos quilos de información no necesariamente se convierte en conocimiento para tomar decisiones.“Durante todo este tiempo nos cambiaron de juez y de fiscal, dos veces. ¡Otra que revictimizarte! Una cosa es que veas a un juez y el hombre te escuche, se banque tu llanto y, otra, que después venga uno nuevo, y otro, y traten de enterarse por lo que quedó escrito, cuando lo que explicás es algo complejo, que debe ser escuchado”. La circunstancia histórica de los hechos denunciados es poco conocida por los jueces y el propio método documental no es eficiente para recoger descripciones complejas, no solo por la inevitable pérdida en la transcripción a lenguaje escrito sino porque en cierta medida el registro de las declaraciones es resumido o abreviado. “‘No, mire, yo demoré treinta años en poder llegar a decir todo lo que dije. No resuma nada. Quiero que conste todo lo que dije’. Y yo, una de las pocas que me bancaba releer todo, me ponía a escribir lo que faltaba en los márgenes. ¿Te das cuenta? El juez siguiente, el nuevo que viene, a lo que tiene acceso, es a una narración abreviada”, plantea Arzuaga.

Por otra parte, las defensas de los indagados trabajan apelando a un eventual criterio de prescripción de los delitos que pueda ser adoptado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ante denuncias de inconstitucionalidad, entre otros recursos. “Los abogados defensores trabajan en equipo. Y la fiscalía, muchas veces, no acude a las audiencias. Si ahora se unifica en una sola, no sé cómo pueden hacer. Debería contar con algo así como un equipo de diez fiscales. La defensa, de lo contrario, se maneja con ventaja. El fiscal debe estar sentado allí, si es necesario, dos días, en una audiencia, preguntando”, señala Guianze. La ausencia abona a que la otra parte ocupe su turno para preguntar.

Los delitos ocurridos bajo la dictadura parecen ser una complicación para los magistrados. En Uruguay no se han constituido, como en Argentina, juzgados especializados para delitos de terrorismo de Estado, y estas causas ceden prioridad a otras en apariencia más urgentes. “Estoy asombrada de la cantidad de causas detenidas, el tiempo que llevan, las audiencias suspendidas, la aceptación por los jueces de las chicanas de las defensas, los jueces que no entran a las audiencias —audiencias sin más asistente que un abogado del OLI y un receptor—. Una vergüenza. Y los abogados de los militares no fallan, siempre hay dos o tres”, sostiene Guianze. La diferente priorización también es significativa para las denunciantes, que perciben que sus denunciados rara vez comparecen en el juzgado y, en otras causas, como la de la estafa de Fonasa, se procesa en el mismo juzgado a decenas de imputados en cuestión de semanas.

Más allá de lo procesal, el mayor problema con estos delitos es su definición penal. Las defensas, desde el comienzo y antes de que se constituya el sumario, oponen recursos de variado tipo, desde cuestionamientos a la calidad de las declaraciones y los declarantes hasta certificaciones médicas para que el indagado no concurra, pero lo más reiterado son las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la SCJ, laudadas por la Corte con voto dividido a lo largo de los años, en función de la composición del tribunal. Hace pocas semanas, la SCJ falló, para un caso, a favor de la inconstitucionalidad del artículo 2 y 3 de la ley de Caducidad. El fallo produjo reacciones de rechazo, entre ellas, la del Fiscal de Corte, Jorge Díaz y, a título personal, la de Wilder Tayler, actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INNDDH), reacciones que ponen sustancialmente el foco sobre la naturaleza de los hechos denunciados, sobre las obligaciones internacionales del sistema jurídico uruguayo desde los juicios de Nüremberg al final de la Segunda Guerra y sobre el problema del acceso a la justicia de un conjunto importante de víctimas, desde la dictadura hasta ahora, o al menos durante tres décadas.

Esa ambivalencia del órgano máximo del poder judicial no parece invitar a la constancia en la labor de los jueces, y en todo caso las interpretaciones de la ley van apareciendo disímiles. Ha sido frecuente que los jueces no computen para la prescripción de delitos, en efecto, el período de 25 años de suspensión de la pretensión punitiva que se arrogaron los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre el poder Judicial en 1986. De hecho, algunos fallos de la SCJ avalan esa interpretación. Pero la lectura de sentencias parece sugerir criterios más diversos en cuanto a la punibilidad de algunos hechos.

