Con acuerdo entre oficialismo y oposición, el Senado dio media sanción a modificaciones al CPP

AJUSTE DE TUERCAS

Foto: Parlamento

El Senado votó la introducción de modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP) que habían sido enviadas por el Poder Ejecutivo el 15 de mayo. Los cambios prevén que los fiscales deban pedir prisión preventiva para sus imputados en casos de delitos graves, y algunas restricciones para la libertad anticipada y los procesos abreviados. Según el proyecto de ley, que estuvo a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, “el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo con la Fiscalía”.

Aunque en el Frente Amplio hay quienes están en contra de algunas de estas medidas, hubo acuerdo para que las modificaciones tengan media sanción. “Nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley en general”, dijo en la sesión del martes el senador de Casa Grande, Rafael Paternain. Si bien Paternain estuvo de acuerdo con la gran mayoría de los artículos, sobre todo aquellos vinculados a los ajustes en el trabajo entre la policía y la Fiscalía, indicó que “salvo que la cola de algún diablo se interponga” no acompañaría los cambios en materia de prisión preventiva y de las nuevas condiciones para la libertad anticipada.

El senador planteó su desacuerdo respecto a que la reforma llegara a tan poco tiempo de que el nuevo CPP fuera aprobado, aunque consideró que ello se debe a que el gobierno tiene “una actuación seria en materia de seguridad”. Paternain también señaló que la rapidez de la contrarreforma se debió a la “inercia de los actores institucionales involucrados” .“Desde la base a la cúspide nos cuesta modificar los comportamientos institucionales arriesgados”, agregó al respecto.

Por lo contrario, los senadores frenteamplistas Daniela Payseé (Frente Líber Seregni) y Charles Carrera (MPP) justificaron los cambios y afirmaron que es responsabilidad del Poder Legislativo lograr que las leyes funcionen adecuadamente.

“Algunos tildan este proyecto de apresurado porque nosotros nos habíamos comprometido, a nivel del Parlamento, en hacer una primera evaluación a partir el año de su aplicación”, dijo Payseé. Por su parte, Carrera respaldó especialmente los artículos 2 y 10 del proyecto aprobado; mientras que el primero modificó el CPP para darle un mayor margen de acción a la policía, el artículo 10 establece que quienes cometen delitos por primera vez o con penas menores a tres años ya no pueden aspirar a la suspensión de la pena. Otro cambio importante es que, según el texto aprobado por el Senado, ya no pueden acceder a la libertad anticipada quienes hayan sido condenados por una serie de delitos, entre ellos violación, abuso sexual, secuestro y homicidio agravado.

De la oposición

Algunos legisladores de la oposición coincidieron con la postura de Payseé y Carrera, como el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien dijo que “este proyecto de ley va a cumplir con la función de mejorar sustantivamente la aplicación del CPP”. Según Mieres, se realizó un “trabajo serio e intenso y con la mejor buena voluntad de parte de todos”, pero luego agregó que esta ley “nace del incremento espeluznante de la inseguridad, motivado por una lluvia de delitos”.

Al respecto, Mieres apuntó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi: “Es que algunos de los operadores, en particular el ministro del Interior, no ha tenido mejor ocurrencia que trasladar la responsabilidad del brutal fracaso de la política de seguridad del gobierno a la vigencia del CPP”. Javier García, senador nacionalista (Espacio 40), también aprovechó la oportunidad para acusar a Bonomi, y exigió que el Ministerio del Interior sea transparente en el manejo de las cifras de delitos y se refirió a datos del primer semestre que muestran el aumento de denuncias de rapiñas con respecto al mismo periodo de 2017.

El proyecto que obtuvo media sanción en el Senado obliga a que los fiscales a pedirle al juez prisión preventiva en casos de delitos graves. Cuando el Ministerio del Interior y el Poder Ejecutivo redactaron la versión original del proyecto, la obligación era para fiscales y jueces, pero el texto fue estudiado por la comisión parlamentaria y se acordó que recayera en los fiscales, y que el juez sea el que defina si la otorga o no.

Branden Luis Figarola