El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario entrevistado por estudiantes en contexto de encierro de la Unidad Nº 4, ex Comcar

Durante la entrevista a Juan Miguel Petit en la Unidad Nº4, ex Comcar

PICO A PICO CON JUAN MIGUEL PETIT*

“Las denuncias por violencia son muchísimas” y como “a veces la administración penitenciaria no da las garantías”, “tendría que haber mecanismos de denuncia que fueran autónomos”, planteó el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Además, reconoció que los recursos asignados a la educación son insuficientes y admitió que hay funcionarios que no están preparados para realizar su tarea, que su oficina no da abasto para atender todos los reclamos y que hace falta voluntad política para generar cambios.

-¿Qué porcentaje del presupuesto del sistema penitenciario se destina a la educación?

-El sistema penitenciario lo administra el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) pero hay muchas cuestiones que tienen que venir de otro lado; una de ellas es la educación. Son presupuestos que no maneja el INR directamente, sino que se originan a partir de convenios con el sistema educativo. Los recursos todavía están lejos de ser los necesarios. Ustedes lo deben vivenciar, hay muchas más personas que quieren estudiar, que cupos disponibles. Falta un gran recorrido para que haya cupos para todos.

-De las más de 3 mil personas privadas de libertad, menos del 20 por ciento accede a la educación, ¿a qué se debe?

-La cifra mejoró mucho en comparación a diez años atrás, pero todavía es insuficiente. Por un lado falta la presencia del sistema educativo adentro de las cárceles, y para eso hay que mostrar lo que se puede lograr con el estudio. Es algo muy parecido a lo que pasa afuera, donde hay mucha gente joven que no tiene la oportunidad de adquirir una herramienta táctica para conseguir un trabajo. Por otro lado hay que adaptar la educación en las cárceles a las personas que están acá.

-En la Unidad Nº 4, para que las personas privadas de libertad puedan estudiar deben ser trasladadas de los módulos a la Comunidad Educativa. Pero por falta de personal o por razones de seguridad durante operativos o requisas, los estudiantes no son trasladados y se les impide el acceso a ese derecho. ¿Por qué, en lugar de que nosotros vayamos a la Comunidad Educativa, no es la educación la que va a los módulos?

-De muchos módulos no los sacan. O no hay personal o los funcionarios no quieren sacarlos, a veces son ellos los que deciden quién sale y cuándo. Hay funcionarios que no están preparados para responder cuando alguien les dice “mirá que no voy a ir porque no tengo ganas”. La tarea no consiste solamente en abrir la puerta, sino también en mostrar por qué es bueno ir a clase. La realidad es que más allá de las decisiones que se pueden tomar jerárquicamente, al final del camino hay personas que si no tienen buena voluntad o están desbordadas, no hacen ese puente y se bloquea todo. Hay muchos lugares donde pasa, acá es uno de esos lugares.

-¿Qué tan lejos estamos de obtener el beneficio de que se asigne un módulo para los estudiantes?

-Esa es una opción que he escuchado, que se ha hablado. Es para discutir: ¿es ideal que haya un módulo solo para estudiantes?, ¿o lo ideal es que haya módulos con gente que estudia, gente que trabaja, gente que hace artesanías, gente que hace deporte? Tal vez pueda ser un sector. Si hay estudiantes, que haya paz para que, por ejemplo, puedan estudiar de noche. Pero sabemos cómo está el sistema de crecido. Tampoco me gusta hablar de beneficios sino de derechos, porque los beneficios son como una limosna o un regalo. Y hablar de derechos también es hablar de obligaciones.

El valor del trabajo

-Muchas personas privadas de libertad no desertan de la educación por decisión propia, sino porque no reciben el mismo apoyo que se brinda por trabajar, ¿por qué sucede esto?

-Hay muchas decisiones que faltan, muchas voluntades que faltan. Hay cosas que se pueden hacer pero también hay excusas para no facilitar la educación. Y las excusas a veces ni siquiera son razonables, son como reflejos que vienen de muchos años atrás.

-Acerca de las dificultades que se presentan para estudiar y las facilidades que se brindan para trabajar, ¿qué relación existe entre el dinero que mueve el Polo Industrial y el apoyo que recibe la Comunidad Educativa?

