La ley de violencia basada en género y las dificultades para su aplicación

SOBRE EL TAPETE

Jornada de actualización de la ley de "Violencia hacia las mujeres basada en género". Foto: Facebook Grupo Derecho y Género

El grupo Derecho y Género organizó una actividad de actualización de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género en la Facultad de Derecho. Allí se trataron aspectos de esta norma que ya está vigente pero que presenta varias dificultades para su cumplimiento, algunas “insalvables”: la falta de formación integral de los jueces, los servicios de atención psicológica están saturados y la situación económica de las víctimas las lleva a desistir de los procesos.

Este grupo -Derecho y Género- fue formado en 2001, por mujeres docentes egresadas y estudiantes de la Facultad de Derecho con el fin de incorporar la perspectiva de género en la formación jurídica. Además realiza actividades académicas vinculadas a la difusión de la perspectiva de género, a través de la Universidad de la República.

El encuentro se dividió en dos fechas, la primera fue el lunes 27 de agosto y comenzó con la palabra de la doctora Alicia Castro, integrante y fundadora del grupo, quien destacó que si bien el colectivo ha trabajado activamente no son un instituto ni cuentan con presupuesto para docentes, eventos y publicaciones. Además aseguró que no son debidamente reconocidas como unidad académica por las autoridades de la facultad: “en esta facultad no se apoyan los estudios de género, no estamos en la currícula del plan nuevo y sería bueno que eso cambiara”.

Durante el evento se recordó que la Ley 19.580 de Violencia hacia las mujeres basada en género está vigente y debería aplicarse desde enero de 2018. Responde a una política pública del Estado uruguayo en cumplimiento con compromisos y observaciones de los mecanismos internacionales de contralor. También responde a reclamos de las organizaciones de mujeres de Uruguay. El objetivo de la ley es garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, además de la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Castro aseguró durante el encuentro, que si bien no es la primera política pública de género que impulsa el Estado, los esfuerzos anteriores fueron parciales y de un éxito moderado. Es el caso de la ley de violencia doméstica, la ley sobre migración y trata, la de acoso sexual en el trabajo y en la educación, la más reciente ley de femicidio, entre otras. “A diferencia de la Ley 19.580, no constituyeron en ningún sentido una política integral. Que esta sea una ley integral tiene la ventaja de marcar objetivos, principios y establecer derechos. Además crea una organización interinstitucional que involucra a todos los actores estatales necesarios para abordar seriamente el objetivo de erradicar la violencia basada en género”, afirmó Castro.

Esta ley va más allá de lo que conocemos como violencia doméstica. Según el texto de la ley, la violencia de género se basa en relaciones de poder desiguales y ocurre en los ámbitos más variados. Es también una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física y la seguridad personal de las mujeres. En la ley se incluye la violencia física, sexual, psicológica, por la orientación sexual, violencia económica y patrimonial. Incluye además la violencia simbólica, obstétrica, laboral, en el ámbito educativo, la violencia política, mediática, femicida, doméstica, comunitaria, institucional, étnica racial y también el acoso callejero.

Castro destacó que es una política que protege a las mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, socioeconómicas, creencias y situación de discapacidad. Además protege a niños y adolescentes varones, y sólo deja afuera a los varones adultos, incluso a adultos mayores o discapacitados, que tendrán la protección de otras leyes (como la de violencia doméstica). “Aunque sean colectivos distintos con características diferenciales, tanto mujeres, como niños y adolescentes varones son víctimas de violencia basada en género porque la violencia de la que estamos hablando es la del varón del patriarcado, a quién la sociedad le ha transmitido que las mujeres, niños y adolescentes están sujetos a su autoridad de jefe de familia”, afirmó Castro.

Una de las novedades que incorpora esta ley es la de la rendición de cuentas. Pasado cierto período, se debe decir qué se ha hecho a favor de los derechos de las mujeres y de su protección integral.

Según la abogada, esta ley “es mejor que lo que teníamos antes”. Sin embargo su vigencia ha creado algunas dificultades para su cumplimiento, algunas “insalvables”. Afirmó que lo más grave que se debe vencer es nuestra resistencia al cambio, y “hay que empezar a aplicarla como se pueda, sin esperar que esté todo perfectamente aceitado”. El poder judicial no es el único responsable del éxito de esta política, y para cumplir el objetivo que la ley le pide necesita además de un presupuesto razonable para las exigencias de locales, técnicos, magistrados y defensores, sino también que los otros actores cumplan con lo que la ley les ha puesto a su cargo. “Que se ponga a funcionar el sistema interinstitucional de respuesta, y que se arme de una buena vez la Red de servicios de atención a las mujeres en situación de violencia basada en género”, dijo Castro.

