Uruguay es el único país de la región sin presencia de multinacionales del agua

BENEFICIO DE POCOS

“Ya lo planteó el famoso escritor Eduardo Galeano: ‘Lo único que falta es privatizar el aire’. Realmente, se está privatizando todo lo que existe. Todo se compra, todo se vende”, comentó Nancy Espassandin, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, en el marco de la charla “Mercantilización del agua en Uruguay y la Región”, que se realizó el miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

“¿En qué contexto histórico debemos enmarcar los años 90? [período en que se aprobó la Ley de Riego] ¿Qué pasó luego para votar una nueva ley con modificaciones? ¿Qué pasó luego de la reforma constitucional de 2004? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer y tratar de responderlas”, planteó Espassandin, y continuó con un marco histórico general sobre la mercantilización del agua y privatización de las empresas. En el contexto internacional, durante la década del 70, “se reelaboran las políticas neoliberales con una reestructuración productiva para recuperar la tasa de ganancias que venían perdiendo grandes multinacionales y sectores de la economía”, comentó la integrante de la comisión. Según agregó, éste fue un antecedente importante en las políticas que se adoptarían en los años siguiente en todo el mundo.

Las medidas de privatización comenzaron a tomarse en América Latina con los gobiernos de facto de las décadas del 70 y 80 del siglo pasado. Espassandin planteó el caso de Chile, donde en la década del 80 se aplicó “la privatización de todo lo existente y fundamentalmente el agua. No hay nada público en Chile, aún hoy”. En suma, explicó que allí existe una división entre la propiedad de la tierra y propiedad de las aguas, lo que permite que un “señor” pueda ser dueño de un río o una parte de él, sin tener tierras. También puede darse el caso contrario, el de una persona que posea mucha tierra, pero no tenga ni una gota de agua, como le sucede a los campesinos e indígenas del sur, porque los dueños de las aguas las venden.

Espassandin y Carmen Sosa, también miembro de la comisión e integrante de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), plantearon que el proceso de privatización se acrecentó con el Congreso de Washington de 1989. Su objetivo fue determinar una decena de medidas para los países en crisis y transición democrática en América Latina. Entre las diez recomendaciones estaba la privatización de las empresas públicas. Según planteó Sosa, el argumento de esta medida era que las empresas públicas eran corruptas, no podían satisfacer los servicios correctamente y solamente los privados podían hacerlo. En suma, se planteaba que estas empresas “le iban a permitir a los Estados hacer inversiones sin tener que hacerse cargo, porque iban a pasar a empresas privadas”.

Según Sosa, un hito “que marcó a todos los movimientos [en defensa del agua] de Latinoamérica” fue la guerra del agua en Bolivia, en 2000. Un año antes, Hugo Banzer Suárez, presidente y ex dictador de Bolivia, firmó un contrato con la empresa estadounidense Bechtel, para privatizar el servicio de suministro de agua en Cochabamba. Sosa contó que, poco después del acuerdo, “las tarifas aumentaron 200%. A veces, para un trabajador boliviano el costo del agua representaba 30% de su salario”. Además, planteó que la gente comenzó a adoptar el mecanismo de recoger la lluvia para uso cotidiano y que la empresa“Bechtel llegó a mandar personal a medir el agua de lluvia que recogían las personas y mandar una factura, ¡les cobraban el agua de lluvia!”, afirmó . La población salió a las calles a protestar y en las manifestaciones la policía bolivariana asesinó a una persona y hubo 170 heridos. Presionados por la conmoción social, la empresa dejó Bolivia en abril.

Antecedentes nacionales

“En Uruguay, en 1978, plena dictadura, [se aprobó] el Código de Aguas. Es un decreto ley que establece un canon para aquellos que usen el agua. Nunca se pagó. En todos los gobiernos que han pasado, [ya fueran presididos por Julio María] Sanguinetti, [Luis Alberto] Lacalle, [Jorge] Batlle, Tabaré [Vázquez] o [José] Mujica, nunca se cobró el canon a los poderosos del campo, que usaron y abusaron de un recurso único y que es de todos”, comentó Espassandin.

La integrante de la comisión planteó que “en el gobierno de [Carlos] Menem [en Argentina], no hubo nada que no se privatizara. En Uruguay hubo un intento de hacer lo mismo con el gobierno de Lacalle”. En 1991 se elaboró la Ley de Empresas públicas y en su contra, se realizó un plebiscito en el que el electorado uruguayo rechazó los artículos esenciales de la ley, que establecían la privatización de las empresas públicas. Dos días antes de que se supiera el resultado, el gobierno privatizó parte del agua potable y el saneamiento.

En un marco seguidas privatizaciones, en el que comienzan a establecerse tercerizaciones y surgieron sociedades anónimas, en 1997 se elaboró la Ley de Riego.