En la causa de las 28 mujeres contra un centenar largo de militares policías y civiles, de 2011, solo ha sido procesado, el año pasado, el capitán Asencio Lucero, responsable de inteligencia en el regimiento de Caballería Nº 9, hoy fallecido, una vez que reconoció en su declaración los crímenes. El fiscal lo había imputado, luego de su confesión y de un recurso de inconstitucionalidad al que la SCJ no hizo lugar en esa oportunidad, por torturas y reiterados delitos de privación de libertad, posiblemente en el entendido de que los delitos de violencia sexual quedarían comprendidos en “torturas”. Pero la jueza penal de 16º turno, doctora Julia Staricco, una vez recogida expresamente la evidencia de torturas directas de Lucero sobre al menos siete detenidas, en su fallo, no incluyó el delito de torturas en la condena porque esta figura no estuvo incluida en la normativa penal en el momento de los hechos denunciados.

El capitán Lucero manifestó que su proceder estaba amparado por una política, por una estructura organizativa, que no hacía falta recibir órdenes específicas, y reconoció “ablandamientos”. Le llegó el procesamiento porque dijo que era verdad, manifiesta Lucía Arzuaga. Y al cabo de todo este viaje terrible para nosotras, que (los denunciados) no vayan, que no los conduzcan a declarar… eso te mata. Y bueno, nosotras teníamos que hacer algo con todo eso. No sé si en algún momento se va a resolver alguna cosa o si tendremos que seguirla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Ariel Collazo

La Justicia de Uruguay acumula más de trescientos procesos por denuncias referidas a delitos de terrorismo de estado ocurridos entre 1969 y 1985. La primera causa judicial con registro fue iniciada tan pronto como en 1975, a partir de una denuncia en el juzgado penal de 2º Turno de Montevideo por la muerte de Rodolfo Fernández Cúneo, en el penal de Libertad. El conjunto no ha cesado de crecer hasta el corriente año. Una cuarta parte de las causas ha sido archivada o tiene pedido el archivo y nada menos que un 60 % se encuentra en estado de presumario, es decir, apenas iniciadas, en construcción de las pruebas. Apenas nueve causas, un 3 %, dieron lugar a una sentencia definitiva.

En cuanto a su distribución en el tiempo, una quinta parte se inició antes de 1990 —mayormente, antes de 1987, cuando entra en vigencia la ley 15.848 de Caducidad de la pretensión punitiva del estado, que confinó con exclusividad en el poder Ejecutivo la iniciativa procesal, poniendo en marcha la máquina política de archivar denuncias— y tres quintas partes, a partir de denuncias originales o renovadas en torno de 2010–2011. Tales datos surgen de los registros que actualiza regularmente el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) creado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en 2012, para supervisar el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman contra el estado uruguayo, por la cual Uruguay debió reconocer los delitos de terrorismo de estado durante la dictadura y, en particular, la desaparición forzada de María Claudia García. La sentencia disponía que el estado uruguayo debía facilitar formación a los operadores judiciales y facilitar a la Justicia los medios para la eficacia de las investigaciones.

Cantidad de causas por delitos de terrorismo de estado, por año de inicio (fuente: Observatorio Luz Ibarburu).

La situación actual, a tres décadas de la ley de Caducidad y seis años después de derogada, es que las causas se encuentran en virtual parálisis y que el cumplimiento de la sentencia del CIDH es, por lo menos, menguante y carente de un horizonte para concluir, según el informe del OLI.

Fiscalía nueva para procesos viejos

La medida principal propuesta por el poder Ejecutivo en relación con ese cumplimiento y la facilitación de los procesos en la órbita del poder Judicial ha sido la asignación de una fiscalía exclusiva para todas las causas relacionadas con el terrorismo de estado durante la pasada dictadura, con competencia nacional y especialización en delitos de lesa humanidad, de manera que permita a la Fiscalía de Corte “llevar a cabo su función en esta materia con la especialidad necesaria” y “diseñar una estrategia a medida [en] estas causas para contemplar sus particularidades y complejidades”, según se fundamentaba en el proyecto de ley. Este obtuvo aprobación hace pocos días, al cabo de un año desde la iniciativa de la Fiscalía de Corte, y la nueva fiscalía aguarda constituirse luego de que se normalice el andamiento del nuevo sistema procesal penal, vigente desde el comienzo de noviembre.

