Opacidad en las negociaciones entre el Estado y UPM

ILUSIONES VANAS

Durante la firma del contrato el 7 de noviembre de 2017. Foto: Presidencia

En el contrato entre el Estado y UPM se proyectó que la instalación de una nueva planta generaría 5 mil nuevos empleos en la etapa de construcción y un incremento de entre el 10 y el 15 por ciento del PIB per cápita en los departamentos de Cerro Largo, Florida, Tacuarembó y Durazno. Ante una solicitud de acceso a la información pública realizada por Cainfo para obtener los datos que sustentan esas afirmaciones, el Poder Ejecutivo se negó y los clasificó como confidenciales.

El gobierno justificó su postura al afirmar que la divulgación de información vinculada al proyecto de UPM en Uruguay “podría causar graves perjuicios al país en virtud de la importancia económica, social, laboral e industrial y la índole de la inversión proyectada”. Bajo el amparo de la ley de Acceso a la Información Pública, el Poder Ejecutivo sentenció que la información es reservada debido a un acuerdo de confidencialidad entre las partes. En el artículo 9 se estipula que puede clasificarse como reservada información cuya difusión pueda “menoscabar la conducción de las negociaciones”. Además, en el artículo 11 se le otorga un período de reserva de hasta 15 años para desclasificarla.

No obstante, Daniel Lema, presidente de Cainfo, consideró que la respuesta obtenida no es válida, ya que lo que se pidió fue una explicación de la información que el propio Estado ya había brindado. “Queríamos saber cómo habían llegado a esos datos”, y advirtió que “cuando son temas vinculados al medio ambiente es importante que haya la mayor transparencia posible”. Este año el gobierno uruguayo ratificó un tratado de protección de los derechos de acceso a la información en asuntos ambientales.

“En la negativa está la respuesta”

En un comunicado reciente, Cainfo cuestionó: “¿quién realizó el estudio?; ¿lo hizo una consultora privada?; ¿el estudio fue pagado por UPM o por el Estado?; ¿los estudios los hizo el Estado con sus técnicos?; o ¿hubo dos estudios, uno realizado por el sector privado, y otro realizado por el Estado, y se utilizaron los valores de uno solo de ellos?”. A la fecha no fueron contestadas.

William Yohai y Gustavo Melazzi, miembros de la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay, realizaron un análisis frente a los números que el Estado divulgó. Según Yohai, se desprenden de un estudio realizado por Cpa Ferrere y cuando el economista se comunicó con esa consultora, le confirmaron que el estudio es propiedad de UPM y que la empresa decidió no hacerlo público. “Faltan estudios propios del Estado”, subrayó.

“Hay un intento por parte del gobierno y de la empresa de magnificar los resultados beneficiosos que podría traerle al país”, planteó Yohai, y cuestionó que “por alguna razón la empresa no quiere dar a conocer el estudio: en la negativa está la respuesta”. Según el economista, Presidencia hace “propaganda a una empresa privada”.

La cantidad de empleos es para el economista la principal justificación por parte del gobierno. “Nosotros calculamos los empleos reales que va a generar, y no deberían ser más de 500 o 600 porque, si bien va a ser más grande, también será más moderna y automatizada y la manejarán menos personas. La fase industrial del proyecto puede generar 500 empleos”.

En relación al incremento permanente del 2 por ciento del PBI, Yohai sostuvo que efectivamente “se daría por única vez el año que empieza a producir la planta”. Para este economista la cuestión es qué significa ese aumento del producto, es decir, cuánto incide en la economía real.

Soberanía compartida

Tras la celebración del contrato en 2017, Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), declaró que la de UPM “sería la mayor inversión privada en la historia del Uruguay”.

Los datos fueron prometedores: el impacto en el desarrollo sería significativo “con un crecimiento permanente de más del 2 por ciento del producto bruto interno, un incremento de las exportaciones del orden de los mil millones de dólares anuales y una recaudación de unos 120 millones de dólares anuales en tributos”. Además, de los 8 mil puestos de empleos directos e indirectos, tanto por la planta como por toda la cadena de valor, resultarían 200 millones de dólares anuales en salarios.

Pero en su análisis, los economistas llegaron a conclusiones diferente a las del Estado. De concretarse la instalación de la planta, “luego de aportar agua, sol, suelo y trabajo, lo que no llega a los bolsillos de los uruguayos es cuantioso”, expresaron al semanario Brecha a comienzos de este año.

“La empresa necesitaba una planta de celulosa, el país no. Cuando empezó esta negociación, la empresa ya tenía los árboles creciendo. Necesitaba una fábrica porque exportar los árboles, aunque posible, es mucho más costoso y menos rentable que fabricarla acá”, dijo Yohai a SdR. Señaló que el Estado está a tiempo y en condiciones de exigir cambios que lo favorezcan, ya que en el contrato con UPM existe la posibilidad de dar marcha atrás sin consecuencias para ninguna de las partes.

El problema para Yohai es la carencia de “voluntad política”, y consideró que el gobierno tiene dos opciones. La primera es exigir a la empresa el pago de todos los impuestos, que la inversión del ferrocarril y todo lo que conlleve corra por su parte, y que realice y presente todos los estudios de impacto ambiental. La segunda es “dar todo lo que se está dando”: la zona franca, las exenciones fiscales, el ferrocarril, el compromiso de comprar energía que el país no necesita por 20 años, pero obteniendo a cambio el 50 por ciento de las acciones.

“Cuando la empresa en una forma casi monárquica decida que va a invertir, que seguramente sea así porque es un negocio demasiado bueno, UTE pagará 72,5 dólares por MWh durante un período de 20 años”. Yohai apuntó que la compra de energía es un subsidio encubierto a la empresa, que como consecuencia se transformará en deuda externa. “Si vos te comprometés a pagar una cosa por un período de tiempo, es una deuda. El ferrocarril sería deuda externa pública. ¿A cambio de qué?”, cuestionó.

En los costos del Estado para financiar este proyecto, que los economistas cuantificaron en 1.850 millones dólares, no se consideró el gasto fiscal, es decir, la cantidad de impuestos que dejará de percibir Uruguay con todas las exenciones fiscales.

Para Yohai, tanto la fábrica de celulosa como la producción forestal van a estar exoneradas. “La fábrica va a estar en zona franca, eso no es ningún misterio, y la producción forestal debería empezar a pagar impuestos tras la reforma tributaria en 2007”. Pero, según el contrato, la Dirección Nacional Impositiva y la empresa van a negociar para establecer acuerdos anticipados del precio.

La transparencia brilla por su ausencia

Según Cainfo, el índice de transparencia activa, que es la información básica que las instituciones y organismos del Estado proporcionan a la sociedad, alcanza apenas un 50 por ciento en la actualidad o lo que es lo mismo: Uruguay cumple con la mitad de los estándares de transparencia.

“La ley 18.381 es muy linda pero después en la práctica se ve cómo el Estado genera bloqueos para determinadas informaciones y que los fundamentos para hacerlo no son de peso o de fondo”, dijo Lema a SdR. Señaló que “la confidencialidad la pueden utilizar para todo”, pero eso “genera suspicacia: ¿por qué no me querés dar esta información?”.

Culminada la primera fase de negociación el 7 de noviembre de 2017, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de UPM en el país, Jaakko Sarantola, resaltó que Uruguay “es reconocido por su política transparente, estabilidad, tradición democrática y disponibilidad en cuanto a las reglas claras”.

Carla Alves