Desbordados

Posteriormente tomó la palabra la jueza María Elena Emmenengger y destacó que si no hay quien cumpla las resoluciones y quién se encargue de la víctima y de los niños, aplicar la ley es muy difícil. ”Tengo una limitación, soy abogada. No soy psicóloga, no soy psiquiatra ni asistente social. Y hay casos en que necesitamos de todas las ramas y del apoyo de todos los técnicos. Es complejo, porque hay temas de la psicología o psiquiatría que tienen incidencia directa en estos procesos, y uno tiene que escucharlos y abrir su cabeza”, sostuvo Emmenengger y agregó que “si viene un perito y nos dice que una persona tiene signos de padecer violencia doméstica y uno no lo percibe porque no está formado, vamos a tener que escuchar a los peritos” aseguró Emmenengger.

Otra de las dificultades de esta ley es la exigencia del derecho a un trato humanitario, lo cual requiere capacitación, especialización, selección del personal de acuerdo al perfil de todos los operadores. Para Emmenengger debería incluir el cuidado de los operadores, ya que están dando un servicio y tiene que ser de calidad. “No podemos dar un buen servicio si estamos agotados, cansados y si tuvimos todo un día de audiencias. Porque a la última persona que llegue no le vamos a dar el mismo trato que a la primera y todas merecen el mismo trato”, dijo la jueza.

Según la ley, la víctima tiene derecho a recibir orientación, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. Sin embargo, la mayoría de la gente en violencia doméstica se atiende por defensoría pública y también están desbordados. Los que no acceden a ese recurso tienen que hacerse cargo del pago del abogado, del defensor del niño en caso de que se requiera, si hay que hacer pericias para todo el grupo familiar también deben pagarlas. “Muchas veces las personas en los procesos dicen ‘dejo acá’, no puedo seguir. Y es por un tema económico”, aseguró Emmenengger.

Por otro lado, se establece en la ley que las víctimas tienen derecho a recibir asistencia psicológica y la complicación es a dónde derivar a esas personas, ya que esos servicios hoy están saturados. “Hay niños y mujeres que necesitan la atención psicológica urgente, y al no poder brindarle ese servicio se los deriva a su respectiva mutualista. Esto hace que en muchas ocasiones se atiendan en lugares distintos y no reciban la atención en forma conjunta”, aseguró Emmenengger. Por este motivo es que en ocasiones no se cumple con todos los mandatos de la ley, ya que si bien hay muchos servicios que se brindan, no están a disposición para todos.

La figurita olvidada

La segunda jornada se realizó el miércoles 29 y contó con la presencia de Mariana Malet, ex fiscal de adolescentes y ex catedrática de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, coordinadora del módulo jurídico de la maestría de niñez y políticas públicas y fundadora del grupo Derecho y Género, quién abordó la ley de género desde el área penal. Además expuso Rosina Rossi, Ministra del Tribunal de Apelaciones de trabajo, docente de la cátedra de Derecho Laboral e integrante del grupo Derecho y Género, quién aportó una mirada de la violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral. Por último expuso Raquel Galeotti, psicóloga perito del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial y docente del Instituto de Psicología de la Salud.

Galeotti aseguró que las víctimas -las mujeres pero también los niños, niñas y adolescentes- aún son la figurita olvidada y maltratada de las prácticas en general, no sólo por el sistema penal sino que también por el sistema de salud y el educativo.

¿Por qué la insistencia en saber la verosimilitud de la víctima? O sea, si está diciendo la verdad. Eso sí es arcaico. Es desconocer cómo funcionan los efectos psicosociales de la violencia en una persona, cuando en realidad no son lineales y no responden a lo que uno piensa de cómo se tiene que mostrar una víctima afectada a simple vista. Eso configura un problema, porque los psicólogos no entendemos esa parte del Derecho, nunca la vamos a entender”, dijo la psicóloga y agregó: “¿Por qué solo nos preguntan de la víctima y no de la persona que ha sido denunciada?”.

Según Galeotti, esta ley toma en cuenta las distintas experiencias que una mujer, niña, niño o adolescente pueda atravesar en un proceso de violencia y cómo lo expresa. Y eso no se manifiesta de una única manera, ya que es un proceso variable en cada situación. Por lo que también se debe dedicar tiempo a investigar los distintos aspectos psicológicos, culturales y sociales que presentan las personas que agreden y cometen violencia de género, sexual, laboral.

Eliana Vila