Fuentes de la Fiscalía de Corte entienden que la posibilidad de especializar una fiscalía para un conjunto de causas de alta complejidad, con jurisdicción nacional, obrará una gran diferencia para la agilidad procesal, tanto como “entre el día y la noche”. Apelan a dimensionar el esfuerzo que involucra introducir estas modificaciones, en particular en el actual contexto de conversión del procedimiento penal hacia el sistema acusatorio que instaló el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Si bien no se ha establecido con qué estructura profesional contará la nueva fiscalía, estiman que es razonable que opere como es habitual con un fiscal adscripto y otro adjunto al fiscal letrado.

Algunos especialistas y profesionales judiciales son escépticos respecto del efecto de esta medida para acelerar las causas abiertas, que no han cesado de aumentar hasta el corriente año, y del lado de los denunciantes se ha creado expectativa, pero perciben que el destino de su vindicación ante los estrados dependerá de que los jueces asuman la naturaleza específica de crímenes del estado que tienen los sufridos por ellos. La cuestión está siendo objeto de al menos dos interpretaciones en sucesivas sentencias. Pero, mucho antes de que los magistrados se pronuncien, los denunciantes luchan contra la dificultad para establecer la prueba debido a la rotación de jueces y fiscales e, incluso, contra una dificultad superior: que los operadores judiciales reconozcan como posibles los hechos denunciados.

Dos visiones, una desde los denunciantes y otra desde una experiencia directa detrás de las barandas judiciales, facilitan una mirada mucho más compleja de la principal innovación introducida por el estado.

Mirtha Guianze desarrolló su carrera ejerciendo como fiscal del ministerio público, al cual representó en diversos juicios por crímenes de terrorismo de estado, y fue directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos hasta hace pocos meses. En su opinión, la creación de una fiscalía única “no será una solución en los términos planteados: que un fiscal concentre todos los elementos probatorios de las causas, radicadas ya en Monte­video, ya en Bella Unión”, y hasta puede llegar a ser “un entorpecimiento, al menos si no se constituye una fiscalía superespecial, con un equipo que pueda desplegar presencia en juzgados que de por sí van a estar recargados y con la tarea de diligenciar toda la prueba de estos juicios”. Por otra parte, si bien quizás se podría, con los medios informáticos y los funcionarios capacitados suficientes, desplegar presencia del ministerio público en cada sesión judicial de cada juzgado del país donde radique una causa, difícilmente se aceleren los procesos porque el “fiscal no asumiría las nuevas funciones [del nuevo CPP] sino que continuaría con las actuales: no investiga, no diligencia la prueba, sino que le solicita a un juez que lo haga”. “El fiscal puede pedir muchas pruebas, pero que se las diligencien es una cosa diferente; es solo uno de los actores en el expediente, muy poco trascendente si no tiene un juez que lo respalde y que trabaje a la par. Y eso no se va a dar porque no habrá jueces especializados”, sostiene la jurista.

Lucía Arzuaga, militante política desde muy joven, fue detenida bajo la dictadura militar a los 23 años y sufrió la mayor parte de su prisión en la cárcel de Punta de Rieles. Denunció a sus carceleros por torturas y vejaciones en 1985, recuperada la democracia, y su causa fue archivada a partir de la aplicación de la ley de Caducidad. En 2011, al cabo de un doloroso proceso de exhumación colectiva de aquellas experiencias vividas por exprisioneras de muy diversas edades y trayectorias, denunció nuevamente, ahora junto con otras 27 mujeres, a más de cien responsables directos de la violencia sufrida, militares y civiles, impunes la mayor parte de ellos, más de un cuarto de siglo después del término de la dictadura. Las denunciantes que iniciaron así una larga peregrinación hacia la dignidad por estrados judiciales y forenses, y soportaron revisitar su cautiverio y sus torturadores, han visto reducido su contingente por la implacable biología al cabo de los años. El juicio se encuentra todavía en etapa de presumario para la mayor parte de las denuncias. Dio lugar a un solo procesamiento.

