Académicos de la región plantearon que aumento de empresarios millonarios en la política debilita a la democracia

RESQUEBRAJAMIENTOS

Panel “¿Del progresismo a la derecha neoliberal?: Los riesgos de la democracia en el Cono Sur” / Foto: Serpaj

A raíz de la “preocupación sobre la situación en América Latina” del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), se desarrolló el encuentro internacional “¿Del progresismo a la derecha neoliberal?: Los riesgos de la democracia en el Cono Sur”. En el evento, que se realizó el jueves en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (UdelaR) y fue organizado por Serpaj, varios dilemas de la democracia en la actualidad fueron abordados por cuatro estudiosos de la región: Eduardo Contreras, Atilio Borón, Carol Proner y Gerardo Caetano, en representación de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, respectivamente.

Los golpes institucionales de Paraguay, luego en Brasil, las victorias electorales de [Mauricio] Macri y [Sebastián] Piñera, además del caso de Lula” producen la necesidad de debatir sobre la situación de los derechos políticos, sociales y económicos en la región, según se explicó desde la organización. Una integrante de Serpaj planteó que Uruguay no es “ajeno a esta coyuntura”, y para ilustrarlo mencionó “el aumento de las prácticas represivas y el mantenimiento de la impunidad en los delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.

La democracia en el mundo está muy gravemente enferma”, expresó a su turno Borón. El sociólogo y politólogo argentino centró su ponencia en un análisis general de los obstáculos al desarrollo del proceso democrático y el debilitamiento de la democracia en la región, a partir del ejemplo de la conformación del Congreso estadounidense en el anterior período de gobierno, en el que el 52% de los parlamentarios eran millonarios. En ese sentido, planteó con preocupación el aumento de la cantidad de empresarios que asumen cargos en el gobierno y cómo las democracias han dejado de ser “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” para convertirse en gobiernos “de los mercados, por los mercados y para los mercados”. En el caso de Estados Unidos, la población millonaria corresponde al 1% del total. Para Borón, ese tipo de representación es “incompatible” con la democracia y lleva a que sea posible que “aquel que recauda más dinero en la campaña política, gana”.

Para el sociólogo, la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales es un claro caso de un empresario multimillonario que alcanzó el puesto más alto en la cúpula política por el poder del dinero, que “corrompe y corroe desde sus propios fundamentos el proceso democrático”, según agregó.

En otros lados

En relación a la superposición del poder económico sobre el político, Contreras estableció que un estudio en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, El Salvador y Uruguay determinó que “23% de los diputados eran o habían sido antes de ingresar en el parlamento directivos empresariales”. De acuerdo al estudio, las personas que se dedican a la actividad empresarial representan un 3,4% de la población total.

Según la información que aportó el ingeniero civil chileno, el ausentismo de los parlamentarios en su país alcanzó el 5,17% entre 2014 y 2017. En ese mismo período, el ausentismo laboral de toda la población chilena se colocó en 2,6%, pero la remuneración de los parlamentarios se sitúa en un promedio de 16.000 dólares al mes. Si bien los altos salarios para políticos históricamente se han defendido bajo el argumento de que se disminuyen los incentivos para la corrupción, al menos 15 parlamentarios chilenos se han visto envueltos actualmente en procesos judiciales por esa causal.

Contreras se refirió principalmente a las dificultades que atraviesa la sociedad chilena a raíz del modelo de desarrollo establecido durante la dictadura de Augusto Pinochet, que se mantiene hasta la actualidad. La sociedad chilena se encuentra sacudida por movimientos sociales “desde 2006 y con más fuerza desde 2011”, que se han producido a raíz de grandes desigualdades a nivel social, económico, político y de acceso a los medios de comunicación, indicó. Las movilizaciones se han concentrado principalmente en cuatro áreas: salud, educación, pensiones de las jubilaciones y descontento político.

Según estableció el ingeniero, los estudiantes chilenos deben abonar aproximadamente 700 dólares al mes para concurrir a una universidad de calidad, no obstante, para acceder a una educación de calidad moderada, los precios no disminuyen de forma pronunciada y se ubican en el entorno de entre 400 y 500 dólares en promedio. Esta situación genera que 43% de los estudiantes y egresados tengan deudas por créditos universitarios, según una encuesta del Instituto Nacional de Juventud (INJUV) citada por Contreras. En suma, entre 7 y 8% de los profesionales universitarios tienen salarios bajos, ya que sus remuneraciones no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio y los que sí pueden hacerlo se ven atestados por deudas, sostuvo el ingeniero en base a un estudio publicado en 2017 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Sobre la situación de las pensiones, estableció que el porcentaje de jubilados que perciben ingresos por debajo del salario mínimo aumentó en 2015 de 37% a 73%. Además, sostuvo que el gobierno que encabezó Michelle Bachelet fue el primero en abordar “un conjunto amplio de reformas, de carácter más profundo y estructural”. Contreras planteó que la gestión de Bachelet adoptó un enfoque en el que se priorizó una perspectiva de derechos antes que el funcionamiento de los mercados, y por lo tanto se apuntó a generar un Estado de bienestar antes que a la construcción de un modelo Neoliberal. “En cuatro años, entre modificaciones de roles, leyes, medidas administrativas, creación de instituciones públicas, se implementaron más de 45 avances para enfrentar la desigualdad”, concluyó.

Lucía Gandioli