-Creo que es importante que haya trabajo en las cárceles, pero no creo que tengan que ser una especie de colonia de trabajo. Las cárceles deben ser parecidas a la vida de afuera. Y en la vida de afuera no es fácil trabajar y estudiar. La realidad es que hay miles de jóvenes que no pueden estudiar y trabajar, y la cárcel tiene eso de que pasan las mismas cosas que afuera pero llevadas al extremo. A veces rige una regla muy jorobada en algunas cárceles: como hay pocos lugares de trabajo o estudio, o estudiás o trabajás. Hay que intentar tener ambas cosas, y eso requiere decisión y voluntad porque, por ejemplo, afuera hay liceos nocturnos y, ¿por qué no puede haberlos en la cárcel? La Comunidad Educativa cierra temprano, perfectamente se podría trabajar durante el día y estudiar durante la noche. Esto parece de ciencia ficción y es así porque faltan los recursos, la voluntad y el impulso.

-La pregunta fue: ¿qué influencia genera el dinero que mueve el Polo para que la gente no venga más a estudiar?

-Tú me decís que se fomenta el trabajo porque eso genera plata y se desprecia el estudio. Probablemente haya que cambiar esa mirada, esa visión que sólo está puesta en lo productivo y no en lo educativo.

De una institución a otra

-¿Hay intencionalidad política para que algunos ámbitos del sistema penitenciario pasen a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura?

-Se ha hablado, hay cierto acuerdo de que sea un organismos autónomo descentralizado, como el INAU o el Codicen. El problema es que más que allá de dónde se ubique, con qué parte del Poder Ejecutivo se relacione, es importante que tenga autonomía para que se maneje cara a cara con los demás organismos. Y lo más importante es que tenga recursos técnicos, funcionarios preparados y un plan.

-Si al Ministerio de Desarrollo Social le corresponde la función de trabajar sobre la reinserción social, ¿no debería trabajar en el pregreso de los privados de libertad?

-Estoy totalmente de acuerdo: se debe trabajar en la reinserción, la salida. Esa es parte de nuestra tarea (se refiere a la del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario): el trabajo en el pregreso, que les descuenten pena por educación y trabajo. Mi oficina puede hacer recomendaciones, planteos y denuncias, y tenemos que tratar de hacer investigaciones de la mejor manera para que tengan efectos y alguien haga caso, pero no tenemos potestades para implementar esos instrumentos.

-¿Podría explicar mejor este punto?

-Debe haber planes de pregreso y se debe descontar pena a quienes participen (de actividades educativas y laborales). La idea es que no salgan solamente con la plata para el boleto y muy poca orientación, entonces hay que preparar el egreso y tener un lugar de referencia para la persona que sale.

-¿No le parece necesario recomendar al Poder Ejecutivo que cree una figura que se encargue de ejecutar sus informes o sugerencias?

-Esa figura ya existe y es el Ministerio del Interior. Mis recomendaciones no son la verdad, muchas pueden estar equivocadas o ser inviables. La autoridad legítima en una democracia es la que fue electa, y las autoridades de los ministerios tienen la legitimidad de decidir.

Denuncias y violencias

-Los funcionarios, además de la tarea que cumplen en las cárceles, tienen otros empleos, por ejemplo como 222. ¿Cuánto influye esa sobrecarga en el desempeño?

-El papel de los funcionarios es fundamental y hay muchos temas para abordar. Primero que nada en su formación. Segundo, en lo que se les paga, para que puedan vivir de su trabajo y cumplan una carga horaria humana. No pueden trabajar una enorme cantidad de horas en una realidad que es desgastante y que al mismo tiempo les quema la cabeza. Eso requiere liderazgos, porque necesitan apoyo, orientación, capacitación, que sus pares de arriba los estimulen, y para eso hay que construir una institucionalidad. Las herramientas que tienen no coinciden a veces con lo que tienen que hacer, pero lo fundamental es que haya liderazgos para que el funcionario no se sienta solo, vea que tiene un objetivo, que su tarea tiene un sentido y que es reconocida socialmente.

-Cuando recibe una denuncia por algún tipo de violencia, ¿qué procedimiento se activa y cuáles son las demoras?

-Las denuncias por violencia son muchísimas porque hay muchas formas de violencia. Una de las cosas más duras que nos pasa a nosotros es esa, no poder dar una respuesta rápida a todas las denuncias o no poder brindar todos los recursos que deberían darse. Si a mí me llama un hermano, una hermana, y me dice que a fulano de tal no lo sacan a estudiar, no es la violencia más evidente porque no es física, pero es violencia. Todas las formas requieren una respuesta que a veces pasa por buscar más información, a ver si lo que se denuncia es así.

-Por ejemplo: si yo denuncio ante el Comisionado Parlamentario que mi vida está en riesgo, ¿qué mecanismo se acciona como medida inmediata?

