Colonias psiquiátricas: irregularidades administrativas y financieras a estudio de investigadora parlamentaria

DE MANO EN MANO

Susana Muñiz, Francisco Wins, Richard Millán y Federico Sacchi en la inauguración de la remodelación del Pabellón 11 de la Colonia Etchepare. Diciembre de 2016. Foto ASSE

La Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la Gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 a la fecha, comenzó a investigar, el 2 de abril, los abusos de funciones y una serie de irregularidades en las colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, actualmente denominadas Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (CEREMOS).

Las irregularidades que estudia la comisión fueron constatadas por una auditoría financiero-contable que hizo ASSE en setiembre de 2015, tras la destitución del ex director Osvaldo Do Campo, quien dirigió las colonias desde 2006. Diputados como el miembro denunciante, Eduardo Rubio (Unidad Popular) y Martín Lema (Partido Nacional), cuestionan que, a pesar de que la auditoría identificó irregularidades, ASSE no inició una investigación administrativa ni sancionó a los responsables. El actual director del centro, Federico Sacchi, alegó, en la sesión del 2 de abril, que a la hora de asumir el cargo, priorizó mejorar el funcionamiento de las colonias.

Dineros propios y ajenos

Las denuncias constatan la compra de electrodomésticos de uso común con plata de los pacientes y, según consta en la denuncia presentada por Rubio, recibos del Banco de Previsión Social demuestran “la existencia de préstamos otorgados a pacientes con descuento de cuota de la pensión o jubilación”, siendo que quienes están declarados como incapaces y tienen un curador designado, no pueden gestionar préstamos.

Cuando un paciente fallece, sus dineros (en caso de que los tenga) deben ser devueltos a la Contaduría General de la Nación. La auditoría detectó que en marzo de 2012 había sido la última vez que se había depositado dinero de pacientes fallecidos (según consta en la denuncia de Rubio, el último monto depositado fue por un importe de 823.711 pesos, y correspondía a quienes habían muerto en 2009, 2010 y 2011); quedó la gran interrogante de qué pasó con las cuentas de quienes fallecieron entre 2012 y 2015.

Estas no son las únicas marcas de irregularidades en el sistema, también se registraron conteos no confiables en cuanto al servicio de cantina que funcionaba dentro de la Etchepare (que ya no está en funcionamiento), puesto que la auditoría detectó que no había ningún control sobre la entrega de bienes comprados por los pacientes. Los cuestionamientos alcanzan, también, a la feria de la colonia, en donde se registró que una funcionaria era proveedora de ese servicio, lo que dejó en evidencia el escaso control de quienes participaban y acompañaban a los pacientes.

Otro de los puntos identificados por la auditoría es que no había un contrato entre la Unidad Ejecutora (las colonias) y los cuidadores del Programa de Egreso, a excepción de los cuidadores que tenían contrato con ASSE. Tampoco se encontraron comprobantes de pago a los cuidadores que estuviesen firmados, sin poderse identificar a quién se le había pagado.

Explicaciones

La comisión citó a varios ex funcionarios de las colonias y al actual director. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión del 2 de abril, cuando se le preguntó sobre la compra de bienes para uso común como electrodomésticos, Sacchi contestó: “no autorizamos ningún tipo de compra de ese tipo. La persona compra artículos para su uso personal”. Lema señaló que hay contradicciones entre las respuestas de la anterior y la actual dirección.

Cuando se le preguntó a Diego Pintos, ex gerente financiero de la Colonia Etchepare, qué postura tomó, respondió que desconocía si el uso de los bienes era únicamente para los pacientes, pero explicitó que las compras se hacían mediante una solicitud que contaduría aprobaba o no: “en caso de no serlo, se solicitaba autorización al curador, que de ello se encargaba Jurídica; si era el director, se entendía que se hacía la compra. Eso aplicaba para el 100 por ciento de las compras de los pacientes, una a una”.

Por su parte, Macarena Santoro, ex subdirectora del centro y pareja del ex director Osvaldo Do Campo, explicó a los legisladores que los usuarios tenían el derecho a hacer dichas compras, siempre y cuando contaran con la previa autorización de los jueces: “cuando yo me compro un televisor no es para mirarlo sola sino que lo mira toda mi familia aunque salga de mi dinero”, planteó.

En cuanto a los préstamos otorgados, Pintos informó que a partir de 2016 el Departamento de Recaudaciones comenzó a inspeccionar y controlar mensualmente cada recibo y que, en caso de contar con descuentos, se informa a la unidad de servicio social. Sacchi agregó que están trabajando en las devoluciones de los préstamos otorgados a pacientes ya fallecidos, pero dejó entrever que el dinero de los pacientes, por más que se encuentre depositado en cuentas personales, estaban en fondos de terceros. Mencionó casos en los que se sacaron préstamos antes de que el paciente ingresara a las colonias, así como también préstamos hechos por internos durante los paseos, y solo se presentó un caso de una persona declarada incapaz, y la curatela era ejercida por la dirección. Dicha situación fue denunciada y posteriormente regularizada, dijo.

Sala de Redacción se comunicó con Roberto Pérez, presidente del gremio de los funcionarios de las colonias, quien opinó que la actual dirección hizo la “vista gorda” y delegó toda la responsabilidad a la anterior dirección. En cuanto a la identificación de los funcionarios respecto a la compra de bienes para el centro, deslindó responsabilidades, y dijo que “nosotros, en nombre de los funcionarios, no podemos hacer nada mientras no haya un nombre específico del presunto funcionario”.

El 2 de abril, cuando asistió a la sesión de la comisión, Alicia Barceló, administradora de las colonias entre 2015 y 2017, declaró que en aquel momento se había notificado al “funcionario”, pero luego dijo no recordar si quien iba a la feria era un funcionario o un familiar de un funcionario. Finalmente, sostuvo: “se le notificó al feriante. No concurrió más y se regularizó la situación”. Ante la confusión de Barceló, Lema le respondió: “la auditoría dice que era una funcionaria. Es más: da el nombre y el apellido”.

La comisión investigadora seguirá estudiando el tema porque entiende que son notorias las contradicciones en los discursos, así como también el titubeo de personas en cargos de decisión.

Leticia Rizzo