Uragua y Aguas de la Costa en Maldonado

En 1992, OSE concesionó una parte del arroyo Maldonado a la empresa francesa Suez Lyonnaisse des Eauz, una de las mayores multinacionales del agua en el mundo que actualmente opera en 120 países en todo el mundo. Según expuso Sosa, la concesión pasó casi inadvertida porque la zona privatizada fue la de Punta del Este, donde la mayoría de los usuarios son temporales y con alto poder adquisitivo. No obstante, no fue así para la gente de bajos recursos que vivía en la zona. “Muchos tuvieron que desconectarse del servicio de agua porque era imposible pagarlo”, dijo. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, en el verano de 2004, Aguas de la Costa cobraba un cargo fijo, es decir, sin contar el consumo, de 2.200 pesos uruguayos.

Tabla 1. Aumento de tarifas en el año de privatización del cargo fijo de agua, cargo fijo de saneamiento, costo de metro cúbico de agua, costo de conexión de agua y conexión de saneamiento.

Cuadro comparativo de Tarifas de OSE y Aguas de la Costa. Fuente: Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida

Cinco años después, la empresa Uragua, filial del grupo Aguas de Bilbao, tomó el control del suministro de agua en el resto del departamento, a excepción de la localidad de Aiguá. Ello se debió a que ninguna de las empresas presentes en Maldonado adquirió las acciones en Aiguá, porque la pequeña localidad fernandina no daba ganancia. “Con esta concesión, el Estado uruguayo había perdido el segundo departamento del país en recaudación, 230 puestos de trabajo y calidad de agua”, plantea la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida en su página oficial.

Uragua entró al país con varias promesas que jamás cumplió, estuvo exenta de tasas de importación y exonerada de Impuesto al Valor Agregado. “Hasta tal punto subieron las tarifas que la escuela de Maldonado tuvo que cortar el agua porque no la podía pagar. El comisario de la zona colocó un caño para que la escuela tuviera agua. La empresa no solo le hizo cortar el agua, sino que demandó al Estado por lo que había hecho el vecino”, contó Sosa.

Organizados

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida se formó en 2002, a raíz de la preocupación del FFOSE, vecinos de la zona y organizaciones involucradas en la defensa de los recursos hídricos. Ante las violaciones de los contratos por parte de las empresas y las faltas a la ley, en la comisión se propuso una reforma constitucional, que, tras una densa campaña, se aprobó en 2004. Pero según contó la funcionaria de OSE, la alegría duró poco. En mayo de 2005, el entonces presidente Vázquez aprobó un decreto que establecía que las empresas que estaban funcionando en el país se podían quedar, ya que los cambios normativos valían solamente para nuevas empresas. Una vez dictado el decreto, se realizó una marcha que reclamaba la su inconstitucionalidad. “Un decreto jamás puede estar por encima de la Constitución”, sin embargo, lo estuvo, expresó Sosa.

A pesar del decreto aprobado, Uragua y Suez se fueron del país. En el caso de Uragua, OSE estableció el incumplimiento de las disposiciones acordadas. Además, la reforma los perjudicaba a la empresa, por lo que también decidieron dejar el país.

Suez Lyonnaisse des Eauz vendió 60% de sus acciones a OSE y se marchó de Uruguay, mientras que el 40% restante aún pertenece a capitales privados. “Aguas de la Costa sigue siendo una empresa privada. OSE tiene 60% de las acciones, las tarifas son las mismas, pero sigue siendo una empresa privada”, reclamó Sosa.

En este marco, se creó la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) para gestionar las nuevas acciones del organismo estatal. “Es una figura que funciona en el derecho privado pero 100% de las acciones son de OSE. Hasta hoy sigue funcionando”, explicó la integrante de FFOSE. Desde el sindicato consideran que la UGD “debe caer” porque “también es una privatización del Estado. Inclusive, tiene otros precios y otra forma de determinar la tarifa. Además, no integra el subsidio cruzado”.

Actualmente, Uruguay es el único país en la región sin presencia de multinacionales del agua. En total, son diez empresas las que compiten por el control sobre la gestión del agua en el mundo: Suez Lyonnaise des Eauz, Vivendi, Bouygues- Sauy, Enron – Azurix, RWE Groupe, Thames Water, United Utilites, Sever Trent, Anglian y Kelda Group.

Estructuración de OSE

Esquema de sociedades comerciales que participan en el capital de OSE. DelFuente: Portal de Transparencia Presupuestaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)*

* Manantial Dorado S.A es una sociedad anónima integrada por OSE y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). OSE posee 95% de las acciones y el 5% restante es del CND.

Aguas de la Costa S.A. es una sociedad anónima cerrada y su capital accionario está representado por acciones nominativas: 60% del capital societario a través de la UGD pertenece a OSE y el 40% restante a STA Ingenieros SRL, una empresa especializada en ingeniería de tratamiento de aguas.

Lucía Gandioli