Inclusión financiera: “privatización del dinero y dictadura económica”

 

¿PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD?

Las tarjatas, ¿combaten la pobreza? Foto: eltelescopio.com.uy

La inclusión financiera surge desde el Banco Mundial como una forma de combatir la pobreza, ‘’Alrededor de 2500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75% de los pobres no tiene cuenta bancaria. La inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad’’ indica su página web a modo de bienvenida.

En conversación con Sala de Redacción, Lorena Lavecchia, consejera del Sector Financiero Oficial de AEBU (Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay), debatió esa afirmación. ‘’Ellos dicen que el hecho de tener una tarjeta de cajero automático aparentemente te hace menos pobre; la pobreza no se soluciona dándole a la gente una tarjeta. Lo que hay detrás de eso es un gran aumento del negocio de los bancos, y el Estado lo está aprovechando para privatizar los servicios’’, dijo.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas la ley de Inclusión Financiera tiene como objetivo permitir el acceso universal de todos los ciudadanos a los sistemas financieros básicos y posibilitar su utilización, así como también transformar el sistema de pagos. Uruguay es el único país donde la inclusión financiera es de carácter obligatorio y esto ha puesto en alerta a profesionales de diferentes áreas ,que desde que la ley se aprobó en 2014 salieron al cruce de algunas de sus imposiciones.

Acompañando la aprobación de la ley, el gobierno de Tabaré Vazquez comenzó a implementar un plan de promoción y aceptación de terminales POS a través de exoneraciones impositivas a su instalación y subsidios a los  pequeños comercios que los incorporan. Según un informe de Martín Vallcorba, Coordinador del Programa de Inclusión Financiera del MEF, estas acciones permitieron que en solo tres años aumentara la cantidad de terminales POS: en 2015 se contabilizaban once terminales por cada 1.000 habitantes.

El aumento de las tarjetas de débito no tardó en llegar y en busca de una modernización del sistema de pagos el gobierno impulsó una medida relacionada con los aranceles que las empresas administradoras de tarjetas le cobraban a los comercios. Se promovió una negociación con esas empresas que permitió una rebaja de los aranceles, facilitándole a los pequeños comerciantes los puntos de venta electrónicos.

Desde que su utilización le otorga a los usuarios el descuento de un porcentaje del IVA, las tarjetas de débito han ganado popularidad y su uso ha sido debatido a lo largo y ancho del país. ‘’El descuento del IVA es un incentivo’’ dice Lavecchia ‘’pero la utilización de la tarjeta de débito le implica a los comerciantes distintos costos y los precios suben en general. Al final del día la utilización de dinero electrónico termina saliendo más cara.’’

En tela de juicio

Bancarización y privatización’’, retumba en los discursos opositores a la ley como conceptos clave. ‘’El Estado sabe que está privatizando, sabe que hay precarización de trabajo y la está impulsando.’’ comenta Lavecchia,‘’es una política de gobierno hacia una privatización que está encubierta. El Estado está financiando su propia privatización, que se hace con plata de los uruguayos para que recibamos menos dinero.’’

El movimiento popular ‘’No a la bancarización obligatoria’’ tiene como objetivo derrotar a lo que sus seguidores llaman ”esclavitud banquera”. Junto a más de 200 voluntarios por todo el país, el abogado Gustavo Salle busca llevar a cabo una reforma constitucional que derogue la Ley 19.210. Basado en aspectos como la obligación que tiene cada ciudadano para utilizar, en determinados casos, medios de pago indicados por la ley, el Dr Salle promueve la inconstitucionalidad de la misma.

500.000 son las firmas que tienen como meta para reformar el Artículo 52 de la Constitución, y proponen en el texto:“Está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria. Toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción económica o financiera cualquiera sea su monto. Le está prohibido al Estado establecer ventajas o perjuicios en función de que la persona física o jurídica opte o no por operar con dinero en efectivo.”

El pasado 3 de abril la inconstitucionalidad de esta norma se puso sobre la mesa en la Sesión Ordinaria de la Junta Departamental de Maldonado, donde la escribana y edila María del Rosario Borges acusó a la ley de hacer a los ciudadanos rehenes del sistema bancario.

Todo trabajador que esté inscripto en el BPS debe ser ingresado, de forma obligatoria, en el sistema bancario. Los bancos, uno estatal y otros privados, cobran un precio por las transacciones, esto quiere decir que el trabajador se ve obligado a pagar por el dinero que una vez estuvo obligado a depositar”. Sosteniendo esta idea la edila puso en tela de juicio los principios de la ley y dijo que ésta, desde un principio, persiguió el enriquecimiento bancario.

Sin pelos en la lengua, Borges acusó al gobierno de turno de dictador en materia financiera, ‘’Este Gobierno del Frente Amplio somete a la población a una dictadura que nos priva de los derechos económicos y de que la gente haga con el dinero lo que decida’’ y agregó ‘’el Estado sabe hasta lo más mínimo de lo que el particular hace con su dinero, el Estado está manejando las decisiones.’’

Manuela Bonhomme / Analía Pereira