Marchas populares y el acuerdo con el FMI en Argentina analizado desde Uruguay

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La Marcha Federal por Pan y Trabajo, en Buenos Aires el 25 de mayo. AFP PHOTO / Eitan ABRAMOVICH

Gremios, agrupaciones sociales y partidos de oposición organizaron una movilización masiva bajo el lema “Marcha Federal por Pan y Trabajo” que se desplazó por gran parte del territorio argentino en contra de los ajustes impulsados por parte del gobierno de Mauricio Macri y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida de lucha se extendió por cinco días: del 28 de mayo al 1 de junio.

La Marcha Federal, liderada por la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Social (Ctep), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), comenzó su recorrido en La Quiaca, La Rioja, Posadas, Bariloche y Ushuaia en simultáneo. El objetivo era llegar a Plaza de Mayo y presentar cinco proyectos de ley dirigidos a los sectores populares. Los pilares fundamentales de sus reclamos fueron infraestructura social, integración urbana, emergencia alimentaria, agricultura familiar y ley de adicciones.

Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, Resistencia, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, General Roca, Cipolletti, Trelew, Caleta Olivia, Santa Rosa, Mar del Plata, Tandil y La Matanza fueron algunas de las ciudades por las que pasó la marcha. En su recorrido, se realizaron actividades informativas sobre las leyes impulsadas por las organizaciones sociales y actos culturales en escenarios brindados por las iglesias de cada lugar que visitaron.

La iglesia apoyó la causa, y en sus centros se brindaron ollas populares, lo que permitió alimentar a los manifestantes y estrechar relaciones con la población. Pasado el mediodía del viernes 1°, unas 200 mil personas empezaron a llegar a la capital federal y se reunieron frente a la Casa Rosada en un acto masivo que culminó con la anunciación de un paro general nacional.

Repercusiones en Uruguay

Las políticas de ajustes del gobierno de Mauricio Macri y el posterior acuerdo con el FMI para estabilizar el déficit fiscal despertaron miradas de recelo desde Uruguay. Se instaló en el repertorio popular el recuerdo de la crisis económica que padeció Argentina en 2001 para luego recaer con fuerza en Uruguay en 2002.

“Argentina hace más de 40 años que arrastra una serie de acontecimientos que desembocan en una situación muy complicada desde el punto de vista económico y social”, dijo a SdR Nelson González, contador público, licenciado en administración y asesor financiero. Además, agregó que “hay un sector público grande en demasía, un sector privado que tiene una carga impositiva muy alta y una población que ve cómo pasan las décadas y sus reclamos justos se siguen postergando”.

Argentina tiene cada vez menos inversión extranjera debido al marco regulatorio y las inestables intervenciones políticas. La gente deposita el dinero en el exterior y esta fuga de capitales acompañada del mal manejo de los recursos hicieron que la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores fuera una realidad.

Según González, lo que acontece por estos días en la vecina orilla afecta “al turismo” que disminuye por la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos. “También influye en las importaciones porque nosotros podemos exportar menos por las diferencia de tipo de cambio y por los problemas económicos que Argentina presenta, además del menor nivel de inversión de capitales argentinos en nuestro país”, indicó.

Sin embargo, González explicó que el panorama es distinto en comparación con el Uruguay de 2002. Señaló que “afortunadamente Uruguay tiene una diversificación mayor en su comercio exterior”, y comentó: “El relacionamiento económico con otros países ha hecho que no estemos tan concentrados en el Mercosur y sus impactos negativos no afecten directamente al país”.

A pesar de ello, los inversores internacionales “muchas veces no distinguen si el problema es local o regional y eso puede ser perjudicial”. Según el especialista, el problemas es que “el país necesita de la inversión extranjera, dado que el sector productivo nacional no genera el ahorro suficiente en virtud de los costos internos que tiene Uruguay, las altas cargas impositivas y el alto costo del Estado”.

En 2001, Argentina sufrió una corrida bancaria que generó que en 2002 Uruguay sintiera los efectos de esa crisis financiera. “Pero, afortunadamente en aquel momento el gobierno (uruguayo) en conjunto con la oposición tomaron las medidas correctas, apoyados por los organismos financieros internacionales”, finalizó.

Guillermo Corbo