Encuentro organizado por la Red Latinoamericana y Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental reclama desmanicomialización

LOCOS PERO LIBRES

El 9, 10 y 11 de octubre se realizó el II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental, con el objetivo de defender el derecho a la locura, a la diversidad y al ejercicio de la ciudadanía, a través de la eliminación del manicomio en Latinoamérica.

El primer encuentro había sido en Florianópolis en junio de 2017. Este segundo encuentro fue en Montevideo y participaron más de 2.000 personas de Uruguay, Argentina, Brasil, República Dominicana, Chile, Costa Rica, Colombia y Bolivia.

SdR asistió a tres exposiciones en las que expertos de la región discutieron, de forma transversal, en torno a varios ejes: medicalización y prácticas invasivas; dispositivos sustitutivos de los manicomios y prácticas desmanicomializantes; el derecho a la ciudadanía; políticas para infancias, adolescencias y juventudes; movimientos sociales y procesos de subjetivación; arte, locura y salud mental; procesos de reforma, legislación y políticas públicas; y las políticas de drogas y violencia de Estado.

Varios de estos temas están en discusión en este momento en Uruguay, porque en agosto de 2017 se aprobó la nueva Ley de Salud Mental -que sustituye una que tenía 80 años-. La norma propone el cierre de los manicomios para 2025, que serán sustituidos con diferentes dispositivos que deben ser diseñados y multiplicados en estos años; al mismo tiempo, la ley propone desarrollar acciones que permitan la inclusión laboral, educativa, cultural y habitacional de personas con estos padecimientos. Según publicó el periódico La Diaria, la Red resolvió formar un Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental, que tendrá sede rotativa, y la primera, por dos años, será en Uruguay.

Reflexiones sobre manicomios

Rubén Efrón, Isa María Hetzel de Macedo, Gabriela Etcheverry y Silvia Faraone. Foto: Facundo Gianero.

Isa María Hetzel de Macedo, miembro del Observatorio de Salud Mental de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, contó que la locura es vista como una enfermedad, y que por eso fue necesaria la construcción de una “institución específica para el tratamiento de locos” -el manicomio- que “promueve el secuestro de las anormalidades y pérdida de derechos”, criticó. Los individuos que padecen la locura “pasan a ser vistos como incapaces y por eso deben ser callados”, denunció.

La argentina Silvia Faraone, especialista en salud mental, propuso hablar de “sustitución de lógicas manicomiales” en lugar de “desmanicomialización” porque a su entender el manicomio, como institución, es solo uno de los problemas: “Podemos destruir los muros manicomiales pero si la lógica está presente, los usuarios van a pasar a estar en cárceles o institutos de ancianos. Se va a producir una transinstitucionalización”, advirtió. En ese sentido, Rubén Efrón, psicoanalista argentino, expresó que no se debe abandonar la lucha por desinstitucionalizar los manicomios porque “la lucha antimanicomial es la lucha contra el encierro de todos los sujetos”.

La uruguaya Gabriela Etcheverry, docente de psicología social, citó el libro Después de los manicomios, clínicas insurgentes, escrito por trabajadores del Hospital Interzonal Doctor Domingo Cabred de Buenos Aires, que fue presentado en el Encuentro. Expresó que en él se menciona a los manicomios como sitios de lesa humanidad porque “ultrajan la vida de todas las criaturas que hablan”.

Según Hetzel de Macedo, los dispositivos sustitutivos aparecieron como respuesta a la inoperancia de los manicomios. Afirmó que “estos servicios deben ser diversos y estar abiertos 24 horas para las personas en crisis” y que “tienen que ser espacios de reconstrucción y socialización”.

Cuando hablamos de “medicalización”, para Faraone, no podemos hablar de pacientes o usuarios sino de consumidores, en un esquema en el que los médicos quedaron “a un costado” y los protagonistas son las compañías farmacéuticas y los manuales de clasificación de las enfermedades o trastornos. “Hoy tomamos píldoras para todo”, reprobó; dijo que atravesamos la era de la farmacologización en la que el medicamento es “una cuestión social y cultural”. Etcheverry, por su parte, entiende que las patologías existen pero necesitan de una medicina que las respete y reconozca como “condición de vida”.