-Llamar a las autoridades máximas. En algunos casos, trato de no pedir traslados porque nuestra oficina no es de traslados, no somos los técnicos que están en el lugar como para valorar si lo mejor es un módulo u otro. Si uno tiene la posibilidad de llegar a nuestra oficina para pedir un traslado, es porque hay cientos del mismo módulo que no la tienen.

-En caso de que un privado de libertad sea extorsionado por un funcionario policial, ¿qué debe hacer?, ¿qué herramientas se le brindan, en función de los riesgos que asume?

-Las instituciones, cuanto más sólidas, más garantías dan de que las denuncias se canalizan de forma institucional y se resuelven. Hay una autoridad que dice “esto es así”, “no lo es” o “es parcialmente así”, y de alguna manera resuelve. El ideal es que las instituciones logren resolver los conflictos. También hay que ser prácticos y buscar garantías. Hay lugares donde existen garantías para denunciar y otros en los que no.

-¿Qué criterio se toma cuándo se recibe una denuncia y cuáles son las instituciones que no dan garantías?

-Tienen prioridad uno las que tienen que ver con un riesgo de vida inminente o una violación de derechos basada en testimonios creíbles. En cuanto a las garantías, a veces la administración penitenciaria no las da, porque tiene mecanismos muy burocráticos. Tendría que haber mecanismos de denuncia que fueran autónomos, que no sean a través del jefe de módulo, sino que esté afuera y tenga alternativas.

Andrés Alonso / Gastón Ávila / Juan Celestino / Richard Colman / Norberto Costabel / Carlos Fernández / Atahualpa Gallarza/ Maximiliano González / Sergio Monsalvo

*La entrevista fue realizada en el marco del proyecto de extensión Talleres​ ​de​ ​radio​ ​y​ ​prensa​ ​en​ ​la​ ​Unidad​ ​N°​ ​4​ ​del​ ​Instituto​ ​Nacional​ ​de​ ​Rehabilitación, que funciona en la Comunidad Educativa de ese centro desde noviembre de 2017 y del que participa Sala de Redacción. Este espacio de la Facultad de Información y Comunicación, que cuenta con el apoyo de Radiodifusión Nacional del Uruguay, fue aprobado y financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio en su llamado a Derechos Humanos 2017.

El informe anual del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario

“El sentimiento punitivo nos domina”

Uruguay ocupa el puesto 28 de un total de 222 en el ranking de países con mayor población penitenciaria, con 321 presos cada 100 mil habitantes. Es así uno de los países de América Latina con más presos, con una explosión demográfica registrada a partir de los años 2000, momento en que el país tenía unos 4 mil presos, mientras que en diciembre de 2017 había 10.241 reclusos. El 64 por ciento de la población total se concentra en el área metropolitana.

Del análisis realizado para el informe anual del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario se desprende que el 30 por ciento de la población está sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, en especial en el ex Comcar, en los celdarios 1 y 2 de Libertad, en Canelones, Maldonado, Paysandú y Soriano. Para otro 45 por ciento, las condiciones para la integración social son insuficientes. Sólo existen posibilidades de integración social para un 26 por ciento de los presos.

En 2017 se encontraban sin condena un 69,2 por ciento de los presos, por lo que Uruguay ocupa el lugar 13 de un total de 217 en el ranking de países con presos sin condena. Para Juan Miguel Petit, “la incertidumbre procesal es negativa en las perspectivas de reinserción”. “Nos dañaron, nos hicieron sufrir, pues entonces ‘devolvemos’ el sufrimiento restitutivamente, como si el daño hecho se pudiera superar con otro dolor”, observó el comisionado en el informe y señaló que como resultado institucional se obtienen cárceles que hacen sufrir pero que no “evitan ni previenen nuevas violencias”. Mientras no haya un cambio cultural y no se reclame calidad de gestión en las cárceles “seguirá siendo una fuente de violencia, de desintegración y, paradójicamente, de nuevos delitos”, subrayó.

La falta de recursos humanos y materiales para la gestión dificulta la implementación de las ya carentes políticas públicas. Las debilidades se concentran en la insuficiencia de respuestas en salud mental, en el casi inexistente tratamiento de adicciones, programas sociales, familiares y comunitarios y en la falta de preparación para el egreso.

El encierro es uno de los problemas centrales. El no salir al patio “se vuelve un agitador de violencia”. Si bien se mejoró en este aspecto, el hacinamiento sigue presente. Una de las razones es el diseño arquitectónico penitenciario que en Uruguay tiene un “notable rezago” con relación a otras partes del mundo.

