A diez años de la Ley de Acceso a la Información Pública

DERECHO A SABER

Argentina aprobó el año pasado una ley de acceso a la información pública, Brasil hace cinco, Uruguay hace diez. En ese marco, Daniel Lema, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), explicó a SdR que el avance legislativo en esta materia es un gran paso para empezar a terminar con la cultura del secreto de Estado, “que está muy arraigada”, dijo. De todas maneras, manifestó que luego de diez años se necesitan ajustes.

Una de las dificultades es que algunos organismos creen que es necesario solicitar la información a través de una nota jurídica o de un abogado. Sin embargo, hay otros que cuentan con oficinas de acceso a la información. Muchas veces el problema radica en que los organismos utilizan los 20 días del que disponen para contestar, y otras veces los siguientes 20 días de prórroga. De esta manera, enlentecen el trámite cuando en realidad podrían contestar en el mismo momento en el que se presenta la solicitud.

Lema consideró que existe poca difusión de la ley de acceso a la información pública: “El ciudadano no está al tanto de la ley y no sabe cómo solicitar la información”. Mencionó además que los artículos 9 y 10 incorporan los conceptos de información reservada y confidencial, definiciones que es necesario aclarar.

De hecho, hace un mes Antel declaró reservada la información sobre la adjudicación a varias empresas para la gestión del complejo Antel Arena. A su vez, el Consejo de Ministros declaró confidencial la información relacionada al juicio que Aratirí le inició al Estado uruguayo. Estos hechos fueron denunciados por Cainfo, según publicó La Diaria.

Existe una necesidad de que la unidad de acceso, que se encarga de supervisar el cumplimiento de la ley, sea como en otros países un organismo independiente del Estado, planteó Lema. Asimismo, destacó que la propia unidad de acceso muchas veces se encuentra con obstáculos para hacer cumplir la ley, y para evitarlo, se debería establecer un mecanismo de sanción a las instituciones que incumplen.

Alejandra Cardoso