Subjetividades, imaginarios y discriminación

Marc Costa, Ana Magaly, Cecilia Collares, Ana Hounie, Silvia Rivera, Cecilia Baroni, María Ana Folle. Foto: Facundo Gianero.

La argentina Silvia Rivera, fundadora de la Red de Ética Científica y Tecnológica, criticó el modelo cientificista dominante que “clasifica, manipula y ordena”. Citando frases de los filósofos Friedrich Nietzsche y Ludwig Wittgenstein, afirmó que volverse loco es ir en contra del “modelo hegemónico que nos constituye”. Dijo que hay que devolverle a las personas el derecho a la palabra; Rivera considera a la representación como una “idea nefasta de la modernidad”, y prefiere escuchar hablar al representado. Denunció que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se “apropiaron del discurso de los derechos humanos” y propuso reflexionar si conviene promover la desinstitucionalización o si “tenemos que reapropiarnos de esas instituciones que supieron ser lugares de resistencia”.

Para la uruguaya Ana Hounie, psicoanalista y profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, “entrar en un manicomio siempre fue entrar en otro mundo”. Describió al manicomio como un “lugar mortificante, y un instrumento de control y marginación social” y que “salir de él es como despertar de una pesadilla”. Comentó que “no hay salida del manicomio si seguimos habitando su lógica” y criticó a las políticas sobre salud mental promovidas por los gobiernos neoliberales porque “hacen prevalecer el interés del mercado apuntando a la proliferación de espacios privados de atención, cuyo objetivo empresarial no se centra en el usuario sino en reforzar las condiciones de poder del discurso psiquiátrico hegemónico”. Hay una “necesidad de construir un nuevo imaginario de prácticas, hacer otra cosa con lo que tenemos”, remató.

Tenemos que parar con la discriminación y estigmatización de personas con trastornos mentales severos”, dijo el psicólogo y psicoterapeuta brasilero Marc Costa al inicio de su exposición. Señaló que esas personas tienen bastantes problemas como para que además la sociedad les impida vivir sus vidas con normalidad. Cree que la locura no es algo ajeno ni anormal, y contó que tiene compañeros de trabajo que estuvieron internados en hospitales psiquiátricos que hoy usan sus experiencias para ayudar a quienes lo necesitan.

Cecilia Baroni, psicóloga y coordinadora de Radio Vilardevoz, pidió tener cuidado con los términos que usamos y que recibimos, dado que “las palabras producen subjetividades y todos los días van apareciendo ‘nuevos trastornos’”. Comentó que en Vilardevoz prefieren hablar de participantes en lugar de pacientes o usuarios. Contó que el colectivo “hizo un giro a prácticas alternativas y también alterativas”, lo que les permitió “no quedar como un movimiento paralelo” a la institución en la que se encuentran y a la que critican, el hospital psiquiátrico Vilardebó.

Ana Magaly Madrigal, coordinadora de proyectos de la Universidad Nacional de Costa Rica, abordó la temática de las personas con discapacidad y criticó que se las defina como “asexuadas, aniñadas y sobreprotegidas”. Denunció la vigilancia que se tiene sobre ellos y alertó que “la sobreprotección puede ser una forma de violencia”. También manifestó preocupación por la falta de educación sexual y contó que quienes tienen síndrome de down se los tilda de “enamoradizos” pero eso no ocurre porque “tengan un sistema reproductor con una libido altísima” sino porque no recibieron “una correcta educación sexual”.

La última exposición la hizo la uruguaya María Ana Folle, quien se ha especializado en el trabajo con mujeres privadas de libertad. Comentó que el término “derechos humanos” se fortaleció a través de “nuestros exiliados [de la dictadura] que tuvieron que hacer transacciones para poder sobrevivir”. Al respecto, agregó que hay dos formulaciones sobre derechos humanos, una burocratizada utilizada por “nuestros gobiernos” y que “no dice nada”, y otra que se utiliza como una “plataforma de lucha”, remarcó.

