Repercusiones tras los sucesivos actos vandálicos en torno a los Sitios de Memoria

HUELLAS DE LA IMPUNIDAD

A fin de proteger las placas de la memoria del pasado reciente, el Ministerio del Interior (MI) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) programan acciones conjuntas; la Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay (Crysol) y otras organizaciones vinculadas a la lucha por los derechos humanos consideran que las políticas deben ir más allá.

El memorial del capitán de navío Óscar Lebel, en homenaje a su resistencia frente a la dictadura militar, fue vandalizado.  No es la primera vez que una placa de la memoria resulta violentada, por lo que el MI y el MEC programan acciones conjuntas a fin de protegerlas.

Se planea instalar cámaras de seguridad en los lugares donde haya placas de la memoria, según publicó La Diaria, pedido que fue reforzado por Crysol en su reunión con el ministro del Interior Eduardo Bonomi la semana pasada, según contó a SdR Baldemar Taroco, integrante de la Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay.

Nicolás Pons, representante de la Comisión Especial de Reparación del MEC, expresó a La Diaria su compromiso respecto a la reposición de placas “cuantas veces sea necesario” y, a su vez, definió este sucesivo hecho como “manifestaciones intolerantes de personas que no logran dimensionar que la sociedad uruguaya ha madurado este tema, no sólo al mirar para atrás sino al pensar su futuro”. Asimismo, Pons destacó, con convicción, “que los atentados no se explican como hechos aislados. No es posible adjudicarlos a una organización específica, pero existe una conducta desajustada que se repite”.

Por su parte, Taroco, quien fue presidente de Crysol en 2009, consideró que estos actos vandálicos son “secuelas de la cultura de impunidad en la que vivimos” y que, hasta que “no se desmantelen los aparatos represivos, la Suprema Corte de Justicia no reconozca los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura ni se sepa qué pasó, actos de este tipo seguirán ocurriendo”. “Seguimos pidiendo justicia y verdad, y aún no tenemos respuestas”, remató.

Ante sus ojos, las cámaras de seguridad pueden ayudar a identificar a los agresores, pero esto no es suficiente si la Justicia no revé su accionar. A modo de ejemplo, Taroco se refirió a la pena que recibió el militar retirado, Carlos Díaz Vecino, quien fue capturado gracias a las cámaras, tras vandalizar dos placas en memoria de los detenidos desaparecidos, una en el Hospital Militar y la otra en el Cuartel de los 33, a fines de junio de este año. “¿Prisión domiciliaria? Parece un chiste, ¿no?”.

Si bien el ex comandante fue condenado en primera instancia, a seis meses de prisión por el delito de “daño agravado en reiteración real” la pena fue sustituida por el régimen de libertad vigilada, junto con la obligación de pago por la reparación del daño.

Tal como señaló Taroco, las placas de la memoria son especialmente valiosas por su contribución a la generación de conciencia sobre la magnitud del terrorismo de Estado, para evitar su posible repetición. En la misma línea, Pedro Silveira, ex preso político e integrante del MLN, declaró que “atentar contra las placas significa atentar contra la memoria, y en definitiva, contra el valor de la democracia”.

El valor de la memoria también se ha instalado en el diseño de las políticas públicas con la reciente aprobación de la Ley de Declaración y Creación de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente -ley N° 19.641-, que procura “el recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. Asimismo, a través de estos testimonios materiales, en la exposición de motivos de la ley “se insta a los Estados a cumplir sus obligaciones en materia de Justicia, Verdad, Memoria y Reparación”. “Su materialidad es un testimonio de los hechos allí ocurridos y constituyen un patrimonio histórico y cultural para las generaciones presentes y futuras”.

Las tareas de creación, preservación, gestión y difusión de estos sitios de memoria estarán, por resolución de la ley, a cargo de una Comisión Nacional Honoraria. Sin embargo, la organización aún se encuentra en etapa de conformación, según indicó La República.

Maia Bidegain