Violencia

El modelo de prisión actual es obsoleto. Los insuficientes recursos hacen que el sistema colapse y se manifieste con periódicas expresiones de violencia masiva. Para Petit, a veces es más difícil “reciclar” que “hacer obra nueva”. La experiencia demostró que son las condiciones socioeducativas y de integración las que determinan la conducta. Se observó que “la agresividad en sus miles de formas florece en las unidades que tienen más de 500 internos” y en los centros o módulos donde no hay intervención socioeducativa. Las lesiones (el puntazo) y el homicidio son expresión de una “atmósfera de violencia que todos respiran”, sostuvo.

En 2017 hubo 47 fallecidos en custodia, 28 muertes violentas y 19 debido a otros factores. De las violentas hubo 17 homicidios y se contaron 10 suicidios. La depresión a causa de la ausencia de derechos que “anula a la persona” también es expresión de violencia y muchas veces termina en suicidio. La autolesión, considerada manipulación a la autoridad y motivo de sanción, es en muchos casos expresión de la angustia, se trata de “cortar” con el dolor psíquico a través de lo físico.

Trabajo

“¿Cómo se denomina la realización de trabajo a cambio de nada en el siglo XXI?”, cuestionó Petit. El 38 por ciento de la población trabaja, 4.146 de 10.792 presos. El 72 por ciento del trabajo es no remunerado, el 18 por ciento de los presos recibe peculio y un 10 por ciento recibe salario. Petit habló de un “inquietante guetto estatal” ya que se trata de un “atropello al pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales”. El trabajo realizado en las cárceles consta, a veces, con un saber técnico valioso, con muchas horas del día dispuestas en la labor y muchas veces, con materiales que las propias familias brindan a los reclusos. Todo sin seguridad social y sin registro jubilatorio.

Por otra parte, el comisionado consideró que las cárceles constituyen una reserva de capacidades y potencialidades “desperdiciadas por falta de políticas públicas para su canalización o concreción” y de plazas laborales.

Salud

El 57 por ciento de las cárceles están cubiertas por ASSE, el resto por Sanidad policial. Desde ambas instituciones existen problemas para coordinaciones externas, consulta con especialistas, intervenciones quirúrgicas demoradas y resistencias para agendar intervenciones por tratarse de personas privadas de libertad. Además, la mala alimentación así como la limpieza, la calidad del agua y el ambiente estresante son una constante. No se realizan actividades preventivas de educación de salud o atención primaria.

Confinamiento en solitario

El Módulo 12 del Comcar, en el que viven 25 presos bajo confinamiento en solitario, viola la Convención contra la Tortura Ratificada por Uruguay. Estos internos no tienen actividades socioeducativas y el contacto humano no supera las dos horas diarias. La situación está condenada como tortura y contradice las normas internacionales “Reglas Mandela”, al mandato constitucional y al sentido reintegrador y rehabilitador de la privación de libertad, , sostuvo Petit.

Analfabetismo

Se estimó que al menos el 10 por ciento de la población carcelaria es analfabeta total o parcialmente. La magnitud del problema se traduce no sólo en problemas de inserción laboral y social, sino también en “resentimientos, baja autoestima y exclusión, y en definitiva en múltiples formas de violencia”.

Las mujeres

Cuando cometen un delito, las mujeres, según el informe, reciben un triple castigo: la pena dispuesta por la justicia, la pena social por romper el comportamiento esperable y, cuando son liberadas, la dificultad para insertase en el mercado laboral, analizó Petit.

Respecto a las condiciones de reclusión, el informe señala que el Centro Metropolitano Femenino presenta en este momento un grave problema con roedores, lo que pone en riesgo la salud. Por otra parte, las madres con hijos a cargo viven un contexto inadecuado para la crianza de los niños.

Medidas alternativas e integración social

Juan Miguel Petit consideró que el delito constituye un motivo de “reproche penal”, pero este no tiene que ser equivalente en todos los casos a la privación de libertad. Recordó que la cárcel desde su nacimiento contiene una contradicción intrínseca: “para que la persona pueda vivir adecuadamente en libertad, se la segrega y se la priva de libertad”. Bajo el entendido de que las cárceles uruguayas agravan el problema que pretenden erradicar, recomendó que medidas alternativas como actividades socioeducatiovas restauradoras sean “financiadas e implementadas” y que constituyen un “nuevo capítulo sobre el que avanzar”.

Carla Alves