Al finalizar las exposiciones se dio un espacio para la participación del público, presentado por la coordinadora de la mesa, Cecilia Collares, quien contó la problemática de la medicalización en los niños, “muchas veces comienza en niños saludables que terminan desarrollando patologías muy graves por uso inadecuado de medicamentos”, aseguró. Al respecto, una psicoanalista brasilera opinó que los niños están siendo “sometidos a sustancias psicoactivas” y que el uso prolongado de esas algunas, como la ritalina, constituye una “lobotomía química”. “Los niños están siendo destruidos como personas, son objeto de lucro para las grandes corporaciones”, concluyó.

Encierro físico y mental

Gabriela Reyes, Pablo Pereira, María Pía Pawlowicz, Eduardo Calliga. Foto: Facundo Gianero.

“La ley de salud mental argentina es garantista y propone intervenciones interdisciplinarias”, dijo la psicóloga María Pía Pawlowicz. Celebró que hubo un cambio de concepción en el campo de la salud mental, “pasamos del loco peligroso a la persona con padecimiento mental”, contó. Pero dijo que queda trabajo por hacer con “los usuarios de drogas”, porque ley no los incluye lo suficiente: “La mayoría de los hospitales en Buenos Aires no atienden problemas de adicciones”, aseguró.

Gabriela Reyes, miembro de la fundación Acción Semilla, presentó datos sobre la cantidad de privados de libertad en las cárceles bolivianas por “sustancias controladas” (drogas): representan 17.63% de la población carcelaria. Agregó que del 100% de los presos por sustancias controladas: 45% son por tráfico, 34% por suministro, 19% por transporte y 2% por fabricación. El problema mayor es que no hay reinserción: “las personas salen directamente a dormir a las plazas”, aseguró.

El brasilero Eduardo Calliga, quien trabajó en sanatorios durante 20 años, se presentó como “un sobreviviente de la psiquiatría perversa” y destacó la necesidad de “eliminar los manicomios que existen internamente en nosotros”. Comentó que los servicios sustitutivos que se pretenden crear en Brasil tienen la “lógica manicomial”. Consideró fundamental la participación de los usuarios de salud mental en los eventos: “No puedo hablar del sufrimiento del usuario sin ser usuario”, dijo, y agregó: “Para entender sobre políticas de salud mental, es preciso discutir con usuarios de salud mental”. Al finalizar su exposición, remarcó que “una sociedad sin manicomios es la lucha que la gente debe hacer ya y no solo por un día”.

Pablo Pereira, licenciado en nutrición y miembro del programa Apex de la Udelar, abordó la problemática de la salud mental en relación con la alimentación. “El nivel de inseguridad alimentaria de nuestro país presenta cifras elevadas”, aseguró. Agregó que “hay personas que te dicen que no tienen para comer”. Por otra parte, criticó que en lo discursivo “todos tenemos a la infancia en primer lugar” pero en las consultas médicas hablamos de “las problemáticas delante del niño pero sin el niño” que se explica por una “visión adultocéntrica sin derechos de infancia”. “Terminamos medicando al niño que se mueve porque es un niño inquieto”, concluyó.

Las denuncias

Algunos expositores y también algunos participantes mostraron su preocupación por el triunfo en primera vuelta del candidato a la presidencia en Brasil, Jair Bolsonaro, victoria que fue calificada como un “retroceso”.

María Ana Folle también opinó que el actual presidente Tabaré Vázquez, habló de la humanización de las cárceles pero que en su gobierno y en los siguientes, particularmente en el del ex presidente José Mujica, apareció cierto “neoliberalismo penal”, donde “se pone como figura y discurso hegemonizante aquello que excluye y que produce inseguridad”, lamentó. Por otro lado, denunció que en la cárcel de mujeres de Montevideo hay tres poblaciones: “las presas, las que trabajan y las ratas”. Al respecto, contó que no se pudo denunciar la situación pero que es un deber hacerlo.

Otro participante del encuentro comentó que trabaja en el barrio Cerro y que “el nivel de violencia institucional de las policlínicas es enloquecedor”. “No son personas encerradas, es gente que está todos los días siendo medicalizada y psiquiatrizada”, dijo y agregó: “Son pobres y las pastillas corren mucho más que la comida”. “Nadie está actuando por la reforma de salud mental”, cerró.

Facundo Gianero