A nueve meses de denunciar la agresión en la estancia en la que trabajaba, continúa desempleado

SER LEITES NO ES DELITO

Hugo Leites, el peón rural que en setiembre de 2017 denunció al capataz de la estancia en la que trabajaba luego de que lo agrediera con un rebenque, sigue sin trabajo y sin cobrar la indemnización que debe el establecimiento salteño La Flor del Ceibo. Leites y su abogado, Gabriel Cartagena, comparecieron el 16 de mayo a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, invitados por la comisión. Allí, el abogado planteó la precaria situación económica de Leites y afirmó que el trabajador está sufriendo la condena social de haber denunciado la golpiza del capataz, las irregulares condiciones de trabajo y el incumplimiento de las leyes laborales.

El proceso judicial sigue abierto y Leites aguarda el cobro de lo que le corresponde por despido indirecto a causa de una situación de violencia; hasta ahora, concluyó la parte penal, que terminó con el procesamiento, sin prisión del capataz que lo agredió.

En cuando a lo civil, la empresa había ofrecido 40 mil pesos de indemnización en la primera audiencia judicial, que se hizo el 27 de setiembre en Villa Constitución, pero luego, en una segunda instancia, el 9 de octubre, ofreció pagarle 23.758 pesos por concepto de despido y rubros laborales que le adeudaba al trabajador. Cartagena entiende que la cifra es totalmente insuficiente. En su análisis jurídico, el abogado plantea que, sobre los haberes adeudados (salario vacacional y horas extras), Leites debe recibir el 10% de la multa legal más el 50% por daños y perjuicios, con lo que su reclamo alcanza los 800 mil. El abogado y su defendido están intentando negociar el despido, pero defienden que eso se haga por la vía judicial. “La decisión, aunque demore, la debe tomar el juez para que seamos transparentes frente a la opinión pública, ya que este caso ha sido tan conocido y expuesto debemos esperar la sentencia judicial” declaró Cartagena en diálogo con SDR. El proceso laboral se instruirá en el Juzgado Letrado de 5º Turno de Salto y el abogado estimó que “insumirá lo que resta del año y, seguramente, debido a la diferencia entre lo que reclamamos y lo que la empresa ofrece, habrá una apelación. Con mucha suerte, Hugo se hará de su liquidación a fin de año o en los primeros meses de 2019”. Agregó que “esta es la realidad de los trabajadores cuando realizan un reclamo laboral”: dijo que diariamente se tramitan juicios laborales en los que los trabajadores “deben esperar entre un año y medio y dos para cobrar, y si la empresa va a concurso y hay que ejecutarla, el trabajador demorará tres años en cobrar sus haberes”.

La situación de Leites es angustiante: está a punto de ser desalojado de su hogar, porque no ha podido pagar el alquiler. El desalojo ha sido, hasta ahora, frenado gracias a la intervención de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) y de la diputada salteña Manuela Mutti (Frente Amplio). Según consta en las actas de la comisión, Cartagena  señaló que, por estas razones “es importante dar un mensaje, pero el mensaje no puede ser que un trabajador uruguayo que denunció y expuso a través de los medios a una empresa -porque realmente había una situación grave- termine siendo condenado. Puedo decirles que, jurídicamente, Hugo ha sido condenado socialmente como un trabajador conflictivo que, como reclamó ante el Poder Judicial, como correspondía, y porque vino y tuvo la oportunidad de expresar ante esta Comisión su verdad, fue castigado, y no solo en el medio rural”.

El abogado les informó a los legisladores que él y su defendido han recurrido a empresas en busca de un empleo para Leites, y que se han contactado con los representantes y gobernantes que contribuyeron a la exposición pública del trabajador, pero todos estos esfuerzos han sido en vano, dijo. Lamentó, además, que el Ministerio de Desarrollo Social no ha realizado ningún contacto con Leites para asistirlo.

El diputado frenteamplista Luis Puig declaró durante la sesión que “la situación que vive Hugo demuestra que siguen existiendo listas negras que se trabajan entre patrones, dando el ejemplo de que, quien denuncie una injusticia flagrante no conseguirá trabajo, no tendrá posibilidades de recomponer su labor como trabajador”. Por su parte, el legislador colorado, Fernando Amado, expresó que el Estado debe proteger a los denunciantes en una situación como la de Leites, para que no se genere el miedo a denunciar. Finalmente, los legisladores de la comisión coincidieron en incluir el asunto en una próxima visita que hagan a Salto, y le solicitarán ayuda al intendente Andrés Lima para que Leites pueda volver a trabajar.

Cabe recordar que después de la denuncia de Leites tomaron estado público seis casos más en los que trabajadores rurales denunciaron actos de violencia perpetrados por patrones o capataces.

Soledad Cavada