Continúan llegando graves denuncias de espionaje en democracia

EL CASCABEL AL GATO

20ª Marcha del Silencio. 20/05/2015. Foto: Richard Paiva - UCUR.

El capitán retirado, Héctor Erosa, denunció el lunes 16 en la comisión parlamentaria que investiga el espionaje en democracia, que entre los años 1990 y 1996 se utilizaron recursos de la Unidad N°2 del Cuerpo de Ingenieros de Combate de la ciudad de Florida para producir diversos “operativos de inteligencia, espionaje, seguimientos, escuchas, invasión de propiedad privada de personalidades políticas, civiles y militares”.

Según denunció Erosa, el coronel Eduardo Ferro, actualmente en retiro, se apoderó de la unidad, entre los años 1990 a 1996, mediante “infamias”, con las que logró que se iniciara un sumario y se destituyera al que en ese entonces era el comandante. Logrado este objetivo, Ferro se dedicó a diversas tareas de inteligencia. Entrenó personal que no pertenecía al cuerpo de ingenieros, con armas y municiones de la unidad y de la “Compañía de Inteligencia”. Además, dispuso de fuertes sumas de dinero, vales de nafta que se cambiaban por efectivo en estaciones de servicio de ANCAP de Montevideo y del interior, y se usaban vehículos de origen desconocido con matrículas de distintos departamentos.

Ferro, acusado de perpetrar múltiples violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se encuentra detenido en España desde setiembre de 2017, en espera de que se concrete su extradición a Uruguay; había huido en marzo de 2017, cuando la Justicia uruguaya lo citó a declarar por su participación en la desaparición del dirigente sindical Oscar Tassino, en 1977. En declaraciones a la radio El Espectador, Erosa afirmó que Ferro le ordenó asesinar al capitán Castellini -a quien Ferro acusaba de “comunista”- y simular que la muerte era accidental. Erosa se negó; esgrimió que los actos que le pedían estaban reñidos con las tareas que debía desempeñar la unidad. Según Erosa, su negativa generó una persecución dentro del Ejército y su pase a retiro, acusado de tener una “enfermedad inexistente”. Agregó que el capitán Castellini también pasó a retiro, acusado falsamente de perder un arma.

Por otra parte, Erosa declaró a la prensa que durante el mandato de Ferro se cometieron allanamientos ilegales y operativos de inteligencia, entre ellos el que se realizó en una estancia en Florida, donde se reunían legisladores del Partido Nacional.

También denunció en la comisión que se retiraron de la Dirección General de Información y Defensa (DGID) 60 cajas de archivos con documentos que contenían análisis de los materiales que recababa Inteligencia, los que fueron clasificados y depositados en el batallón de Ingenieros.

Erosa explicó que había formulado las denuncias correspondientes frente a sus superiores y también al entonces ministro de Defensa Nacional, Raúl Iturria, en 1996. “Yo no sabía nada ni tenía ninguna denuncia“, había declarado Iturria en mayo de 2017 en la comisión investigadora, al ser interrogado sobre el tema. Al presentar  las denuncias en  la comisión, Erosa dijo que confía en que el descubrimiento del archivo Castiglioni sirva para probar sus palabras: “Hoy con esa prueba puedo determinar las actividades ilegales que hacía (Eduardo) Ferro”, señaló.  En declaraciones a Sala de Redacción el diputado Núñez explicó que la comisión valora la posibilidad de volver a interrogar a Iturria por esta contradicción.

Las denuncias de Erosa se suman a las realizadas recientemente por la ex fiscal Mirtha Guianze, quien afirmó que su carrera fue interrumpida durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, cuando no se dio curso al trámite que implicaba su traslado a la fiscalía penal, con la finalidad de asegurar la impunidad de los mandos militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Esta interferencia de Sanguinetti implicó que las fiscalías estuvieran en una “situación difícil”, ya que no se nombraron los fiscales penales correspondientes desde febrero de 1996 a fines de 1997, declaró Guianze a Sala de Redacción.

Núñez explicó a este medio que las acusaciones confirman la actividad de espionaje en democracia que se hicieron patentes con el descubrimiento del archivo Castiglioni. Los integrantes frenteamplistas de la comisión valoran solicitar la integración del archivo Castiglioni en la investigación que llevan adelante, ya que complementaría el trabajo que ahora realizan sobre el archivo Berrutti, denominado así porque la ex ministra Azucena Berruti fue quien logró encontrarlos, en 2006, y ponerlos a disposición de la Justicia. Cuando encontró estos archivos, Berrutti declaró al semanario Brecha que era evidente que estaban incompletos; recién después de dos años de trabajo, en 2008, se encontró lo que faltaba. La decisión ministerial de allanar la casa del coronel Elmar Castiglioni demoró siete años. Finalmente los archivos se encontraron, pero aún no se han incluido en la investigación parlamentaria.

Soledad Cavada