Las condiciones de reclusión de la nueva cárcel de Punta de Rieles y el primer suicidio desde su inauguración

CÁRCEL NUEVA, PROBLEMAS VIEJOS

Foto: Presidencia

A solo tres meses de la inauguración de la nueva cárcel de Punta de Rieles, uno de los reclusos se quitó la vida. El joven de 23 años había sido uno de los primeros en ser trasladado a la unidad y se encontraba en una de las celdas individuales de seguridad media.

“Están completamente aislados, no salen al patio, les acercan la comida por el sapo, tienen acceso restringido al teléfono, les permiten bañarse solo dos veces por semana y no cuentan con ningún tipo de asistencia psicológica. Los operadores recorren la planchada cada quince minutos porque en cualquier momento se te pueden matar”, sostuvo una joven que se identificó como operadora de la nueva cárcel de Punta de Rieles, durante el Conversatorio sobre Encierro y Participación Público y Privada, en el que participaron el Servicio de Paz y Justicia del Uruguay (Serpaj) y la Asociación de Personas Privadas de Libertad del Uruguay (Asocide), el viernes 11 de mayo.

Además, afirmó que el recluso “se mató porque no lo dejaron hacer una llamada telefónica” y que el régimen que opera en el módulo de celdas individuales, donde se encontraba el joven, es terrible. El hecho ocurrió el pasado 31 de marzo, según informó el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, y es el primer caso desde la reciente inauguración de la cárcel creada bajo el régimen de Participación Público Privada.

Consultado por SdR en su momento, Petit calificó el hecho de “muy preocupante” y afirmó que “no debería haber pasado”. Aseguró que realizó sus recomendaciones a las autoridades y dejó entrever que uno de los factores que propició este trágico desenlace fue la “poca presencia de operadores”. Según el comisionado parlamentario, el fallecido no tenía antecedentes de intentos de suicidio y su comportamiento en los días previos era “normal”. Por otro lado, manifestó que el recluso no practicaba actividades laborales o de recreación, ya que las mismas no estaban desplegadas en su totalidad, debido a la reciente puesta en marcha de la unidad.

Sin embargo, Petit aclaró que no está en condiciones de atribuir el suicidio enteramente al hecho de la reciente inauguración de la cárcel. El informe anual del sistema penitenciario publicado el pasado viernes 18 indica que en 2017 los suicidios carcelarios fueron diez, es decir tres menos que en 2016. Al preguntarle si el hecho empaña el supuesto éxito del nuevo modelo de cárcel público-privado, respondió que nunca opinó que fuera a ser exitoso y que su labor solo está en que aquellas cosas que no funcionan, se corrijan.

En este sentido, el representante de Asocide dejó ver su preocupación respecto al excesivo gasto del Estado en “artefactos antiahorque”, en lugar de brindar un tratamiento adecuado para que las personas privadas de libertad no opten por el suicidio. Sostuvo, haciendo referencia a una nota redactada por la organización y publicada en el semanario Voces, que “este sistema tecnologizado aumentará la violencia intracarcelaria, los suicidios y todo tipo de abusos”.

Por su parte, el representante de Serpaj, Mauro Tomasini, afirmó que la característica principal de este tipo de establecimiento es el “aislamiento celular” facilitado por el nuevo orden espacial, que “consiste en aislar al individuo al máximo en el entendido de que así se deconstruyen las subculturas carcelarias”, explicó. “La Unidad N° 1 es una cárcel totalmente de incapacitación: dada la gran rigurosidad en el orden espacial, tienen menos libertades de transitar, menor grado de reciprocidad con otras personas, menos contacto”, advirtió Tomasini.

Foto: Presidencia

Agregó además que “la diferencia entre ésta y otra cárcel es que antes el dolor era físico y subjetivo, en ésta es tecnificado, porque el individuo casi no tiene contacto; ya no existe contacto ni con el funcionario, es un panóptico”. Por último, señaló respecto a la existencia de celdas individuales dentro de la unidad que “en realidad están prohibidas por el Protocolo de Estambul”. Sin embargo, de acuerdo al Manual de Instrucciones para la evaluación de la Justicia Penal elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2010, las celdas individuales constituyen la opción más deseable de reclusión. No obstante, allí se agrega que “cuando no se prevé tiempo suficiente para el contacto con el resto de los reclusos y la realización de actividades, el alojamiento en celdas individuales puede convertirse en un aislamiento total o parcial del interno, con los consiguientes perjuicios que puede entrañar para el bienestar mental de la persona”.

SdR intentó comunicarse con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Ministerio del Interior para indagar sobre este hecho, pero no obtuvo respuesta.

Desde la Academia

Cristina Larrobla, investigadora y docente en la Unidad de Salud Mental en Comunidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, planteó a SdR que el problema real de los suicidios en nuestro sistema carcelario está en la detección de la población en riesgo. Larrobla afirmó que una entrevista sería suficiente para determinar si hay indicios de que la persona podría intentar suicidarse: “se recomienda que la misma se realice al ingreso y con cierta periodicidad, dado que la situación puede cambiar con el correr del tiempo”, expuso.

En el Protocolo de Atención a la Conducta Suicida y al Riesgo de Autoeliminación en Centros de Privación de Libertad, creado por la Organización Panamericana de la Salud en 2016, se explica que de ser detectado el riesgo suicida, es recomendable que se instruya al personal carcelario y a los compañeros del recluso, además de evitar dejarlo solo y apartar de su alcance cualquier objeto que pueda resultar letal. Larrobla sostiene que es fundamental llevar a cabo un monitoreo del comportamiento y que el mismo debería variar de acuerdo al nivel de riesgo detectado. Igualmente, advirtió que no todos los suicidios son prevenibles: “existen también otros casos en los que el individuo decide quitarse la vida, ante determinada circunstancia, sin necesidad de que se manifieste un episodio o señal previa”, concluyó la psicóloga.

Maia Bidegain

Una gran inversión 

En 2011, el Parlamento aprobó la ley que habilita el mecanismo de Participación Público Privada para realizar obras públicas y prestar servicios, y de esta forma dio lugar a la posterior creación de lo que para el Ministerio del Interior sería “la cárcel modelo”: la Unidad N°1 de Punta de Rieles.

Las autoridades decidieron afrontar el costo de 90 millones de dólares que generó esta obra, en el entendido de que el mismo contribuiría a poner fin al hacinamiento propio de las cárceles uruguayas.

Las 1.960 plazas que alberga el nuevo establecimiento penitenciario no son para cualquiera. Los criterios de selección de sus internos son de gran rigor: no haber cometido delitos sexuales, de narcotráfico, de crimen organizado, no ser ex militar ni ex policía y no pertenecer a la población LGBT.

El representante de Asocide aseguró que en las cárceles el hacinamiento no es tal: “en el Comcar, por ejemplo, hay módulos que están vacíos, hay una mala distribución. Es todo generado intencionalmente para construir una cárcel como nuevo negocio”.

Tanto Serpaj como Asocide mantienen una postura anticarcelaria: “La cárcel entraña una desvalorización humana constante, ataca lo más esencial de la persona, a fin de desmoronarlo y construir así un sujeto que cuadre con el sistema”, dijo el representante de Asocide. Por otro lado, Tomasini destacó que lo lamentable del sistema público-privado en particular está en la mercantilización de los reclusos: “a mayor cantidad de presos, mayor ganancia tendrá la empresa que construye la cárcel”.