Arzuaga integra el colectivo Denunciantes penales por violación de los derechos humanos durante el terrorismo de estado, que se ha manifestado estos días bajo la consigna “Justicia que tarda no es justicia” en la calle y a través de un corto testimonial en televisión. Guarda razonable expectativa acerca de que se comiencen a instrumentar cambios en los procedimientos judiciales, pero no llega a anticipar cómo los facilitarían los jueces. Estas denunciantes conocen bien, al cabo de seis años, de las dificultades para constituir la prueba, de la sostenida estrategia de las defensas de los imputables, de la diversidad de interpretación de la calidad de los delitos.

A ver: la prolongación de todos los procesos es un problema. A veces no sabés si realmente te escuchan o si sirve todo lo que informás. Nosotras les llevamos información, les llevamos material, les llevamos dónde estuvo cada uno [indagado] en su carrera, arma por arma. Hicimos un trabajo de investigación nosotras, ¿viste?” El trabajo de lectura y comprensión de tantos kilos de información no necesariamente se convierte en conocimiento para tomar decisiones.“Durante todo este tiempo [seis años] nos cambiaron de juez y de fiscal, dos veces. ¡Otra que revictimizarte! Una cosa es que veas a un juez y el hombre te escuche, se banque tu llanto y, otra, que después venga uno nuevo, y otro, y traten de enterarse por lo que quedó escrito, cuando lo que explicás es algo complejo, que debe ser escuchado.” La circunstancia histórica de los hechos denunciados es poco conocida por los jueces y el propio método documental no es eficiente para recoger descripciones complejas, no solo por la inevitable pérdida en la transcripción a lenguaje escrito sino porque en cierta medida el registro de las declaraciones es resumido o abreviado. “No, mire, yo demoré treinta años en poder llegar a decir todo lo que dije. No resuma nada. Quiero que conste todo lo que dije. Y yo, una de las pocas que me bancaba releer todo, me ponía a escribir lo que faltaba en los márgenes. ¿Te das cuenta? El juez siguiente, el nuevo que viene, a lo que tiene acceso, es a eso, una narración abreviada.

Por otra parte, las defensas de los indagados trabajan con profesional consistencia, apelando a un eventual criterio de prescripción de los delitos que pueda ser adoptado por la SCJ ante denuncias de inconstitucionalidad, entre otros recursos. La exfiscal Guianze señala: “Los abogados defensores trabajan en equipo. Y la fiscalía, muchas veces, no acude a las audiencias. Si ahora se unifica en una sola, no sé cómo pueden hacer. Debería contar con algo así como un equipo de diez fiscales. La defensa, de lo contrario, se maneja con ventaja. El fiscal debe estar sentado allí, si es necesario, dos días, en una audiencia, preguntando”. La ausencia abona que la otra parte ocupe su turno para preguntar.

Los delitos ocurridos bajo la dictadura parecen ser una complicación para los magistrados. En Uruguay no se han constituido, como en Argentina, juzgados especializados para delitos de terrorismo de estado, y estas causas ceden prioridad a otras en apariencia más urgentes. Comenta Guianze: “Estuve hace pocos días en el OLI conversando y me quedé asombrada de la cantidad de causas detenidas, el tiempo que llevan, las audiencias suspendidas, la aceptación por los jueces de las chicanas de las defensas, los jueces que no entran a las audiencias —audiencias sin más asistente que un abogado del Observatorio y un receptor—. Una vergüenza. Y los abogados de los militares no fallan, siempre hay dos o tres”. La diferente priorización también es significativa para las denunciantes, que perciben que sus denunciados rara vez comparecen en el juzgado y, en otras causas, como la recientemente incoada contra los estafadores del Fonasa, se procesa en el mismo juzgado a decenas de imputados en cuestión de semanas.

Más allá de lo procesal, el mayor problema con estos delitos es su definición penal. Las defensas, desde el comienzo y antes de que se constituya el sumario, oponen recursos de variado tipo, desde cuestionamientos a la calidad de las declaraciones y los declarantes hasta certificaciones médicas para que el indagado no concurra, pero lo más reiterado son las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la SCJ, laudadas por la Corte con voto dividido a lo largo de los años, en función de la composición del tribunal. Hace pocas semanas, la SCJ falló, para un caso, a favor de la inconstitucionalidad del artículo 2 y el artículo 3 de la ley 18.831, que excluyeron del cómputo de prescripción y calificaron como “de lesa humanidad” los delitos sobre los cuales había hecho caducar la pretensión punitiva del estado la ley 15.848 de 1986. El fallo produjo reacciones de rechazo, entre ellas, la del Fiscal de Corte, Jorge Díaz y, a título personal, la de Wilder Tayler, actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDH), reacciones que ponen sustancialmente el foco sobre la naturaleza de los hechos denunciados, sobre las obligaciones internacionales del sistema jurídico uruguayo desde los juicios de Nüremberg al final de la Segunda Guerra y sobre el problema del acceso a la justicia de un conjunto importante de víctimas, desde la dictadura hasta ahora, o al menos durante tres décadas.

