Poder Judicial solicitó $ 950 millones anuales para implementar ley de violencia basada en género

EL PESO DE LA JUSTICIA

Foto: Wikimedia Commons

La implementación de la Ley de violencia hacia las mujeres basada en género y la consolidación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) integran la lista de principales desafíos planteados por el Poder Judicial (PJ) en su Proyecto de Rendición de Cuentas de 2018, presentado el 25 de junio al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Parlamento.

En el caso de la ley de violencia de género, el PJ estableció en su pedido presupuestal que para su aplicación necesitará $943.217.786 al año. Entre las exigencias para su implementación, la Justicia plantea la creación de 33 cargos de jueces, 66 cargos de defensores públicos, 34 psicologos, 12 médicos psiquiatras y 34 médicos forenses, 24 actuarios, 41 actuarios adjuntos y más de 200 cargos administrativos, entre otros.

El PJ “se encuentra frente a un nuevo desafío que significa la implementación de la Ley Nº 19.580 Violencia hacia las mujeres basada en género, aprobada en el mes de diciembre 2017 sin los recursos necesarios para su aplicación integral, sobre la base de la existencia de Juzgados Especializados que no fueron creados por esa norma”, se plantea en la introducción del proyecto.

Nuevo código

Respecto al CPP, puesto en funcionamiento hace pocos meses, en el documento se establece que “corresponde evaluar su funcionamiento y, en caso de considerarse pertinente, plantear la necesidad de contar con mayores recursos humanos y económicos”.

Para la consolidación del nuevo código, el PJ reclama la creación de 16 cargos en el ámbito administrativo -un actuario, un actuario adjunto, 13 cargos administrativos y un auxiliar -para brindar “soporte a los Jueces Letrados de Primera Instancia Interior creados para Ejecución Penal de la Reforma Procesal Penal“. En suma, se solicita una partida de inversiones de $8.940.000 para el año 2019, con el objetivo de “dotar a todos los juzgados letrados del país competentes en materia penal, de una solución de audio/video en circuito cerrado para los testigos protegidos y un sistema de videograbación para reconocimientos y declaraciones de prueba anticipada”.

A su vez, se pide la creación de 22 mediadores “con destino a la creación de diez Centros de Mediación en el interior del país y uno en la capital para Mediación Penal” y dos coordinadores para esos centros. Además, para los gastos producidos por la instalación de los establecimientos de mediación se solicita una partida adicional en 2019 por un monto de  $2.234.870.

Otros desafíos

La Justicia también se plantea continuar con el desarrollo de su sistema de gestión para lograr un expediente 100% digital, generar un modelo de oficinas judiciales centralizadas para mejorar la organización del trabajo, avanzar en el programa de mejoras edilicias “con prioridad en las morgues del interior” y la “instalación y equipamiento de salas de lactancia en locales de Montevideo y el interior, según la normativa vigente”.

Lucía Gandioli