Esa ambivalencia del órgano máximo del poder judicial no parece invitar a la constancia en la labor de los jueces, y en todo caso las interpretaciones de la ley van apareciendo disímiles. Ha sido frecuente que los jueces no computen para la prescripción de delitos, en efecto, el periodo de 25 años de suspensión de la pretensión punitiva que se arrogaron los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre el poder Judicial en 1986. De hecho, algunos fallos de la SCJ avalan esa interpretación. Pero la lectura de sentencias parece sugerir criterios más diversos en cuanto a la punibilidad de algunos hechos.

En la causa de las 28 mujeres contra un centenar largo de militares policías y civiles, de 2011, solo ha sido procesado, el año pasado, un militar, el capitán Asencio Lucero, responsable de inteligencia en el regimiento de Caballería Nº 9, hoy fallecido, una vez que reconoció en su declaración los crímenes objeto de denuncia. El fiscal lo había imputado, luego de su confesión y de un recurso de inconstitucionalidad al que la SCJ no hizo lugar en la oportunidad, por torturas y reiterados delitos de privación de libertad, posiblemente en el entendido de que los delitos de violencia sexual contra ellas quedarían comprendidos en “torturas”. Pero la jueza penal de 16º Turno, doctora Julia Staricco, una vez recogida expresamente la evidencia de torturas directas de Lucero, sobre al menos siete detenidas, en su fallo, no incluyó el delito de torturas en la condena porque esta figura no estuvo incluida en la normativa penal en el momento de los hechos denunciados.

Más allá de que hubo una definición del concepto por las Naciones Unidas en 1975 y de que el delito ha estado condenado internacionalmente desde las sentencias de Nüremberg, es cierto que la palabra tortura no ha figurado en el Código Penal uruguayo hasta que la introdujo la ley 18.026 en 2006. Ahora bien, un periodista o un ciudadano o un lego se puede preguntar: ¿Era admisible la tortura antes de la dictadura? ¿Estaba amparada como recurso del estado para proteger bienes jurídicos más relevantes? ¿No protegía la Constitución de 1967, hasta hoy vigente, la integridad de las personas a cargo del estado? Son preguntas sobre las que probablemente encontremos más de una “biblioteca” entre los juristas, pero repasando artículos aún vigentes del antiguo código Penal de Irureta Goyena, de 1933, se encuentran algunos que refieren a una protección de ciertos derechos humanos (antes de que el Estatuto de Roma los comenzara a tutelar activamente a través de la Corte Penal Internacional, en 1998) y que castigan con penas de prisión o de penitenciaría —además de la privación de libertad imputada a Asencio Lucero—: la violencia privada (art. 288), la pesquisa (en el cuerpo de la persona, art. 287), el abuso de autoridad contra los detenidos (art. 286), el atentado violento al pudor (art. 273), el ultraje público al pudor (art. 277), la violación (art. 272), la falsificación ideológica por un funcionario (art. 238), además de artículos referidos a delitos contra la libertad política (art. 303), y a las lesiones personales en todas sus variantes (en el Título XII, De los delitos contra la personalidad física y moral del hombre).

El capitán Lucero manifestó que su proceder estaba amparado por una política, por una estructura organizativa, que no hacía falta recibir órdenes específicas, y reconoció, no algo denominable para él “torturas”, sino “ablandamientos”. “Le llegó el procesamiento porque dijo que era verdad”, manifiesta Lucía Arzuaga. “Y al cabo de todo este viaje terrible para nosotras, que [los denunciados] no vayan, que no los conduzcan a declarar… Eso te mata… Y bueno…, nosotras teníamos que hacer algo con todo eso. No sé si en algún momento se va a resolver alguna cosa o si tendremos que seguirla en la Corte Interamericana [de Derechos Humanos].”